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Bono escolar, eficiencia y libertad

Las universidades públicas reciben la mayor parte de su financiación independientemente de cuán satisfechos quedan sus clientes. Es necesario introducir más competencia en ese mercado, para que los productores presten más atención a los demandantes.

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Diversos representantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, encabezados por el excelentísimo y magnífico Rector de la Universidad Complutense de Madrid, don Carlos Berzosa, se manifestaron en las calles de la capital el 10 de diciembre para reclamar la pronta entrega de fondos comprometidos por el Gobierno regional cuyo pago se está retrasando. Diversas declaraciones del señor Berzosa indican que la manifestación tenía un significado más amplio que el de expresar angustia por una falta de liquidez. Se trataba sobre todo de salir en defensa de la universidad pública, al parecer amenazada de privatización y de invasión por empresas capitalistas. Tras estas actitudes late una idea algo elemental: los problemas de la enseñanza superior en España se resolverían con sólo multiplicar los fondos que el Estado y las Autonomías entregan a las universidades públicas.

En las universidades españolas son numerosos los departamentos en los que se enseña bien y se realizan notables investigaciones. Sin embargo, en su conjunto, el nivel de nuestras universidades no se corresponde con el progreso alcanzado por España en el último cuarto de siglo. Las clasificaciones internacionales las colocan en puestos que deberían avergonzarnos. La primera española en la lista del Times Educational Supplement es la de Barcelona, que ha pasado del puesto 194 en 2007 al 186 en 2008; todas las demás van por detrás. La Universidad de Jiao Tong de Shangai sólo incluye nueve españolas entre las primeras 500 del mundo. Es notable el contraste con la calidad de las escuelas de negocio percibida internacionalmente. Así, el Wall Street Journal ha otorgado el primer puesto mundial a ESADE, tanto en 2006 como en 2007. El Economist, por su parte, coloca el IESE y el Instituto de Empresa en 2008 entre las diez primeras escuelas del mundo. Fíjense que son todas privadas y que se financian con las matrículas y aportaciones de empresas. Esas escuetas cifras indican que algo pasa en nuestro mundo universitario que no es la falta de financiación.

Por emplear una metáfora ciclista, si hay instituciones españolas de enseñanza superior capaces de colocarse el maillot amarillo y, al mismo tiempo, nuestras universidades van rezagadas en la cola del pelotón de los domésticos, el defecto tiene que ser sistemático. La conclusión insoslayable es que la organización y el marco de incentivos de las universidades deben cambiar. Visto con ojos de economista, el mercado universitario está dominado por un cártel de empresas públicas sindicalizadas que prestan poca atención a las necesidades y deseos de su clientela, sea ésta la estudiantil, la empresarial o la de la sociedad. La razón primera tiene que ser que las universidades públicas reciben la mayor parte de su financiación independientemente de cuán bien desempeñan su misión y cuán satisfechos quedan sus clientes. En mi opinión, pues, es necesario introducir más competencia en ese mercado, de tal forma que los productores presten más atención a los demandantes.

Dirigí para el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES) un trabajo realizado por los profesores Villar y Castelao, de la Universidad CEU San Pablo, y titulado El bono universitario, o la financiación directa al estudiante universitario. Estaré encantado de enviar la segunda edición aumentada y corregida a los lectores que me lo pidan a través de mi página web. Primeramente, ponemos en duda que la educación superior sea una actividad que, no sólo merezca financiación pública, sino que deban realizarla en su mayor parte centros públicos. Luego, nos preguntamos sobre la forma que debe tomar la financiación pública para que mejore la calidad del producto. Nuestra tesis es que las universidades serían mucho más eficaces si estos fondos se entregaran directamente a los estudiantes o a la familia en forma de vales o bonos universitarios, o por medio de una desgravación fiscal. Ello supondría un acicate competitivo con efectos sin duda maravillosos, como ha podido observarse en los muchos países en los que se ha implantado el vale escolar. En todo caso, las autoridades no son quiénes para decir dónde han de gastar los estudiantes o sus familias las subvenciones a la educación: en un sistema democrático, los individuos deben poder ejercer su libre derecho de elección del centro que prefieran, público o privado.

En el curso 2007-2008, el precio público medio cobrado por matrícula en las universidades públicas de Madrid fue de 1.223,6 euros. El gasto presupuestado por alumno ascendió a 7.486. De esta suma, la Comunidad de Madrid financiará, entre gastos corrientes e inversiones, el 84,4% (6.322 euros), mientras que las matrículas se calcula que sólo cubrirán el 15,6% del gasto, es decir, 1.164 euros. Las universidades privadas tienen que cubrir todo su gasto corriente (incluida la enseñanza, la investigación y la amortización de sus inversiones de capital) con el ingreso por matrícula. Además de aumentar la matrícula pagada por los estudiantes de los centros públicos, con un sistema de vales o de desgravación, el destino de la subvención lo decidirían los propios estudiantes. Imagínense el efecto dinamizador que tendría sobre todos los centros de enseñanza la necesidad de atraer una clientela que decide dónde gastar su propio dinero y adónde dirigir las subvenciones públicas.

En un reciente programa de radio, el rector de la Complutense, señor Berzosa, me tildó de fanático defensor del anarco-capitalismo por haberme atrevido a proponer que los estudiantes o sus familias decidan en qué institución gastar las ayudas públicas. También le ha irritado sobremanera que haya sido el CES el que haya editado el estudio del que hablo. No nos sorprendamos: es normal en la España hoy que personas de convicciones izquierdistas exijan la prohibición de un trabajo científico por el mero hecho de que critique alguno de los dogmas de su ideología, en este caso, la exigencia de imponer un monopolio público en la educación. Sea como fuere, mientras en la Comunidad de Madrid no se restablezca el sistema de censura previa de tiempos pasados, seguiré sin doblar la cerviz ante el pensamiento único progresista.

 

© AIPE
 
Pedro Schwartz es profesor de la Universidad San Pablo CEU y académico asociado del Instituto Cato.

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