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LIBERACIÓN DE ORIOL Y VILLAESCUSA

Cuando el Gobierno no negociaba con terroristas

El 11 de febrero de 1976, hace 35 años, la Policía rescató al ex ministro Antonio Oriol, presidente del Consejo de Estado, y al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, previamente secuestrados por el Grapo. Fue una de las amenazas terroristas más graves a la transición recién comenzada, pero el Gobierno de entonces, en vez de negociar o pagar un rescate, se mantuvo firme.

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Después de su proclamación como rey de España a la muerte de su protector, Francisco Franco, Juan Carlos mantuvo como presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro, aunque consiguió que éste introdujera algunos ministros reformistas, como José María de Areilza en Exteriores y Manuel Fraga en Interior. En los meses siguientes el proceso de reforma, que se resumía en pasar de un régimen personal, confesional católico y sin partidos políticos a otro similar a los vigentes en Europa Occidental, se detuvo. El Gobierno y los políticos del régimen se dividieron en bandos y se enzarzaron en discusiones; mientras, la izquierda empezaba a causar huelgas, revueltas y motines, como los ocurridos en marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco personas por disparos de la Policía. El terrorismo, casi todo vinculado a la extrema izquierda (ETA, Grapo, FRAP, Mpaiac, etcétera), cobraría una fuerza espantosa en los años siguientes.

Terror y elecciones

El 1 de julio, el rey, que tenía a su disposición los amplios poderes que le daban las leyes franquistas, exigió a Arias su dimisión, quien se la entregó. El día 3 nombró para el mismo cargo al ministro-secretario general del Movimiento Nacional: Adolfo Suárez. A partir de ese momento, la transición se aceleró. El rey era su motor; Torcuato Fernández-Miranda, vicepresidente del Gobierno nombrado por el almirante Carrero Blanco y presidente de las Cortes, su cerebro jurídico, y Suárez su ejecutor.

En otoño, Suárez y Fernández-Miranda consiguieron que las Cortes franquistas, en un gesto de generosidad ignorado por los apologetas de la memoria histórica, aprobasen la Ley para la Reforma Política, la octava Ley Fundamental, que permitía desmontar el régimen anterior. El ordenamiento jurídico exigía que la modificación o derogación de las Leyes Fundamentales fuese ratificada en referéndum por el pueblo español. La consulta se fijó para el 15 de diciembre. Todo el franquismo reformista pidió el , mientras que la oposición, encabezada por el PSOE, se pronunció por la abstención y el franquismo inmovilista por el no. Era la primera consulta de ámbito nacional desde el referéndum de la Ley Orgánica del Estado de 1966, que abrió las puertas a la restauración de la monarquía borbónica.

Sin embargo, el Partido Comunista de España Reconstituido (PCE-r) y su brazo armado, el Grapo (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), que ya había cometido varios asesinatos, habían decidido boicotear lo que calificaban de intento del fascismo de sucederse a sí mismo.

El 11 de diciembre fue secuestrado en su despacho en la Fundación Oriol, en el barrio de los Jerónimos de Madrid, Antonio María de Oriol y Urquijo, personalidad del tradicionalismo, ex ministro de Justicia y presidente entonces del Consejo de Estado. Pese al terrorismo creciente, los controles de seguridad eran mínimos. Pío Moa, implicado en ese secuestro, ha explicado las razones de sus actos:

Para Carrillo, una acción legalista, conducida con buena táctica revolucionaria, permitiría socavar la democracia burguesa y adelantar mucho camino hacia el socialismo. Según nuestro análisis, la acción legalista llevaba a lo contrario, a debilitar el movimiento revolucionario e integrarlo en el sistema burgués, un sistema considerado por nosotros inevitablemente fascista. Por lo tanto, la línea adecuada consistía en concentrarse sobre todo en la lucha violenta. Y eso fue lo que hicimos secuestrando primero a Oriol y luego al general Villaescusa.

El triunfo del franquismo reformista

El Gobierno, presidido por Adolfo Suárez y con cuatro militares, tuvo el coraje de negarse a negociar con los terroristas, tal como han explicado en sus memorias algunos de sus miembros, como Alfonso Osorio, vicepresidente segundo, y Juan Miguel Ortí Bordás, subsecretario de Gobernación. La resistencia rindió frutos.

El 15 de diciembre se celebró el referéndum, que fue un triunfo del franquismo reformista. Votó el 77,7% del censo; la abstención fue del 22,3%; los síes fueron casi el 94,5% y los noes, un ridículo 2,5%. La oposición de izquierdas y nacionalista tuvo que arrumbar sus planes de ruptura hasta que accedió al poder José Luis Rodríguez Zapatero. Gerona, una provincia en la que desde hace décadas el separatismo es hegemónico, registró una de las participaciones más altas: 82,5%. Sólo en una provincia, Guipúzcoa, la abstención fue superior a la participación, que quedó allí en el 45,25%. En Vizcaya la participación fue del 54%, en Álava ascendió al 76,5, y en Navarra, al 73,6.

