Los genios que gobiernan Massachussets no han podido impedir que la población del estado se desplome, que sus impuestos se disparen, que el gasto público se desborde, que su megaproyecto del túnel tenga filtraciones o que se detenga a algunos funcionarios. Pero este suma y sigue de fracasos no ha disminuido ni un ápice sus ambiciones... ni su arrogancia: ahora quieren impedir que los ciudadanos coman demasiado.
El jueves, la Administración del gobernador Deval Patrick lanzaba Mass in Motion, una nueva campaña contra la obesidad que exhortaba a realizar "el mayor esfuerzo integral hasta la fecha para enfrentarnos al grave problema de sobrepreso en la región del norte". Ya funciona una página web recién estrenada, que sólo incluye tópicos mensajes en los que se pide a la gente que coma mejor y haga más ejercicio. No hace falta decir que la Administración planea gastar grandes sumas de dinero en esta particular cruzada, y ello a pesar de la delicada tesitura por la que atraviesa su presupuesto. Al fin y al cabo, si el estado no inyecta 750.000 dólares en "iniciativas para promover la salud" como, por ejemplo, "ampliar la distribución de los productos agrícolas" o diseñar "sistemas de transporte que animen a caminar". ¿Quién piensa que hará todo esto?
El corazón de esta nueva campaña, al igual que sucede con la mayor parte de las iniciativas públicas, es la coacción. Siguiendo una iniciativa parecida de California, de la ciudad de Nueva York o de Seattle, Massachussets pretende obligar a los restaurantes a informar de manera vistosa sobre el contenido calórico de todos sus platos para que de este modo los consumidores puedan elegir "de manera razonable" lo que van a comer. "Con frecuencia la gente no es consciente de lo que tiene en el plato, explica la Dra. Caroline Apovian al Boston Globe, directora de la unidad de nutrición y sobrepeso del Centro Médico de Boston. "Pero si la información está delante de tus ojos es difícil obviarla".
En realidad, esto último tampoco resulta demasiado complicado. En lo relativo a la nutrición y a tantas otras cosas, los seres humanos son todos unos expertos a la hora de negar, ignorar o dar por sentada la información desagradable. Un estudio de 2006, realizado por investigadores de la Universidad de Vermont, concluye que cuanto más habituado esté un cliente en acudir a los restaurantes de comida rápida, menos predispuesto está a prestar atención a la información alimenticia. A su entender, "los datos sugieren que la legislación que obliga a un etiquetado más cuidadoso con la comida puede no resultar demasiado eficaz".
¿Debería forma parte de las competencias del Estado el obligar a que los restaurantes informen a los comensales de algo sobre lo que no están especialmente interesados? La industria de los restaurantes es excepcionalmente competitiva a pesar de tener que adaptarse a los gustos del consumidor: si un porcentaje significativo de clientes quisiera cartas con molestos contenidos calóricos, los restaurantes ya se la estarían proporcionando. Jacob Sullum, de la revista Reason, pone el dedo en la llaga: "La obligación legal es necesaria no porque los clientes quieran esa información, sino porque –se mire por donde se mire– no la quieren".
Para los partidarios del Estado neoinquisidor no tiene ninguna importancia que se desprecien los derechos del consumidor. Al fin y al cabo, argumentan que esta imposición se realiza "por su propio bien", pues "la obesidad es un problema que el Gobierno no debe ignorar". El consejero de Sanidad de Massachussets, John Auerbach, comentaba de un modo siniestro que "a menos que progresemos [esto es, a menos que el Gobierno imponga nuevas restricciones a la libertad], el sobrepeso y la obesidad superarán al tabaco como la principal causa de muerte en nuestro estado".
Éste parece ser el quid de la cuestión para los estatistas moralistas: a menos que eliminemos ciertas libertades (tabaco, calentamiento global o coches sin airbag) morirá más gente. ¿Pero qué hará el Gobierno cuando la información sobre las calorías en los restaurantes no reduzca los índices de obesidad? ¿Ampliará la obligación a las galletas Oreo o a las salchichas Oscar Mayer? ¿Impedirá a los restaurantes de comida rápida publicitarse? ¿Y que pasará si ni aun así nuestra cintura colectiva se reduce? ¿Prohibiremos los alimentos más ricos en grasa a los consumidores que tengan un índice de masa corporal demasiado grande para el Gobierno o nos lo prohibirán a todos?
La industria alimenticia lleva al menos 30 años etiquetando la comida y con la llegada de internet, los ciudadanos disponen más información sobre este tema que nunca. Pero los estadounidenses también están más gordos que en ninguna otra época. Quizá se deba a que atormentar a la gente con el número de calorías que consumen diariamente no sirve de nada y su eficacia no mejorará porque lo quieran los reguladores públicos. Ni aun cuando sean los de Massachussets.