Un modelo de asociación tranquila y que pueden poner en marcha grupos de amigos sin un gran esfuerzo de activismo o económico es "Vigueses por la libertad", que inició Cristina Losada. Básicamente se trata de una tertulia semanal en alguna cafetería, que organiza conferencias diversas, y así han llevado a Vigo a Vidal Quadras, a Gotzone Mora y otros, al paso que se apoyan mutuamente con "Galicia Bilingüe" y otras asociaciones parecidas. Sin "Vigueses por la libertad" el panorama sería muy distinto en Vigo, es decir, estaría mucho más dominado por la izquierda y los nacionalistas que, ellos sí, no han dejado de moverse desde hace muchos años.
Este sábado me invitaron a una conferencia sobre la memoria histórica y la actualidad, el local estuvo completamente lleno y con bastantes jóvenes. El viernes di otra conferencia en Ferrol, patrocinada por la Central Librera, con menos asistencia y juventud, ya que fue un día muy lluvioso y en el Club de Campo, que queda en las afueras de la ciudad.
Pero insisto en asociaciones como "Vigueses por la libertad", de funcionamiento simple y que, una vez se domina la mecánica de las conferencias, permite una gran proyección, con poco esfuerzo, también en la prensa local. Por cierto, en mi caso me hizo una entrevista el diario Atlántico, pero no el Faro de Vigo ni La Voz de Galicia. He aquí la conferencia:
FRENTE POPULAR Y MEMORIA HISTÓRICA
La llamada Memoria histórica se asienta en la reivindicación del Frente Popular, y para comprender su alcance político actual, debemos repasar un poco la historia reciente y otra algo menos reciente.
Después de la muerte de Franco se planteó una transición a la democracia con la alternativa entre ruptura y reforma. La ruptura implicaba la negación de toda legitimidad al franquismo y el intento de enlazar la democracia con el Frente Popular de 1936-39, y transformar en vencidos a los vencedores de 1939. Esta salida era defendida por la oposición, mientras que el régimen franquista, que básicamente continuaba en pie, defendía la reforma. Dado que la reforma suponía en realidad la liquidación del aparato del estado de la época anterior, a veces se la ha llamado "ruptura pactada", pero no ocurrió así: el pacto solo se hizo en relación con la Constitución y después de que la opción rupturista quedase derrotada.
Describiré brevemente este proceso: durante el año 1976 existían de hecho, aun si no de derecho, las libertades de expresión y asociación, y la oposición las utilizó a fondo para organizarse y difundir masivamente su propaganda y consignas, con apoyo de la mayor parte de la prensa, y para convocar numerosas manifestaciones autorizadas y no autorizadas. La escalada llegó hasta el llamamiento de huelga general el 12 de noviembre de 1976, una huelga política por sus propias características, la cual fracasó.
A su vez, el franquismo elaboró, tras la dimisión de Arias Navarro, una ley de reforma que debía ser aprobada en referéndum nacional. Este referéndum se convocaba sin libertades oficiales, aunque sí fácticas, y la mayor parte de la oposición agitó para boicotearlo, mientras el sector más extremista rechazó de plano el proceso y el GRAPO intentó sabotearlo mediante acciones armadas. La campaña de boicot tuvo poco fuelle porque el fracaso de la huelga general había desmoralizado un tanto a sus promotores, porque sus movilizaciones a lo largo del año habían revelado una fuerza en aumento, pero muy insuficiente, y porque sus partidos no podían radicalizarse demasiado, al estar muy infiltrados por la policía, cosa que no ocurría con el GRAPO. Curiosamente, la historia ha sido contada al revés: el GRAPO sería el que estaba infiltrado, pero nunca se ha dado una sola prueba de ello, a pesar de contar los socialistas con los archivos policiales y el control de la policía durante muchos años.
Puede objetarse que si la reforma iba a eliminar el aparato franquista, la diferenciación entre ruptura y reforma no pasaba de cuestión bizantina. Sin embargo esa diferencia tenía y tiene trascendencia esencial. La reforma significaba pasar "de la ley a la ley", es decir, rechazar la legitimidad del Frente Popular y reconocer al franquismo una legitimidad que a su vez traspasaba a la democracia. Esa es la clave del problema y en buena medida la explicación de la deriva de la democracia posterior.
La reforma ganó la batalla, pues el referéndum del 15 de diciembre de 1976 tuvo una votación positiva abrumadora. Por tanto, la oposición hubo de reconocer, entre otras cosas, una democracia encabezada por una élite proveniente del régimen anterior, que implicaba, entre otras cosas, un rey nombrado por Franco y la bandera bajo la cual había sido vencido el Frente Popular. El pacto entre la oposición y los reformistas vendría después, para elaborar la Constitución. Esta admitió exigencias de la oposición, de tipo socialdemócrata y nacionalista, que dieron a la ley un carácter íntimamente contradictorio. Quizá valga la pena contrastar la aprobación de la reforma por el 74% del cuerpo electoral, con la aprobación mucho menor de la Constitución, con el 61%.
