Los cambios de ciclo económico y la fluctuación de la relación de fuerzas sociales en cada fase de la Historia se han visto reflejados, tarde o temprano, en los sistemas educativos. El paradigma LOGSE fue la objetivación de un ciclo económico de excedente de mano de obra garantizada por la retórica más vacía, ésa que se ajustara mejor a los gustos de la postmodernidad socialdemócrata mediática y hegemónica. Así, los centros de enseñanza pública se convirtieron en guetos respetables donde retener, bajo control administrativo, a masas de sujetos en edad decretada como escolar sin que la formación académica, técnica y teórica tuviera relevancia alguna.
No puede ser casual que en el punto en que el modo de producción y el sistema financiero exigen un reajuste, éste se vea de un modo u otro materializado en el sistema de enseñanza pública.
Sin embargo, la situación de la enseñanza pública en España es en estos momentos de tal gravedad, por los motivos anteriormente expuestos, que las medidas propuestas por el ministro este martes ante la Comisión e Educación del Congreso se antojan meramente coyunturales frente a la necesidad de subvertir desde sus cimientos un sistema materialmente programado para generar incompetencia y para aparecer, al mismo tiempo, como modelo de integración e igualdad. Esa igualdad que no es más que igualación en la ignorancia y desertización académica es precisamente el argumento que se emplea (por sindicatos y Ceapa, según El País, 30/01/2012) para rechazar la ya de por sí superficial propuesta de aumentar ¡un año! el bachillerato, reduciendo la secundaria a tres cursos, pero manteniendo la enseñanza obligatoria hasta los 16, lo cual generaría el problema de retener a los alumnos no interesados en cursar carrera universitaria un año más en un Primero de bachillerato que sería, como es fácil deducir, poco más que un cuarto de la ESO con el nombre cambiado. Y todo esto, por no afrontar el verdadero reto, que no puede comenzar sino reduciendo la edad escolar obligatoria a los 14 años, aumentando el bachillerato y reestructurando la Formación profesional, medida que sí parece incluida en esta propuesta general. Parece que, de momento, el paradigma no se toca.
Hay dos puntos más de interés, entre los anuncios del ministro: el estatuto del docente y la Educación para la Ciudadanía.
En ambos casos, habrá que ver su contenido concreto. Sería de agradecer que la asignatura de Educación Cívica y Constitucional que reemplace a la Educación para la Ciudadanía tenga un contenido perfectamente neutral que se limite a la exigencia de conocer las estructuras políticas y jurídicas de la Nación, sin dejar margen a esa orgía del pensamiento débil que es la fofa y perniciosa doctrina de lo políticamente correcto.
Parece que en el segundo caso, las claves serán el reconocimiento del profesor como autoridad civil y su formación. Ahora que se habla tanto de recortes económicos, conviene recordar que, como sucede en países como Suecia o Finlandia, la calidad en la enseñanza no se obtiene con más dinero ni teniendo a los alumnos más tiempo en el centro escolar (con eso se consigue más burocracia, peor instrucción y más control), sino consiguiendo que sean los mejor preparados los que, en lugar de tener que irse del país, trabajen en la enseñanza, para lo cual el puesto de docente tiene que ser atractivo laboral y económicamente y, sobre todo, ofrecer las condiciones técnicas y materiales para que el profesor tenga verdadera autoridad como tal y pueda enseñar, esa anomalía.