Recientes informes indican que un empleado de una contrata del Gobierno de Estados Unidos filtró a los medios de comunicación los detalles de un programa de vigilancia clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Le preguntamos a James Carafano, autor de un libro sobre el uso de contratas por parte de Washington (Private Sector, Public Wars) su opinión sobre estas recientes revelaciones.
¿En Estados Unidos es habitual compartir información clasificada con los contratistas?
Sí. Compartimos constantemente nuestra información clasificada con los empleados de las contratas. Fallas como ésta son excepcionales.
¿No es eso arriesgado?
Las contratas, cuando se utilizan de forma prudente y con la supervisión apropiada, son una parte valiosa de nuestra capacidad militar. Sacar provecho de modo eficaz al sector privado para mejorar la seguridad nacional puede representar una enorme ventaja competitiva para Estados Unidos. Dicho esto, desconocemos si esta persona fue preparada, vigilada y supervisada apropiadamente. Eso se tendrá que decidir en una investigación.
¿Se puede enjuiciar al autor de las filtraciones?
Sí. La obligación de los empleados de las contratas de tratar adecuadamente el material clasificado es la misma que la de los empleados públicos. Los indidivuos no tienen que decidir por sí mismos qué debería estar clasificado. Si alguien ha dado conscientemente material clasificado a una persona no autorizada, se trata de una grave infracción.
¿Qué tiene de malo hacer que el público sepa qué está haciendo nuestro Gobierno?
Tenemos que separar la filtración de ese material, que simplemente está mal, de la preocupación por el programa en sí mismo. La vigilancia de las amenazas se puede hacer de forma legal; sin embargo, es imposible decir, a partir únicamente de los informes de prensa y de los argumentos del Gobierno, si el programa se administró apropiadamente. Dicho esto, las personas que tengan sospechas acerca de la comisión de actos delictivos en el Gobierno tienen opciones legítimas para llamar la atención sobre los mismos a personas responsables, tanto del Gobierno como del Congreso, sin infringir por ello la ley.