Los demandantes de Greenpeace celebraban el triunfo aunque, paradójicamente, la sentencia desestimaba su demanda. Por su parte, los también demandantes de Nuclenor (empresa propietaria de la instalación) se mostraban indignados, a pesar de que la sentencia reconocía su derecho a seguir funcionando hasta 2013. El único que parecía realmente satisfecho con el fallo era el Ministerio de Industria. Nuevo éxito de los abogados del Estado.
A ojos de un profano, el proceso sobre el cierre de Garoña tiene que resultar forzosamente extraño. Pocas veces los ecologistas y la industria nuclear se han sentado en el mismo banquillo. Los primeros pretendían que se revocara la prórroga y se obligara al cierre inmediato de la central. La Audiencia lo desestimó. Los segundos aseguraban que no había motivos para el cierre en 2013, pretendían seguir explotando la instalación hasta 2019 y exigían que no se pudiese cerrar una central nuclear por el mero hecho de que un Gobierno lo considere políticamente pertinente. También esto quedó desestimado.
Lo que los jueces han hecho ha sido dar la razón al Gobierno en su intención de politizar aún más las decisiones científicas en materia de energía. La sentencia rompe definitivamente el vínculo entre la política energética y la ciencia. El Gobierno tiene derecho a cerrar una central nuclear por razones de mera estrategia política; así que no necesita para ello contar con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear. Tampoco precisa, por otro lado, indemnizar a las empresas propietarias. La Sala considera que los informes del Consejo de Seguridad Nuclear no son vinculantes cuando son "positivos". Es decir, que cuando los expertos elaboren informes favorables al funcionamiento de una central, estos podrán no ser tenidos en cuenta. Curiosa y selectiva forma de entender la vinculación.
La Audiencia trata de justificar esta postura en una supuesta excepcionalidad de la energía nuclear:
Existe una última y poderosa justificación (...) el ámbito de la energía nuclear no solo es muy específico sino también controvertido, generador de un gran debate popular, debido sobre todo a los riesgos inherentes de tal clase de energía, ámbito en el que sin duda puede intervenir una determinada dirección u orientación de la política del Gobierno.
Es decir, en asuntos relacionados con la seguridad nuclear, está plenamente justificada la toma de decisiones sobre la base del mero interés político; decisiones que pueden perfectamente ser contrarias a los informes de los expertos.
Es evidente que la sentencia deja el futuro de la seguridad energética al albur de las tendencias nucleares o antinucleares de cada Gobierno. Como en la actualidad la tendencia es más bien anti, los grupos ecologistas y las organizaciones de izquierda pueden sentirse satisfechos. De hecho, CCOO ha celebrado la sentencia porque considera que se ratifica "la supremacía de lo público frente a lo privado". Por motivos similares, algunos grupos ecologistas han alertado de que esta victoria puede volverse en su contra cuando cambie el Gobierno. Sin duda, la descarada justificación de la intervención estatal en materia energética que supone esta sentencia no hará más que cebar el cáncer que padece nuestra red de suministro: demasiado peso político y demasiado desprecio a la voz de la ciencia y la técnica. Cabe destacar que uno de los argumentos invocados por la Junta de Castilla y León contra el cierre de Garoña era que la orden no respondía a los motivos contemplados por la ley, sino que pretendía materializar la política del Gobierno basada en el fomento de las energías renovables y llevar a cabo algunos de los puntos establecidos en el programa del PSOE de 2008. Se decía que con esa orden de cierre se podría haber incurrido en "desviación de poder", pues se ejecutó no para garantizar la seguridad del sistema sino por motivos de pertinencia electoral. La Sala ha desestimado este argumento y otorgado alto grado de discrecionalidad política a las decisiones sobre energía nuclear.
Otro aspecto interesante de la sentencia es el espaldarazo que, de facto, da a la política energética de este Gobierno en concreto. En su argumentario para el cierre de Garoña, el Ministerio estableció:
La generación eléctrica de la central puede ser sustituida por medidas adicionales de ahorro energético y tecnologías renovables sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero en España o, en el supuesto de su plena sustitución por generación procedente de ciclos combinados, con incrementos poco significativos.
Al aceptar este argumento como válido para el cierre, la Audiencia no hace otra cosa que avalar la política energética del Gobierno. Podemos confiar más o menos en que se cumplan los deseos del Ministerio y en que sus acciones a favor del ahorro y de la implantación de renovables sean un éxito, pero en opinión de muchos expertos ese deseo estratégico no puede constituirse en argumento jurídico suficiente para el cierre de una central. Sin ir más lejos, los datos de Nuclenor y de Foro Nuclear son absolutamente contrarios a esta idea. El cierre de Garoña dejará de producir 4.000 Gwh/año de electricidad en base, obligará a aumentar las importaciones de materia prima energética en 2,5 millones de barriles de petróleo equivalentes al año e incrementará las emisiones de CO2 en 3 millones de toneladas al año.
En definitiva, nos encontramos ante un panorama igual de sombrío que antes de la sentencia. Los defensores de la energía nuclear y de la liberalización efectiva del mercado energético andan un poco más lejos de sus objetivos. Los ecologistas y opositores nucleares ven con satisfacción la ratificación del cierre pero vuelven a certificar que sus planes de desmantelamiento nuclear están en manos del color político de los futuros Gobiernos. Sólo el ministro Sebastián y las organizaciones de izquierda que defienden el control estatal de las fuentes de energía aplauden abiertamente la decisión de la Audiencia.
¡Ah! se me olvidaba, los científicos... como siempre... a la cola. ¡Qué sabrán ellos de energía nuclear!