En un pequeño gran libro titulado "¿Qué pasa por fabricar hombres?", el actual secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, publicó, en español, este testimonio de Margaret Brown, fruto de una inseminación artificial que, en 1994, tenía veintiún años y estudiaba biología en Texas.
Una vez más, y sirviéndose de varios precedentes, el gobierno socialista nos ha colocado a la cabeza en el disparate antropológico. Se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida que no sólo representa un giro radical nada antropológico con la legislación precedente, sino que carece de la más mínima justificación clínica y social.
Nos encontramos, una vez más, con un texto de marcado carácter ideológico en el que los grandes beneficiarios por esta norma son las clínicas privadas de fertilidad que, de tener un problema con la acumulación de embriones, se encuentran con un filón de material celular para la investigación del que sacar pingües beneficios. La nueva ley derriba los muros de contención de la protección de la mujer y del embrión para pasar a promover el desarrollo de la denominada industria de consumidora de gametos y de embriones humanos. Abre las técnicas de reproducción asistida más allá de las puertas de la infertilidad en la medida en que permite que parejas fértiles puedan acudir a las técnicas de Fecundación in Vitro para seleccionar las características más adecuadas de sus embriones. Permite, por tanto, la selección eugenésica con el fin de obtener "bebés-medicamento". Da barra libre, por tanto, a la creación expresa de embriones para investigar cualquier técnica.
No existe una ciencia sin conciencia, al mismo tiempo que es muy difícil que se dé una conciencia recta sin ciencia. Los cambios que ha aprobado el Congreso, con el apoyo del eje de izquierdas y la vergonzante tibieza antropológica y cultural de destacados diputados del PP, son importantes no sólo por lo que dicen sino por lo que no dicen. El legislador contradice el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, vulgarmente conocido como Convenio de Oviedo, y aquí no pasa nada. Son varios los puntos críticos de la ley: la autorización para la generación expresa de embriones para investigar; la licencia para la reproducción humana no reproductiva, la terapéutica –que no es más que un resquicio para la otra, la de la fabricación de los niños–; la generación de embriones sobrantes destinados a la investigación; la comercialización, tráfico e industria de embriones; y la autorización de cualquier tipo de selección eugenésica de embriones humanos.
¿Alguien da más? ¿Acaso los nuevos Estados totalitarios del siglo XXI nos han aprendido las consecuencias de lo que todo esto significa? El obispo responsable de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal ha recordado, en una reciente entrevista, que es la hora de las cinco batallas ante la licencia para matar concedida en el Congreso de los Diputados: la batalla del matrimonio y la familia; la batalla de la vida; la batalla de las conciencias: es necesario, desde el respeto y promoción a la verdadera libertad, educar y movilizar las conciencias, formando la razón para que la inteligencia conozca y reconozca la verdad, la voluntad se oriente a hacer el bien; la batalla de la presencia en la vida pública: es indispensable organizarse, estar presentes en los medios de comunicación y participar, en general, en la vida pública, movilizando la sociedad civil en orden a reclamar leyes justas; en todo caso, debemos estar prestos a ser testigos, es decir, a ser mártires; y el combate de la fe y de la plenitud de lo humano que es lo cristiano.