Los nuevos intelectuales lo son porque alguien dice que lo son, no porque lo muestren y lo demuestren. ¿En qué medida los criterios éticos que proponen las personas dedicadas al pensamiento sobre el bien común influyen en la decisión del votante? ¿Hasta qué punto las elecciones municipales y autonómicas se sustraen a los principios éticos en pos de una política de lo inmediato? ¿Acaso existe una política, por local que sea, que no exprese una preferencia por concepciones del hombre y de lo humano? Lo que siempre nos han enseñado los denominados intelectuales es que no todo da igual ni todos son iguales. Las diferencias están, si cabe, en lo específicamente humano.
La Iglesia, históricamente, nunca ha abdicado de su servicio intelectual, del ejercicio del juicio moral, de la práctica de una compañía de vida y de verdad que no ha despreciado lo que más quiere, al ser humano. Ahora que proliferan los homenajes al cardenal de la reconciliación, el que fuera arzobispo de Madrid, Vicente Enrique y Tarancón, conviene que no olvidemos que la Iglesia de los años setenta y la de los dos mil es la misma, aunque los eclesiásticos no sean los mismos. La de hoy no es posible sin la de ayer; la del mañana no lo será sin la del hoy.
Se acercan las elecciones municipales y autonómicas. Los católicos no sólo tienen el derecho y el deber ciudadano de votar; tienen la obligación moral de ejercer su responsabilidad en el ejercicio del voto. La naturaleza social, y por ende la política, se articula por esta vía, más allá de los aparatos y de las burocracias de los partidos. Han proliferado, en las últimas semanas, las cartas, comunicados y textos episcopales en los que se ofrecen criterios morales que ayuden a conformar la conciencia cristiana y la de los hombres de buena voluntad que siguen la recta razón a la hora de depositar el voto en la urna. La función de conformar un juicio moral desde la propuesta de la Iglesia se ha desplegado con todas sus galas. Y lo hecho con la concordancia precisa de la unidad de criterios y en la diversidad de formas. El obispo de Huesca y Jaca, monseñor Jesús Sanz Montes, afirmaba en su texto que el primer criterio del discernimiento es "la transparencia en la verdad, en contra del uso de la mentira de quienes confunden a los ciudadanos secuestrándolos en su señuelo, y de quienes con el engaño destruyen política y mediáticamente a los adversarios para perpetuarse en el poder".
Se han repetido argumentos que pertenecen al imaginario común de la doctrina católica y que son principios irrenunciables: la defensa de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo del derecho a la vida en todas sus etapas, desde el inicio de la concepción, que incluye el respeto a la dignidad del embrión, hasta la muerte natural; la defensa de la libertad religiosa; la defensa de la familia, formada por el matrimonio entendido como la unión estable entre un hombre y una mujer con apertura a la vida; el auténtico derecho a la educación, que ampare el ejercicio de los padres al derecho constitucional de educación, de la elección de centro educativo, de la formación integral de sus hijos según sus convicciones religiosas y morales; y la acogida solidaria a los inmigrantes. Los obispos de Madrid han añadido un criterio más a los clásicos de los comunicados de siempre: "La promoción de una cultura abierta a los valores morales y religiosos, que han contribuido al bienestar y a la paz a lo largo de nuestra historia milenaria, de forma que se desarrollen espacios públicos abiertos a la presencia y acción de la Iglesia en la sociedad."
Pero no debemos olvidar que los obispos nos invitan con sus criterios morales a ejercer la libertad en un momento en el que, con la clase intelectual de brazos caídos, alguien tiene que dar la voz de alarma frente al riesgo paralizante de una sociedad totalitaria. La degradación de los intelectuales es el primer síntoma de totalitarismo, de la pérdida de libertad. La Iglesia nos recuerda que el ejercicio de pensar el voto debe ser un paso más en la conquista, por todos, de la efectiva libertad.