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24 horas detenido

Si alguien tenía duda de que existen justicias separadas y de que el asunto de Garzón no deja de ser una cosa entre jueces, aparece Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, y nos recuerda que "no todos los imputados son iguales"

Maite Nolla
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¿Y ahora qué? ¿La sentencia que condena a Garzón va a poner sobre aviso al estamento judicial? Me refiero a que si la sentencia, que no deja de ser una respuesta de manual para un caso de manual, va hacer que los jueces sientan mayor responsabilidad; y la responsabilidad se siente si existen consecuencias, como es obvio. Porque, al fin y al cabo, la sensación que se tiene es que, aunque en este caso la Justicia haya actuado como se esperaba, una cosa es la Justicia de salón de los grandes tribunales y otra la Justicia del día a día; la de las plazas de segunda y de tercera.

Difícilmente, un juez de los que ustedes habrán sufrido en sus asuntos, alejados de la política, va a responder como ha respondido Garzón, a no ser que se le coloque el foco político o que toque a alguno de los lobbies que realmente tienen poder en España. Y que Garzón haya logrado recusar antes del juicio a una decena de jueces demuestra que eso se jugaba en otra división. Lo que les quiero decir es que intenten ustedes recusar a un juez y luego nos lo cuentan.

Y es que si alguien tenía alguna duda de que existen justicias separadas y de que el asunto de Garzón no deja de ser una cosa entre jueces, justísima, pero entre jueces, nos aparece Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en el papel de Miranda Priestly, y nos recuerda que "no todos los imputados son iguales" y desempolva la teoría de la estigmatización. Cuando hasta el Rey nos dice que la Justicia es igual para todos, el mensaje del Consejo es muy claro: no es verdad, en España la Justicia no es igual para todos. Porque, como les decía, Garzón ha sido condenado de forma justa, pero difícilmente hubiera sido siquiera procesado si fuera el juez de primera instancia de Alpedrete. Y cuando los imputados no son de buena familia, comisionistas de Convergencia o compañeros de cacería, el trato es diferente: y eso lo reconoce el propio Consejo.
 
Veamos: aunque ustedes hayan oído otra cosa, Urdangarín no está imputado –de momento- por malversación, ni por prevaricación, ni por falsedad, ni por fraude fiscal. Es más, por alguno de estos delitos no podrá estar imputado en la vida, ni que hubiera querido cometerlos. Pero es que en las ocho páginas del Auto del juez de Palma -que ya sé que casi nadie se ha leído- lo que se hace es citar a Urdangarín como imputado pero únicamente para "posibilitar que dé su versión de los hechos, instruyéndole previamente de los mismos". ¡Cuánta amabilidad! El juez le cita para que se explique, pero no le imputa ningún delito concreto. Y luego se sorprende la opinión pública de que el juez muestre ahora algunos síntomas de flojera.
 
En cambio, confirmando las declaraciones de la señora Bravo, hoy mismo he sabido que en Lérida, el Juzgado de lo Penal número 3 ha tenido detenido durante veinte horas -noche en el calabozo incluida- a un señor para "requerirle que entregara el carnet y se abstuviera de volver a conducir". ¿Cuántos minutos ha estado detenido Millet, después de reconocer un desfalco de miles de millones? Ni uno. ¿Cuántas medidas cautelares se le han aplicado a Urdangarín? Las mismas que minutos ha estado Millet detenido.  ¿Acaso creen ustedes que esas veinte horas y esa detención desproporcionada van a dar con la expulsión de la carrera de la juez de turno?
 
La Justicia hace justicia con Garzón; pero eso no se va a notar mucho.   

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