Andan muy revueltos los tiempos en la televisión autonómica valenciana. No me extraña, lo raro es que no se hubieran enturbiado antes. La televisión pública valenciana tiene nada más y nada menos que mil ochocientos trabajadores. Es decir, que para una clientela potencial de seis millones de espectadores cuenta con más personal que Antena3 y Telecinco juntas, cuyo público potencial ronda los cincuenta millones.
La RTVV (Radio Televisión Valenciana) es un entramado de canales de radio, televisión e internet en que se ha ido colocando a todo aquél que ha hecho falta; se ha duplicado la oferta de determinados eventos, como la Fórmula1, que ya la emitía La Sexta en abierto, y se han cometido una serie interminable de despropósitos. Con todo esto, la clave del desastre financiero de Canal 9, y del resto de televisiones autonómicas, viene de lo incierto del precio de una idea. Si no hay nada más imperdonable que no saber lo que las cosas cuestan, ¿cuánto cuesta una idea? Cuando la televisión es privada, y hay unos ejecutivos cuyos puestos dependen del cumplimiento de objetivos, las ideas valen en función de los resultados que razonablemente se espera de ellas. Sin embargo, cuando la continuidad de los directivos se desliga del resultado de su desempeño, la debacle está próxima. Y lo que es peor, ante la indeterminación del precio, la corrupción acecha.
En modo alguno hace falta una televisión pública en el siglo XXI. La oferta a través de cable, satélite o internet es mucho mayor que nuestra capacidad de discriminación. Si la justificación de su existencia viene determinada por la vertebración de una Comunidad Autónoma, y la difusión de la cultura y la lengua propias, una televisión con menos de cien empleados cumpliría perfectamente esos objetivos. En cambio, los noticiarios de Canal 9 son un insulto al sentido común. Sólo para informar del tiempo se desplazaban a distintos puntos de la Comunidad más de treinta personas en diferentes unidades móviles, con el coste que esto conlleva. La deuda acumulada de RTVV supera ampliamente los 1.300 millones de euros, y el coste inicialmente previsto para este 2012 ronda los 100 millones de euros, es decir, más del cuarenta por ciento del montante total que se pretende obtener con la última subida de impuestos que nos han recetado.
Ya está bien. Los ciudadanos no podemos seguir soportando eternamente los desvaríos de los gobernantes. Entiendo que Alberto Fabra acaba de llegar, y supongo que cada día se desayuna con algún desastre nuevo. Gestionar una hereditas damnosa de semejante calibre no debe ser fácil. Ahora más que nunca debe buscar entre aquellos que, en lugar de darle palmaditas, aporten ideas cabales que en el momento en que estamos tampoco tienen precio.