Es inexplicable cómo han podido sobrevivir los ayuntamientos españoles con tan sólo 66.000 concejales, de los que encima una parte, los que pertenecen a la oposición en localidades pequeñas, ni siquiera tienen dedicación exclusiva para invertir todo su tiempo en las complejas labores inherentes a sus cargos. Porque las fiestas patronales se organizan por inercia de la propia tradición, que si no la vida en los pueblos españoles sería insoportable, con esta carestía de hombres públicos.
Más bajo aún es el número de cargos de confianza –directores de gabinete, coordinadores de área, responsables de prensa y asesores de base– que asisten a nuestros hombres, la irrisoria cifra de 40.000, muchos de ellos con estudios iniciados e incluso acabados, que realizan un trabajo callado pero ejemplar, nunca suficientemente reconocido por la sociedad.
Pero es que la defensa de la clase proletaria recae sobre la espalda de solamente 65.000 liberados sindicales, los cuales tienen que multiplicarse para atender las demandas de los trabajadores y las trabajadoras de este país, compaginando la brega cotidiana con la organización de las manifestaciones convocadas para poner freno a los desmanes neoliberales de un gobierno hostil. Y todo ello sin contar las labores burocráticas que han de acometer para acceder a los varios cientos de subvenciones que se convocan anualmente, en todas las cuales aparecen los sindicatos como beneficiarios, a pesar de la penuria de recursos humanos con que han de lidiar para llevar a cabo labor tan enrevesada.
Algo similar ocurre con los liberados patronales, poco más de 31.000, para gestionar todos los asuntos que conciernen al otro agente social en los múltiples análisis, negociaciones, subvenciones y estudios sin los cuales el "diálogo social" sería una quimera inalcanzable.
Pero tal vez lo más incomprensible es que las empresas públicas, fundaciones, entes autonómicos y agencias paraestatales estén funcionando con la liliputiense cifra de 131.000 cargos políticos, profesionales que una vez sintieron la llamada del servicio público y ahora se enfrentan a la gestión de sus respectivos emporios estatales y autonómicos casi en completa soledad.
El desastre de las cuentas públicas se entiende mucho mejor si tenemos en cuenta que España, señores, ¡España!, paga el sueldo y las dietas correspondientes a nada más que 4.800 asesores económicos, encargados de manejar toneladas de información en los observatorios de coyuntura económica, consejos económicos y sociales y demás foros permanentes del ramo para elaborar las directrices financieras sin cuya información los políticos responsables de la economía actuarían como pollos descabezados en el gallinero de los mercados financieros, que es precisamente lo que viene pasando desde hace ya bastante con nuestra economía.
¿Cómo no va a ser preciso introducir recortes sustanciales en la sanidad y la educación públicas, si los dos sectores en su conjunto no llegan a contar siquiera con 20.000 asesores políticos? Lo raro es que todavía funcionen los quirófanos y los niños continúen asistiendo a clase diariamente, como si la sanidad y la educación estuvieran bien asesoradas.
Pero tal vez el dato más sonrojante es que las televisiones y radios propiedad del Estado malfuncionan con el asesoramiento de tan sólo 630 cargos políticos designados digitalmente, que sin duda estarán asesorando a sus jefes sobre los gravísimos perjuicios que la privatización de esos entes acarrearía a toda la sociedad.
Necesitamos muchos más políticos profesionales, porque un país con sólo 450.000 de ellos es un país sin control, casi al borde de la anarquía. Normal que estemos como estamos.