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HISTORIA

España, esa morgue altanera

Viernes, 12 de septiembre de 2008. El presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, lo confirmaba: "Ha llegado el momento de llevar al Gobierno de España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por negar a los vascos nuestro derecho a decidir nuestro propio futuro". El día anterior el Constitucional prohibía el referéndum ilegal convocado por Ibarretxe para convertir las provincias vascas en un Estado soberano.

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Siguiendo una vieja costumbre, los nacionalistas, los genuinos y únicos representantes de "la democracia más antigua del mundo", denuncian al Reino de España en Europa. Y es que no es la primera vez que el PNV lleva a España a los órganos de decisión europeos. Lo hizo ya en 1916, durante la III Conferencia de las Nacionalidades, celebrada en Lausana, donde las potencias que se suponían vencedoras de la Gran Guerra empezaron a repartirse el mundo.
 
Tal y como ocurre en 2008, en aquel entonces las derechas autonomistas catalana y vasca, enriquecidas por la navegación y el comercio con los países litigantes en la I Guerra Mundial y por su colonización del mercado interno, querían romper amarras con la nación. Al igual que ahora pretenden destrozar la nación y unirse a la Unión Europea, los bizcaitarras –que así se llamaba a los separatistas de entonces– querían separarse de España para integrarse en la futura Sociedad de Naciones. 
 
Se aprovecharon, además, de la debilidad de los últimos gobiernos de la Restauración, muy tocados por la contienda del Rif y la quiebra de las arcas públicas, y se negaron a cooperar con la Ley de Beneficios Extraordinarios de Santiago Alba, una especie de gravamen especial para quienes se estaban enriqueciendo con la contienda a base de desabastecer el mercado nacional para dedicar sus barcos, construidos con ayudas españolas, al comercio con Inglaterra y Francia.
 
"Tras suprimir el Gernikako Arbola porque les parece demasiado internacional, al pedir que la sabia del árbol de Guernica se expanda por el mundo entero, y adoptar el himno o marcha de San Ignacio de Loyola", como se escribió por la época, y aprovechando los resquicios de la Ley de Mancomunidades de 1913, los dirigentes nacionalistas se plantean por primera vez en aquella década constituirse en una nación soberana.
 
Para conseguir su propósito dieron dos pasos previos: primero controlaron la Diputación de Vizcaya, donde pusieron a Ramón de la Sota Aburto, y posteriormente coparon todos los puestos del Parlamento nacional por Vizcaya. 
 
Tras plantarse en Madrid como los representantes del pueblo vasco, representantes que se ven obligados a acudir a un Congreso "extranjero" a reclamar sus derechos y libertades, según relata el diario Aberri, los parlamentarios Arturo Campión, Pedro Chalbaud, José Horn, todos ellos de profunda y dilatada raigambre vasca, como se deduce de sus apellidos, y otros como Domingo Epalza (Banco de Bilbao), Ramón de la Sota (Naviera Sota y Euskalduna) o Anacleto Ortueta pretenden imponer a España su estatuto, elaborado por las diputaciones vascas.
 
Aunque la I Asamblea Nacional del PNV, vigente desde 1906 hasta 1964, establece como programa del nacionalismo la "reintegración foral plena" (no se sabe si con el Corregidor del Rey o sin él), renuncian a su programa político e intentan colar a la Corona un texto independentista que, en su artículo tercero, decía: "La Administración Central no tendrá intervención de ninguna clase en el ejercicio de las funciones autonómicas que se mencionan en este artículo". Las funciones a que se hace referencia aquñi son, casi todas, propias de un Estado independiente".
 
Al desafío secesionista respondió el líder conservador Antonio Maura con su radical oposición al proyecto de estatuto de las diputaciones, como acaba de hacer ahora el Tribunal Constitucional con el referéndum por la independencia de Ibarretxe.
 
Casi paralelamente, como los distintos proyectos autonomistas acaban en el cesto de los papeles, los nacionalistas deciden llevar a España ante los organismos internacionales, o sea, a la ya citada III Conferencia de las Nacionalidades.
 
Arzalluz.Javier Arzalluz describirá aquella odisea con tintes casi heroicos. "Precipitadamente, en plena guerra mundial, con las fronteras prácticamente cerradas, nuestros hombres llegaron a Lausanne al atardecer del mismo día de la Conferencia". Se refería a Luis Eleizalde, a Isaac López Mendizábal y a José Eizaguirre, del PNV; a Francesc Cambó y a Josep Puig Cadafalch, de la Lliga Regionalista, y a dos despistados que aparecieron por allí, el jurista Gumersindo de Azcárate y el escritor Miguel de Unamuno.
 
También estuvo presente en el foro el valenciano Eugenio Ferraz y Alcalá-Galiano, marqués de Amposta y embajador de España en Suiza. En junio telegrafió al rey Alfonso XIII: "La conferencia es un acto de propaganda contra las potencias centrales con el fin de ir preparando a la opinión pública para el reparto del botín al finalizar la guerra". Y agregaba: "Aunque todo parecía decidido por las potencias convocantes, en la conferencia aparecieron unos cuantos ideólogos extraviados de otros países que plantean asuntos relacionados con la creación de nuevas naciones, cuando la guerra demuestra la necesidad de crear países grandes y fuertes".
 
