Desde marzo de 2021, haciéndose eco de acusaciones de un canal anónimo de Telegram, el diario Público y prensa afín como El Salto y La Marea, o medios televisivos como TV3, han venido sacando noticias en las que se acusa a un capitán del Ejército del Aire de pertenecer a una organización nazi. Sin embargo, no han presentado denuncias ante los juzgados, probablemente porque tienen dudas sobre la veracidad de sus acusaciones.
A estas alturas no sorprende la ligereza con la que la prensa extremista acusa a simples ciudadanos individuales, pues en estos años se ha desarrollado una jurisprudencia que otorga impunidad absoluta a la prensa en relación a los individuos, que cada vez se encuentran más expuestos e indefensos ante el abuso de unos poderes que ya no buscan la defensa de la libertad individual frente al Estado sino su propio interés, económico o ideológico.
Sorprende la inacción de los poderes públicos, que ni investigan, ni denuncian ni defienden. Es preciso recordar que la Constitución Española garantiza, en su artículo 16, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
El artículo 20 de nuestra Constitución consagra, entre otras, las libertades de expresión e información, y reconoce derechos individuales y libertades públicas a todos por igual, ciudadanos y prensa. Sin embargo, en la práctica no está siendo muy equilibrado, pues la libertad de expresión de un ciudadano es muy reducida si no cuenta con la capacidad de difundir. Por contra, estas libertades son casi absolutas en los medios de comunicación social, pues cuentan con el monopolio de la difusión. Así pues, no hay un equilibrio justo.
Este desequilibrio se agrava aún más cuando algunos medios, carentes de un código ético razonable, difaman, acusan y acosan a ciudadanos individuales en razón de sus ideas, de su religión o de sus costumbres, en una actuación que obedece en muchas ocasiones a la intención de imponer cierta ideología en la sociedad. El ciudadano queda expuesto y su credibilidad queda en entredicho, pues el proceso para restituir su honor es largo y difícil.
No existe libertad real cuando los ciudadanos viven bajo constante inseguridad, pues pueden ser difamados impunemente en cualquier momento por algún medio de comunicación social, sin que les quede más solución que una difícil, incierta y costosa batalla judicial en un contexto en el que la libertad de expresión (de la prensa) se ha convertido en un mantra que justifica cualquier exceso.
Es importante recalcar que la mayoría de los medios de comunicación social serios se han dotado de un código ético respetuoso y equilibrado, pero existe una prensa extremista y sectaria, como ellos mismos se definen, que ha demostrado en múltiples ocasiones que no tienen el más mínimo reparo en invadir otros espacios de libertad. De este modo, abusan de unos derechos y libertades que fueron reconocidos para todos por igual con la intención de imponer una ideología totalitaria a una sociedad libre y abierta.
Es una obligación de todos los ciudadanos, de sus representantes políticos y de los poderes públicos estar vigilantes para que estos nuevos enemigos de la libertad no nos arrebaten la justicia y la igualdad que tanto esfuerzo ha costado conseguir.
Luis García-Mauriño, presidente de la asociación Tercios Viejos Españoles.