Resulta curiosa la información que recogía anteayer el periódico El Mundo en su portada. Que el actual comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, declare en un curso de la UIMP, sin que nadie le pregunte de forma expresa, que es su unidad la que se encarga de determinar el tipo de explosivo en un atentado no pasaría de ser la confirmación de un obviedad, si no fuera porque esas declaraciones coinciden en el tiempo con la querella presentada por 600 víctimas del atentado contra Sánchez Manzano. ¿Están dejando tirado al que fuera jefe de los Tedax el 11-M? Eso es lo que parece, desde luego.

Como también resultan curiosas las declaraciones del presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) a la revista Época esta semana. Ese sindicato es, precisamente, quien está pagando (supongo que con las cuotas de sus afiliados) las fallidas iniciativas judiciales emprendidas por Sánchez Manzano contra la Plataforma Ciudadana Peones Negros y la Asociación 11-M Verdad y Justicia. De ahí que las palabras del presidente del SPP sembrando sospechas sobre la actuación de Rubalcaba entre el 11-M y el 14-M suenen, pronunciadas precisamente ahora, a contraataque y a aviso a navegantes. Lo que pasa es que, a estas alturas, pretender centrar el debate en el hecho de si Rubalcaba dispuso de información privilegiada en los días posteriores al 11-M resulta un tanto ridículo. Esa fase está superada hace mucho. Lo que a los españoles nos interesa saber no es qué político supo primero de la existencia de una mochila de Vallecas que es más falsa que un euro de madera; lo que nos interesa es conocer quién fabricó esa falsa mochila. Y por orden de quién. Que es algo bien distinto a lo que el presidente del SPP plantea.

Pero hablando de mentiras y falsedades en torno al atentado del 11-M, he de reconocer que hay una que a mí me tiene especialmente maravillado: la falsificación del libro de contabilidad de los hindúes. En el juicio, el propio Gómez Bermúdez se encargó de poner de manifiesto, delante de las cámaras, cómo fue manipulado ese libro de contabilidad. Merece la pena ver la escena:

Detalle del juicio del 11-M (el libro de contabilidad)

Quedó patente, gracias a Gómez Bermúdez, que los hindúes que vendieron los móviles supuestamente usados en las bombas NUNCA anotaban en su libro de contabilidad los números de serie de los teléfonos que vendían. Con una sola excepción: esos hindúes apuntaron cuidadosamente los números de serie de los 12 teléfonos empleados, días después, en la masacre.

¡Oiga, qué extraordinario suceso!

Una de dos:

• o los hindúes eran adivinos, y sabían antes del 11-M que esos teléfonos concretos iban a adquirir una importancia enorme días después de su venta.
• o esos números de serie fueron anotados después del 11-M

La primera respuesta apuntaría a una complicidad directa de los hindúes en la masacre. La segunda respuesta apuntaría a una falsificación de pruebas inducida o voluntaria. En cualquiera de los dos casos, a un grave delito.

Pero lo que más me impresiona es el hecho de que Gómez Bermúdez, habiendo sido él mismo quien puso de manifiesto ese posible delito, no ordenara inmediatamente deducir testimonio para determinar qué había pasado. Como también me impresiona el hecho de que diera por buena como prueba esa mochila de Vallecas en la que se encontró uno de esos doce teléfonos tan extrañamente anotados por el hindú.

Yo pensaba que los jueces están obligados a deducir testimonio en el mismo momento en que vean indicios de un posible delito, pero debe de ser que estoy confundido. Supongo que es que, en España, el Derecho se puede volver del Revés a gusto del consumidor.