Así, paradójicamente, la dictadura se transformaba en democracia, mientras que la oposición, que se decía democrática, se veía obligada a seguir el camino marcado por los franquistas. Sin embargo, la paradoja tiene fácil solución si atendemos a los hechos más que a las palabras. En el franquismo siempre hubo dualidad entre quienes lo veían como la superación del socialismo y del liberalismo, y quienes lo consideraban una solución extraordinaria a la crisis extraordinaria de los años 30, y por tanto destinado a evolucionar antes o después hacia un régimen similar a los del oeste europeo. Esta segunda postura cobró fuerza, y hacia el final del franquismo se hizo dominante. En cuanto al carácter democrático de la oposición antifranquista, suscita más que dudas. Su principal partido, el comunista, era, como su nombre indica, radicalmente totalitario, por más que nunca cesara de invocar las libertades, desde tiempos de Stalin y antes. El PSOE era marxista y se había reorganizado muy a última hora, como los nacionalistas catalanes y vascos, con evidente permiso de la Guardia Civil. Las organizaciones maoístas y terroristas también hablaban de democracia, pero nunca fue obligatorio creerles. Los 300 presos políticos que salieron en las amnistías de la Transición –un número bajo para un país de 36 millones de habitantes– eran casi todos comunistas o terroristas. Los demócratas, propiamente hablando, nunca molestaron gran cosa al franquismo, ni viceversa, y no los había en las cárceles de Franco.
Otro dato ayuda a aclarar el democratismo de aquella oposición: en 1976 visitó España el premio Nobel de literatura Alexandr Solzhenitsin, quien comparó a la España franquista con la Unión Soviética. Lo que dijo era cierto, pero la oposición en pleno saltó como un resorte en defensa de la URSS y cubrió de improperios al escritor. Lo más significativo es que no fueron los comunistas los más enfurecidos, sino personajes y grupos muy variados, desde la extrema izquierda a los democristianos de Ruiz Giménez. Esa fascinación por el totalitarismo soviético era otro aspecto del intento rupturista de enlazar la democracia con el Frente Popular, legitimando a este.
La oposición más radical, en primer lugar la ETA, el GRAPO, organizaciones anarquistas, etc., rechazó abiertamente la reforma, le negó toda legitimidad y denunció al resto de la oposición, que se había resignado a dicha reforma y renunciado a convertir a los vencedores de 1939 en vencidos. Pero esa resignación era transitoria, y su sentido lo expuso años después Alfonso Guerra: en la transición y después no pudieron hacer al franquismo un proceso político –y a ser posible judicial–, pero después del triunfo socialista en 2004 sí se creyeron con fuerza para hacerlo, mediante, entre otras cosas, la Ley de Memoria Histórica. Esta ley es, en su misma formulación, totalitaria, y su fondo político no es la reivindicación de las víctimas, sino del Frente Popular e incluso de la ETA –que es también beneficiaria de dicha ley–, así como la deslegitimación total del franquismo y, por tanto, de cuanto procede de él, concretamente la monarquía y la democracia actuales. Es la vuelta a la ruptura no conseguida en 1976-77, y no es casual que se diera en colaboración con la ETA, que siempre rechazó la reforma.
Vemos, por tanto, que la cuestión del Frente Popular no solo tiene interés histórico, sino la máxima actualidad política. Conviene, por ello, aclarar qué fue ese Frente, algo que poca gente conoce, debido al intenso lavado de cerebro que el país ha sufrido durante décadas, ayudado por la inhibición de la derecha.
Debemos diferenciar, ante todo, entre la república y el Frente Popular, que suelen identificarse erróneamente. En realidad fue el Frente Popular el que acabó con la legalidad republicana, que en su origen fue hasta cierto punto demócrata-liberal. Se ha discutido la legitimidad de la república, alegándose que nació de unas elecciones solo municipales y perdidas, además, por los republicanos. Esto es cierto, pero su legitimidad no viene de esas elecciones, menos aún del golpe militar con el que intentó imponerse en diciembre de 1930. Esa legitimidad procede de la monarquía, la cual despreció a sus propios votantes y entregó el poder a los republicanos que habían fracasado en su golpe militar y perdido las elecciones de abril del 31. Tan pasmosa entrega, bien reflejada en documentos y memorias de la época, es insólita en la historia de cualquier país y revela la profunda quiebra moral e ideológica de los monárquicos.
Por los vuelcos de opinión propios de tales momentos, y por la desorganización de la derecha, las izquierdas obtuvieron una gran victoria en las elecciones a Cortes de junio de 1931, quedando como primer partido el PSOE, que era el más masivo y organizado, gracias a su anterior colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Cabía esperar que el PSOE persistiera en su moderación, pero, al revés, consideró a la república un régimen burgués transitorio, utilizable para instaurar pronto un socialismo concebido como "dictadura del proletariado", es decir, dictadura del propio PSOE. Y la Esquerra nacionalista catalana interpretaría el estatuto de autonomía, no como la solución al problema que ella misma planteaba, sino como un paso en un camino de final incierto.
