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Manuel Llamas

Morosidad de dos dígitos

Un peligroso cóctel que, tarde o temprano, se reflejará en números rojos en los balances, inyección de dinero público e, incluso, nuevas intervenciones por parte del Banco de España.

Manuel Llamas
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En primer lugar, olvídense de todos los mensajes y soflamas oficiales procedentes de los organismos públicos, ya sea Gobierno, Banco de España o entes similares. Estamos asistiendo a un gran engaño, a una gran estafa mediática perpetrada al unísono por la clase política y gran parte de la comunidad financiera para ocultar la gravedad de la situación. Ni la morosidad real de bancos y cajas es del 5,6% ni, mucho menos, contamos con el sistema bancario "más sólido del mundo", tal y como se atrevió a afirmar Zapatero en 2008. Por desgracia, nada más lejos de la realidad.

Las entidades españolas se enfrentan a su mayor reto en décadas: afrontar un inmenso volumen de créditos impagados al tiempo que mantienen los mínimos requisitos de capital exigidos para evitar la quiebra o, si se prefiere, la situación de insolvencia, sin necesidad de que el Estado salga al rescate, tal y como ha acontecido hasta el momento con Caja Castilla-La Mancha (CCM) y CajaSur.

Los datos clave a tener en cuenta son, simplemente, dos. Por un lado, la exposición de bancos y cajas al sector del ladrillo alcanzó una media del 60% en 2007 –seis de cada diez unidades de crédito–, si bien la situación de las cajas (70%) es peor que la de los bancos (50%). Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? En concreto, los créditos concedidos a inmobiliarias y constructoras ascendía a unos 450.000 millones de euros a diciembre de 2009, que sumados a los 652.000 millones en préstamos hipotecarios a los hogares arrojan una cifra total próxima a los 1,1 billones de euros, equivalente al PIB nacional. En tan sólo quince años el crédito asociado al ladrillo se ha multiplicado por más de doce, desde 88.500 millones a más de 1 billón.

Por otro lado, el sistema financiero español cuenta con unos fondos propios de 220.000 millones de euros –cifras de 2009–. Ése es el dinero con el que bancos y cajas deben hacer frente a las pérdidas derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria (impago de inmobiliarias, constructoras y empresas asociadas) y la crisis económica (parados sin recursos para pagar los préstamos).

La cuestión es que muchos de esos créditos nunca serán devueltos en su totalidad, lo cual se traducirá en menos beneficios bancarios (por el aumento de provisiones para cubrir la morosidad) e, incluso, abultadas pérdidas para algunas entidades. Pese a ello, cabe recordar que morosidad no es lo mismo que pérdidas. Los créditos cuentan con un colateral (garantía) que se ejecuta en caso de impago, de forma que la entidad podrá recuperar parte del dinero prestado con la venta de dicho activo (pisos y promociones embargadas, por ejemplo). Aunque, cosa aparte al tiempo que sustancial, es la liquidez del mismo. Y es que unos activos son más líquidos que otros. Así, por ejemplo, el gran agujero del sistema radica en los cerca de 150.000 millones de euros concedidos a los promotores para la compra de un suelo que, hoy por hoy, es invendible (ilíquidos). Por el contrario, los pisos tarde o temprano se colocan, aunque la cuestión aquí es... ¿a qué precio? A menor precio de venta, mayores pérdidas para el prestamista. De ahí, precisamente, el miedo y la reticencia del sector, y del propio Gobierno, a la caída de los precios inmobiliarios.

La clave del problema reside en saber cuál será finalmente el volumen total de créditos impagados que arrojará la presente crisis y los fondos propios con los que cuenta el sector financiero para afrontar las posibles pérdidas, y así determinar el déficit (necesidades de capital) que registrarán los bancos y, sobre todo, las cajas para evitar la insolvencia. En este sentido, las estimaciones oscilan entre los 100.000 y los 250.000 millones de euros adicionales. Un capital que, en su mayoría, se inyectará vía rescate público (el famoso FROB), es decir, emisiones de deuda pública que deberán ser sufragadas en última instancia por los contribuyentes.

Por el momento, la morosidad real del sistema supera el 9% (unos 160.000 millones de euros), y no el 5,6% oficial (poco más de 100.000). Un nivel de mora que, por cierto, ya se veía venir en 2008. Ahora, el Banco de España cifra los créditos "problemáticos" en 181.000 millones, incluyendo los que ya son morosos. De ahí que unos aboguen por vender activos mientras que otros animan a que se acelere la fusión y reestructuración de cajas de ahorros. Son conscientes de la grave situación que atraviesa el sector.

El problema es que todo apunta a que el volumen de créditos "dudosos" seguirá creciendo y alcanzará los dos dígitos, dado el estancamiento de la actividad, el aumento del paro y el riesgo de recaída económica, al tiempo que las pérdidas bancarias aumentarán como consecuencia de la depreciación de los activos inmobiliarios. Un peligroso cóctel que, tarde o temprano, se reflejará en números rojos en los balances, inyección de dinero público e, incluso, nuevas intervenciones por parte del Banco de España. Aunque llega con mucho retraso –mucho más del debido–, la crisis financiera en España comenzó en 2010.

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