Aunque la definición académica de estafa y la de timo sean casi idénticas –más o menos, robar con engaño–, pienso que en los timos el timador se aprovecha de la codicia del timado. En la estafa a veces también, pero la víctima puede ser simplemente víctima. No son del todo excluyentes, pero hay un matiz. En todo timo hay una estafa, pero en toda estafa no hay un timo. De todas formas, acepto discusiones.
Dicho esto, lo que se deduce de las espectaculares informaciones sobre el duque de Palma, es que –todo muy presuntamente– al enriquecimiento personal o fundacional se le añadía mucho listillo. Si es verdad que por once folios mal contados y peor hechos se pagaron setecientos mil eurazos, lo que cabe preguntarse es quién pensaba que se aprovechaba de quién. A no ser que detrás exista una falsedad o una evasión de impuestos a Liechtenstein o a algún otro lugar de Cataluña, en España vender informes de mala calidad no es delito. En cambio, lo que sí puede ser delito es haberlos contratado o encargado. Aquí –y no es por asustar–, pero los ayuntamientos, generalitats varias, diputaciones o equipos de fútbol, y sus alcaldes, consellers o presidentes, deben ir pensando en cómo justificar esas contrataciones sin haber cometido prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias o un popurrí de todos ellos, al que se puede añadir algún delito societario, sin son particulares. Tampoco hay que ser una sabuesa para pensar que lo que se estaba comprando era influencia o roce con la "Institución"; y ya saben ustedes que el roce hace el cariño. Y si se tenían que comprar informes a un precio por encima del de mercado, pues eso.
Aparte del reproche, digamos, moral de las conductas que se están publicando, realmente la implicación masiva y transversal de todo tipo de administraciones públicas y sociedades es uno de los problemas que puede tener la resolución de este asunto o su avance. Porque si al final resulta imputado el duque, necesitarán habilitar la Caja Mágica como sala de vistas para el resto de acompañantes. Añadan ustedes que la excesiva complejidad de los procedimientos y de las imputaciones siempre favorece al imputado. Me refiero a que sin tener más conocimiento del asunto que por lo que se publica, veremos hasta dónde llega el delito, la infracción administrativa, la tributaria y qué se puede imputar realmente. Además, no se extrañen ustedes de que a la vista de los precedentes de Millet, Prenafeta y otros ilustres, el caso de Urdangarín, si es que acaba habiendo caso, termine dentro de siete u ocho años con unas penas que los expertos considerarán insuficientes, y que los no expertos considerarán escandalosamente insuficientes. Con lo cual, en época de crisis la monarquía vinculará su nombre a la corrupción, y después de la corrupción, a la sensación de impunidad. Y en estas que se publica El linchamiento. En fin.