En algo coinciden los secesionistas y la inoperante clase política española: mejor discutir sobre las consecuencias de lo que no va a ocurrir –el reconocimiento por parte de España y de Europa de un nuevo Estado denominado República de Cataluña– que hacerlo sobre las consecuencias de algo, por el contrario, muy probable que suceda, como es la ilegal declaración de independencia por parte de la sediciosa Administración autonómica catalana.
Este surrealista comportamiento permite a los dos bandos, supuestamente enfrentados, no tener que admitir una realidad incómoda para ambos: la enorme y lamentable independencia contraria a Derecho que España ha consentido de facto en Cataluña. Una secesión de facto que, desde hace ya mucho tiempo, permite que suceda, como ocurre con la liberticida política lingüística, mucho de lo que sucedería –mejor dicho, seguiría sucediendo– con la existencia de iure de un Estado catalán.
No ha sido ni será necesario que España reconozca de iure la independencia de Cataluña para lograr que el no sentirse español forme parte de los objetivos de la enseñanza catalana. No ha sido ni será necesario que Cataluña tenga embajadas, aunque en cierto sentido ya las tenga, para que el Gobierno catalán brinde a las sentencias y a las leyes de España el mismo caso omiso que brinda a las de Nigeria. No ha sido ni es necesario que Cataluña tenga un Estado propio para que sea el ministro de Asuntos Exteriores el que aborde los asuntos catalanes como si extranjeros se trataran.
Reconocer esta independencia de facto, esta ya consumada fractura de la nación entendida como Estado de Derecho, esta confluencia del querer violar la ley y del no atreverse a hacerla cumplir, incomoda al victimismo nacionalista tanto como a un Gobierno español que estafa a sus ciudadanos haciéndose pasar por garante del imperio de la ley y de la unidad de España.
Por eso prefieren hablar de cualquier otra cosa menos de lo que probablemente vaya a suceder, que no es otra cosa que una nueva ilegalidad perpetrada por el Gobierno catalán, al que otorgará impunidad el Gobierno de España.