1. La guerra de España y los comunistas, según Raymond Carr

Cuando, hace tiempo, reseñé en Libertad Digital el libro Spain betrayed, colección de documentos secretos soviéticos sobre nuestra guerra, me preguntaba qué harían los historiadores hoy oficiales para contrarrestar sus pruebas. La respuesta está a la vista: deformar los hechos en el molde de sus prejuicios. Éstos, arraigados durante décadas se resisten a morir, y acabamos de tener un ejemplo de ello en una reseña de R. Carr sobre el citado libro, publicada recientemente en ABC cultural, y antes en la prestigiosa New York Review of Books. Carr, prestigioso hispanista, no logra, lamentablemente, escapar a tópicos que hoy pueden considerarse demolidos.

El mito troncal sobre la guerra, elaborado por la propaganda de izquierdas, especialmente la comunista, y del que derivan casi todos los demás, es la imagen de una lucha entre la democracia republicana y el fascismo o la reacción. Pese a que su falsedad sale a la luz tan pronto entramos en los datos reales —y los documentos de Spain betrayed hablan por los codos al respecto— el mito persiste contra viento y marea, ayudado por la impresión injustificada de que defenderlo significa, aún hoy, defender la democracia.

Carr expone la tesis tratando de desmentir la opuesta: “La propaganda franquista presentó el alzamiento nacionalista militar contra el gobierno legal de España como una necesidad patriótica para impedir la toma del poder por los comunistas. El hecho es que los comunistas carecían de la posibilidad de organizar un golpe de Estado en potencia, sino que el gobierno de Giral no incluía ni a comunistas ni a ningún representante de otros partidos de clase obrera”. Pero la posición de los nacionales fue algo más compleja, y la realidad general también.

El problema debe plantearse de otro modo. En octubre de 1934 ocurrió una sangrienta insurrección marxista-separatista. Entonces, la mayor parte de quienes se sublevarían en 1936, empezando por Franco, defendió la legalidad republicana, en lugar de aprovechar la ocasión para dar un contragolpe desde el poder y destruir así fácilmente a la izquierda y a la república. ¿Por qué, habiendo tenido esa oportunidad, esperó la derecha a 1936 para sublevarse, cuando ya no tenía el poder ni el control del dividido ejército, y corría muy serio riesgo de derrota? Tan serio que el golpe de Mola fracasó, y de no ser por el puente aéreo de Franco, la derrota de los sublevados habría sido segura.

Esta cuestión no la plantea Carr ni casi ningún estudioso, y sin embargo encierra toda la clave de aquella historia. Pues las mismas fuerzas que en octubre de 1934 habían intentado explícitamente imponer un régimen de tipo soviético, más otros partidos que habían apoyado moral y políticamente la intentona, ganaron las elecciones en febrero de 1936, coligados en el Frente Popular. Ello produjo horror a las derechas.

¿Estaba justificado ese horror? Carr y tantos más suponen que no. Según ellos, la izquierda en 1936 era básicamente democrática y moderada, y lo que temían las derechas, en realidad, era perder sus supuestos privilegios. Sin embargo es imposible hablar de democracia ni de moderación en la fracción mayoritaria del Frente Popular, constituida principalmente por el sector principal del PSOE (el de Largo Caballero, Lenin español y líder nada arrepentido de la insurrección del 34) y por los comunistas. Cuando se alude a la debilidad numérica del PCE por entonces se olvida su notable y creciente influencia política, y su estrecha alianza con el PSOE de Largo. Recordemos además a la poderosa CNT, anarquista, que, tras apoyar electoralmente al Frente Popular preparaba activamente su revolución. A ninguna de estas fuerzas puede llamársele democrática ni moderada.

Pero, se dice, el gobierno frentepopulista no estaba en manos de esos revolucionarios, sino de los moderados, capitaneados por Azaña y apoyados desde fuera por el sector socialista de Prieto. Sin embargo, ¿eran éstos realmente moderados y demócratas? Para Prieto y Azaña, la derecha no tenía “títulos” para gobernar, aunque ganara las elecciones, como en noviembre del 33. Los dos habían apoyado, activa o moralmente, la insurrección de octubre del 34, y aunque la consideraban un error, seguían justificándola. Su programa electoral incluía la amnistía y reposición en sus cargos de cuantos se habían sublevado contra la legalidad y contra un gobierno legítimo de derechas, y la persecución judicial para quienes hubieran cometido excesos defendiendo la Constitución. Sobre todo anunciaba reformas destinadas a “republicanizar el estado” (politizando la justicia, entre otras cosas), de modo que la derecha no pudiese volver al poder, quedando como una presencia testimonial y justificadora de una pretendida democracia. Al volver al gobierno, Azaña se apresuró a prometer que el poder no saldría ya de manos de las izquierdas.

