Los murcianos de bien, que creemos en la libertad y en el Estado de Derecho, asistimos estos días a un espectáculo casi pornográfico por su indecencia, consistente en la utilización política más chabacana de los resortes del Estado como si fueran un apéndice del partido socialista.
Me refiero al escándalo de las escuchas telefónicas, aventado de forma diaria en la prensa regional, que constituye una violación de los derechos civiles más elementales de los cargos populares, cuya intimidad vemos a diario escarnecida y vilipendiada por esas escuchas telefónicas, filtradas intencionadamente al objeto de asesinar civilmente a los miembros del Partido Popular que con tanta ilusión trabajamos para los murcianos cada día. Filtraciones en cuyo contenido nadie sensato puede ver nada penalmente relevante para sumario alguno, y ante lo cual sólo cabe preguntarse quién y para qué las pidió y por qué se autorizaron con tanta ligereza. En su momento habrá que pedir responsabilidades por este atropello.
Yo reto a cualquiera, ya sea arquitecto, mecánico, albañil, abogado, periodista, estudiante, fiscal, juez, político o policía a que se deje grabar sus conversaciones íntimas (esas que protege nuestra Constitución) y que luego se publiquen extractadas en su parte más jugosa ¿Qué le parece la idea al querido lector? ¿A que todos hablamos por teléfono con amigos en confianza y les contamos intimidades sabiéndonos protegidos por el Ordenamiento Jurídico?
Eso ya no es así. El Partido Socialista de Zapatero se ha cargado también esta garantía constitucional, sobre todo en la Región de Murcia. En realidad ha puesto en marcha un plan en tres fases.
La primera fase, con el líder socialista murciano Pedro Saura y compañía presentando querellas contra todo lo que se moviera en PP, se desplomó estrepitosamente en las últimas elecciones autonómicas y municipales, en las que el PSOE murciano cosechó el varapalo más importante de su historia. Yo ya fui víctima de esa fase cuando era concejal de Urbanismo en Molina de Segura y fui imputado por la fiscalía de un inexistente delito del que, naturalmente, fui absuelto. Incluso se falsificaron actas municipales para crearme un también inexistente escándalo urbanístico a costa de mi casa y de mi intimidad. El resultado fue que los dos concejales socialistas responsables de la manipulación de documentos acabaron condenados por la justicia. Pues bien, esa fase inicial se cerró con 19 archivos de querellas a favor del PP y la confianza renovada de los murcianos en el mejor presidente que ha tenido esta Región, Ramón Luis Valcárcel.
Estamos en la segunda fase, mejor diseñada pero igual de burda en esencia y ante la cual tampoco nos vamos a callar. Aquí es más sibilino todo. Se ha empezado por crear una unidad especial de la Guardia Civil por parte del ministro Rubalcaba, que curiosamente, como él mismo reconoció, sólo opera allí donde gobierna el Partido Popular (como si Chaves no tuviese familia en Andalucía). Del heroico cuerpo de la Guardia Civil no tengo ni la más mínima queja, sólo admiración por su heroísmo y entrega, pues sus miembros son lo mejor de la Nación española. Caso completamente distinto es el del personaje que han puesto al mando de esta unidad, al que el ministro Rubalcaba tiene para perseguir políticamente al PP allá donde gobierna.
Este personaje es el coronel Hernando, mano derecha en su día del encarcelado Rafael Vera y procesado en la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid en el caso GAL (que para el que no lo recuerde fueron los escuadrones de la muerte que se crearon en tiempos de los gobiernos socialistas de González para la guerra sucia contra el terrorismo y que hundió la lucha antiterrorista muchos años) por, presuntamente, llevar a Suiza maletines con dinero de los fondos reservados. Este sujeto es el que Mesquida y Rubalcaba anunciaron a bombo y platillo en octubre de 2006 que se encargaría de mandar esta unidad especializada para perseguir la supuesta corrupción en Madrid, Murcia y Valencia, gobernadas por los populares.
Como decía, el coronel Hernando, junto con las instrucciones que da el Fiscal General del Estado, nombrado a propuesta del Gobierno y que es el vértice de la pirámide fiscal, son los encargados de esta fase, basada en solicitar escuchas telefónicas de los cargos populares y presentar acusaciones contra ellos. En Murcia, los éxitos de esta operación se cifran en 34 archivos a favor del PP.
La tercera fase ya la adelantó Fernández Bermejo, cabeza de lista del PSRM-PSOE, aquí en Murcia la semana pasada: echar al PP del gobierno regional. Y lo ven fácil pues están intentando convertir lo que queda de legislatura, a falta de un proyecto para la región, en un vertedero jurídico-político que se trague, a ser posible, el honor, la honradez y la credibilidad de los que a diario trabajamos para nuestra tierra y para los murcianos bajo las siglas del PP.
Esta debe ser la "democracia avanzada" de Zapatero: perseguir al discrepante violando incluso los derechos fundamentales de los políticos no afines, filtrando a los medios locales transcripciones de cintas ajenas al sumario (pues en el sumario sólo se deben admitir las grabaciones relevantes, lo que hace sospechar que las "fuentes" periodísticas se alimentan del que hizo las grabaciones, es decir, del Ministerio del Interior o del de Justicia) en un ejercicio totalitario, que probablemente en un país anglosajón ya habría dado en la cárcel no con los huesos del escuchado, sino con los del solicitante y los del autorizador de la escucha.
Esta debe ser, sí, la democraZia avanZada, que envía faxes a los periódicos con transcripciones que, como decía, no constan en los sumarios y a las que sólo tienen acceso los sujetos de la segunda fase descrita y que no tienen otro fin que la destrucción y la muerte civil de alcaldes y cargos populares murcianos para llegar sin proyecto al gobierno de la Región.
No lo vamos a consentir. A la tercera fase le queda pasar por la segunda bis, que es arrollar a un partido sólido, honrado y ejemplar cuyos miembros han dado incluso la vida por España sin pestañear para defender la libertad de todos. Esto no les va a salir gratis ni lo vamos a permitir en el Partido Popular de la Región de Murcia.
Termino. Como verán no he comentado el contenido de las conversaciones. Me niego a aceptar que la romanización y la Libertad, que alguna vez llegaron a España, hayan perdido su vigencia. Me niego a aceptar que se pueda sacar ventaja política de la violación de derechos humanos fundamentales. Me niego a escuchar lo que se ha autorizado y grabado con tanta ligereza. Me niego a clavar el puñal de la lectura en la intimidad de nadie. Hay demasiada corrupción y no es en el partido popular murciano. El dinero se devuelve, el honor no. Hay demasiada corrupción ladrona y asesina de honra. En marzo hará las maletas, con Z.