No le faltaba razón. El inspirador de aquel encuentro era el nefasto presidente norteamericano Woodrow Wilson, "campeón de las libertades, del Derecho y la Justicia", representante de un país que se había anexionado Nuevo México, la Florida y numerosos estados del norte de México para construir su nación y que había librado una de las mayores guerras de secesión para impedir la independencia de una parte del territorio.
 
Con Wilson, futuro Premio Nobel, como funesto maestro de ceremonias, y decididos a poner fin al Imperio Austro-Húngaro, los Estados Unidos convocaron la III Conferencia de las Nacionalidades tres años antes del Tratado de Versalles (1919), donde se empezó a decidir el devenir de los vencidos y se colocó la piedra angular de lo que sería la balcanización de finales del siglo XX. Y mientras los convocantes sancionaban la creación de los Estados independientes de Polonia y Lituania y la reconstitución de Serbia, y prohibían a Rusia anexionarse Constantinopla (y a Italia hacer lo propio con Dalmacia), vascos y catalanes caían en la cuenta de que de ahí no iban a sacar nada en claro. Pero, con todo, procuraron dejar su impronta.
 
En un segundo envío, Amposta, el correo de nuestro zar, remitió el informe "La solidaridad vasco-catalana y la reorganización de España", recogido en Les Annales des Nationalités, con comentarios, debidos a vascos y catalanes, como éstos: 
España es un país en descomposición donde la vida no gravita en Madrid sino en las regiones más prósperas, Cataluña, País Vasco y Galicia. El centro de la Península lo constituye una llanura improductiva, Castilla. No tiene posibilidades de evolucionar y su gente se esfuerza en impedir, por todos los medios posibles, el desarrollo y la prosperidad de las regiones más avanzadas.
 
Los vascos, que disfrutan de un concierto económico que les permite la autonomía fiscal, que son liberales para vender su mineral de hierro a Inglaterra y proteccionistas cuando les interesa incautación el mercado español, se atreven a decir: "Los impuestos pagados por estas regiones son la principal fuente de ingresos del Estado español. La lucha se acentúa en el terreno político, donde cualquier brote de autonomía es cercenado. A los habitantes de las regiones desarrolladas e industrializadas de Cataluña y País Vasco se nos obliga a pagar el dolce far niente de los habitantes de la Meseta, donde no hay espíritu comercial ni de empresa, donde se tiraniza y explota a las regiones del litoral español".
 
[Porque] los castellanos se dedican a vivir de sus beneficios y de sus privilegios. Los hombres de clase superior entran en el Ejército o en la burocracia. La política es otra forma de vida a la que sólo se facilita el acceso a las poderosas fortunas.
 
Nosotros, vascos y catalanes, pretendemos un régimen más justo que nos libere de la hegemonía del pueblo castellano, donde la civilización está detenida. Porque los castellanos someten a los demás pueblos a sus leyes, ya que en sus manos está el Estado, un instrumento inútil, incapaz de vertebrar la vida nacional.
 
Castilla no es hoy más que una morgue altanera, orgullosa de su pasado histórico, que le permitió una hegemonía pasajera en Europa como consecuencia del pillaje de las vastas riquezas  de las colonias de ultramar. La grandeur de España se imponía por el derecho del más fuerte, amparado en una casta militar rancia y caduca que sostenía el Gobierno e impulsaba su política de dominación. Tras la pérdida de sus colonias, España se esfuerza en evitar cualquier veleidad de secesión y niega el derecho a la autodeterminación.
 
Castilla tiraniza y explota a las regiones del litoral español porque la casta burocrática persiste y trata de considerar como simples colonias a las regiones no castellanas. El estado de vascos y catalanes se puede resumir en tres palabras: dominación, explotación y colonización. Por lo tanto, a vascos, gallegos y catalanes no les queda otra solución que romper las cadenas por ellos mismos.
Todo esto lo decían vascos y catalanes que habían convertido al resto de España en su colonia particular para vender telas y productos siderúrgicos. Lo proclamaba gente a la que la Monarquía permitió disponer del sistema financiero más importante de la nación, lo que les facilitó la compra de saltos de agua (Duero, Júcar, etc.), astilleros (Cádiz), minas (Setares, La Bañeza, Setiles, Ojos Negros, Sierra Alhamilla, Navalmoral de la Mata, etc.), siderurgias (Sagunto), navieras (Ybarra, Sota y Aznar) y astilleros (Nervión, Euskalduna) por doquier. Y encima endeudaron al país en el exterior, ya que los ingresos en divisas por la venta de cítricos, aceite y vinos muchas veces se importaban en forma de tecnología para las industrias catalanas y vascas.
 
El texto a que hemos hecho referencia se escribió en 1916. Aquella denuncia contra España ante la Conferencia de las Nacionalidades tuvo el mismo efecto que probablemente va a tener la denuncia de Ibarretxe ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene releer, sin embargo, la historia. Porque 91 años más tarde, la letra y la música sigue siendo la misma: dinero, independencia, dinero.
Los nacionalistas vascos, cuando no echan mano de la pistola para imponer sus ideas, o justifican y defienden a quienes lo hacen, utilizan otra arma cargada de hostilidad y rabia: el gratuito, irritante e injusto insulto al resto de los españoles. 
 
Lo peor de todo no sería que se separasen. Lo más grave sería encontrárselos de nuevo en Santander o en Marbella pasando las vacaciones.
 
 
JOSÉ DÍAZ HERRERA, autor de una enciclopedia sobre el nacionalismo vasco en diez tomos de próxima aparición. Algunos de los textos los ha elaborado en colaboración con Carlos Olazábal.  
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