El Grapo exigió una amnistía a cambio de la vida de Oriol, pero el Gobierno también se negó a esto, pese a las presiones que hubo por parte de personalidades del régimen para que se cediese ante los terroristas.

Durante semanas, la Policía y la Guardia Civil buscaron sin éxito a Oriol y a sus secuestradores. En enero, el día 11, ETA asesinó en Madrid a Félix Ayuso, inspector de Policía. El día 23, en una manifestación un ultraderechista asesinó de un disparo a Arturo Ruiz. El 24, el Grapo secuestró al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, a la salida de su casa. Esa misma noche unos ultras irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas en la calle de Atocha y mataron a tiros a cinco personas. Y el 27 el Grapo asesinó a dos guardias civiles y a un policía armado. "Estábamos ante una situación límite", ha escrito Ortí Bordás.

Registro en la casa de Juan Luis Cebrián

Unos días después de la "semana trágica" –así fue denominada– se produjo un suceso inexplicado aunque, por fortuna, no sangriento: la Guardia Civil registró, sin orden judicial, el domicilio del director de El País, Juan Luis Cebrián. ¿Por qué el general José Antonio Sáenz de Santa María ordenó ese registro, cuando Cebrián tenía escolta policial y, por tanto, estaba vigilado? La única explicación que conocemos aparece en el libro Una historia de El País y del grupo Prisa, y es ésta:

(...) en una cena de desagravio que Sáenz de Santa María ofreció a Cebrián y Polanco, les explicaría que en una foto de Oriol enviada por los secuestradores, en la que aparecía leyendo El País (...) habían creído ver la posibilidad de un mensaje.

Curiosamente, Sáenz de Santa María desempeñó puestos aún más altos con los Gobiernos socialistas de Felipe González, como el de director general de la Guardia Civil y, ya jubilado, el de asesor del Ministerio de Interior para asuntos de terrorismo, entre 1986 y 1996. El País le empleó para defender a esos Gobiernos de las acusaciones que les vinculaban con los GAL.

Entra Roberto Conesa

El Gobierno confió entonces la investigación de los secuestros al policía Roberto Conesa, que había sido miembro de la Brigada Político Social y que desde junio de 1976 era jefe superior de la Policía en Valencia (nombrado por Fraga). Entre quienes le conocían por motivos profesionales estaba Fernando Sánchez Dragó, detenido en 1956 a causa de la agitación estudiantil en la universidad.

El 11 de febrero, a los dos meses del primer secuestro, la Policía liberó a los secuestrados en una operación en la que no hubo un solo herido. Muchos periodistas dudaron de la versión oficial. En la rueda de prensa que dio el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, un periodista norteamericano declaró su extrañeza por que se hubiera tardado tanto en liberar a dos personas secuestradas en la misma ciudad y por que a Oriol se le hubiera trasladado de un lugar a otro en coche esquivando las medidas de seguridad. Ortí Bordás le replicó al impertinente que en Estados Unidos un grupo terrorista mantuvo mucho más tiempo secuestrada a Patricia Hearst en una vivienda situada a treinta metros de la sede del FBI en San Francisco.

El terrorismo, factor político

A partir de los meses siguientes el terrorismo se convirtió en un factor fundamental para comprender el comportamiento del Gobierno de UCD y la tarea de las Cortes elegidas en junio de 1977 para elaborar una Constitución. Esas elecciones se celebraron con otra personalidad secuestrada: Javier Ybarra Bergé, ex alcalde de Bilbao y financiero, arrancado de su casa de Guecho por un grupo de etarras. Ybarra, que había estado a punto de ser asesinado por milicianos de UGT y del PSOE en la guerra civil, fue asesinado por ETA. Desde entonces, prácticamente todas las elecciones generales se han celebrado bajo los efectos de un atentado, empezando por las de marzo de 2004.

Una de las consecuencias no buscadas de la liberación de los secuestrados sin disparar un solo tiro fue que la prensa progre se negó a aceptar que detrás del Grapo no había más que fanáticos de extrema izquierda. El periodismo abunda en coletillas y frases hechas: los aviones siempre caen envueltos en llamas y las ciudades amanecen en invierno cubiertas por un manto blanco. De la misma manera, en Interviú, Cambio 16, Triunfo, El País, Diario 16 y otras publicaciones de izquierdas se convirtió en costumbre aludir al "extraño Grapo".

La insistencia en querer ver tramas ocultas, manos negras, policías y servicios secretos detrás de cada atentado de los Grapo se mantuvo incluso en los años 90. Ningún hecho abonaba las teorías conspirativas de los periodistas progres, pero éstos no querían renunciar a ellas. Les permitían dominar el discurso público... y les hacían vender más periódicos.

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