Los presuntos moderados resultaban no serlo, por tanto, ni tampoco demócratas, excepto por comparación con los comunistas, socialistas bolcheviques y anarquistas. Pero fue tal el miedo de las derechas a estos últimos, que inmediatamente apoyaron a Azaña como un último valladar frente al proceso revolucionario. El mismo Azaña observó con sorna cómo se había convertido en “ídolo” de la derecha.

Había razones para ese miedo. Pues aunque, como dice Carr, los comunistas no estaban en condiciones de hacer una revolución inmediata, ni lo pretendían, sí estaban empeñados en dar pasos decisivos hacia ella, como no puede dudar quien haya consultado sus documentos. Uno de los pasos principales consistía en la disolución de los partidos derechistas y el encarcelamiento de sus líderes, empezando por Gil Robles. A ese fin presionaban constantemente a los republicanos en el (precario) poder. En cuanto al PSOE de Largo, desestabilizaba al gobierno de Azaña y luego de Casares con el fin de provocar una crisis y heredarlo legalmente. De esta manera podía emprender la revolución directamente desde el poder, con aparente legitimidad y sin correr el riesgo de una insurrección que podría ser vencida como la del 34. En cuanto a los anarquistas, su nuevo proceso revolucionario estaba en preparación acelerada. Estas evidencias suelen omitirlas o minimizarlas quienes mantienen el mito señalado.

El resultado fue una situación caótica que en cinco meses causó casi 300 muertos y más de mil heridos, asaltos a decenas o cientos de centros políticos, periódicos y domicilios particulares derechistas, quema de cientos de iglesias, algunas de gran valor artístico, agresiones y exacciones de todo tipo, innumerables huelgas generales y parciales, atracos políticos, formación y desfiles de milicias, etc. ¿Obrarían los republicanos del gobierno como muro frente al proceso revolucionario, o bien le allanarían el camino? ¿Sería Azaña un Ebert o un Kerenski? Las derechas, pintadas en la propaganda como provocadoras de los desmanes, a fin de justificar la rebelión que preparaban, fueron las que pidieron reiteradamente en las Cortes la aplicación de la ley por el gobierno y el cese de la imposición de la fuerza en la calle. Pero sus peticiones fueron acogidas con insultos, gritos y amenazas de muerte, que terminarían cumpliéndose en el líder monárquico Calvo Sotelo, escapando Gil-Robles por los pelos. El gobierno no se comprometió a cumplir con su más elemental misión de garantizar el orden, e incluso se proclamó “beligerante contra los fascistas”, causantes de una proporción mínima de las agresiones. En estas circunstancias, los republicanos deslegitimaban su poder, si es que no lo habían hecho desde el principio con su programa de impedir la vuelta de las derechas al gobierno. Éstas fueron comprendiendo que ante el acoso revolucionario no podían contar con un poder capaz de imponer la ley, y eso las empujó a una rebelión casi a la desesperada.

Es dudoso que Carr aceptase con tanta benevolencia una situación semejante en su país. Él puede, si quiere, llamar legal o democrático a semejante gobierno pero no debe esperar que una persona informada comparta su criterio. Su frase explicativa podría invertirse de la siguiente manera: “la propaganda izquierdista presentó el movimiento de julio del 36 como un ataque injustificado contra un gobierno legal y democrático. El hecho es que el país soportaba la presión de un gobierno decidido a impedir que la derecha volviera al poder, así como la violenta actividad de partidos que preparaban activamente la revolución, sin que dicho gobierno hiciera nada práctico por cumplir y hacer cumplir la ley, favoreciendo así el proceso revolucionario”. Esta versión concuerda mucho más con los hechos que la de Carr, a la que siguen apegados tantos historiadores y políticos.

La fuerza de los prejuicios se hace patente en opiniones como ésta: “En lo que se ha llamado su fase bolchevique, (…) Caballero usó la retórica de una revolución proletaria sin ninguna intención de organizar una edición española de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917”. Lo aseguran también Preston y otros. Pero el PSOE, dirigido por Largo Caballero, no sólo rompió en 1933 con los republicanos de izquierda y optó por la dictadura del proletariado, sino que marginó al sector moderado de Besteiro, creó un comité especial para organizar la guerra civil (textualmente), urdió maniobras desestabilizadoras contra el gobierno legítimo de centro derecha en el verano de 1934, lanzó en octubre del mismo año la más mortífera insurrección del período republicano, con un total de casi 1.400 muertos en 26 provincias. Vencida la insurrección, persistió en sus ideas y prácticas, y en 1936 volvió a eliminar políticamente a Besteiro, se enfrentó con el sector menos violento de Prieto, a quien los seguidores de Largo estuvieron a punto de linchar en el célebre mitin de Écija, organizó milicias y fomentó un clima social en extremo violento después de las elecciones de febrero de ese año. Si a esto le llama Carr “retórica” y “falta de intención revolucionaria”, ya extraña menos que considere democrático y legal al gobierno del Frente Popular.