Las Cortes de julio del 31 tenían por objeto elaborar una Constitución, por lo que, una vez votada esta, debían realizarse nuevos comicios para dejar paso a un gobierno ya constitucional y no provisional, pero los socialistas se opusieron y Largo Caballero amenazó ya entonces con una guerra civil. Así, sin nuevas elecciones, se formó un gobierno de republicanos de izquierda y socialistas, presidido por Azaña.
El bienio republicano-socialista fue muy convulso. Las izquierdas habían empezado por organizar grandes incendios de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, los anarquistas lanzaron tres movimientos insurreccionales, causaron casi 200 muertos, y hundieron el crédito de Azaña después de la matanza de Casas Viejas, en enero de 1933. El general Sanjurjo, que había ayudado a traer la república más que la mayoría de los jefes republicanos, se sublevó en agosto de 1932, pero careció de apoyo real de la derecha, por lo que fue rápidamente vencido, con un saldo de 10 muertos. Al revés que las insurrecciones anarquistas, el golpe de Sanjurjo reforzó y radicalizó a la izquierda. La derecha estaba aún poco organizada, pues sólo en primavera de 1933 logró unirse en la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que no era propiamente un partido, sino una federación de ellos. La CEDA aceptó la república sin identificarse con ella, mientras el sector monárquico, muy minoritario, pasó a rechazarla tras las jornadas de quemas de conventos y centros culturales, las cuales también motivaron algunas conspiraciones militares muy minoritarias e insignificantes. El gobierno de izquierdas emprendió varias reformas, algunas bien enfocadas pero mal realizadas, como la militar, y otras mal enfocadas de raíz. El resultado fue una escalada de la pobreza, y el hambre volvió a los niveles de principios de siglo. La delincuencia política y común creció en espiral, como también la propaganda antiespañola en Cataluña y Vascongadas.
A consecuencia de aquel convulso bienio, el centro-derecha ganó por amplio margen las elecciones de noviembre de 1933. Estas elecciones demostraron que la república, a pesar de fuertes restricciones a las libertades y de ataques antidemocráticos a los sentimientos religiosos de la mayoría, conservaba rasgos democráticos que permitían la alternancia y la corrección de excesos. Sin embargo, las izquierdas y los nacionalistas catalanes y vascos rechazaron el veredicto de las urnas. Los republicanos, Azaña en primer lugar, intentaron dos golpes de estado, y a lo largo de 1934 agitaron con maniobras desestabilizadoras, mientras la Esquerra preparaba una insurrección. El PSOE eliminó al legalista Besteiro de la UGT y preparó sistemáticamente la guerra civil, así llamada en sus documentos. Y de ahí salió la insurrección armada de octubre de 1934, que fracasó principalmente porque la población no siguió los llamamientos de los jefes insurrectos, aunque dejó un rastro de 1.300 muertos e ingentes destrucciones de inmuebles, bibliotecas, obras de arte, etc. Estos hechos, que aquí resumo al máximo, pueden considerarse hoy plenamente documentados y verificados.
La insurrección de 1934 fue, en rigor, la primera fase de la guerra civil, y un rasgo clave de ella fue la participación de toda la izquierda, en un grado u otro, al revés de lo ocurrido con la derecha en el caso de Sanjurjo. Los protagonistas mayores fueron el PSOE y la Esquerra, pero también actuaron los comunistas y parte de los anarquistas, mientras las izquierdas republicanas rompían con las instituciones, es decir, con la legalidad, en apoyo de los insurrectos. También participó el PNV en las previas maniobras desestabilizadoras. Aquello prefiguró lo que sería el Frente Popular de 1936.
El fracaso no aleccionó a la izquierda en el sentido de respetar la democracia y la legalidad, sino que el sector predominante del PSOE, el de Largo Caballero, se sovietizó aún más o bolchevizó, como se decía; el sector de Besteiro volvió a ser marginado y el de Prieto optó por aliarse con Azaña a fin de ganar las siguientes elecciones y, desde el poder, depurar el estado para impedir que la derecha volviera a gobernar, creando una situación seudodemocrática similar a la del Méjico del PRI. Azaña y Prieto no pensaban en lo que después se llamaría Frente Popular, que era una táctica comunista para hegemonizar y conducir los movimientos "antifascistas". De hecho, a Azaña y a Prieto les disgustaba admitir a los comunistas en la coalición, pero hubieron de ceder porque una gran parte del PSOE lo deseaba. Por entonces el PCE se estaba infiltrando en la UGT y las juventudes socialistas.
Esta coalición no habría triunfado, probablemente, si el presidente de la república, el conservador Alcalá-Zamora, no hubiera provocado una crisis innecesaria expulsando a la CEDA del gobierno y montando otro a su gusto, de escasa legitimidad, sin apoyo parlamentario. Esta maniobra le forzó a convocar nuevos comicios en un momento de odios exacerbados, en febrero de 1936, que han quedado con el nombre, algo inapropiado, de "elecciones del Frente Popular". La campaña electoral fue muy violenta, con amenazas de la izquierda de no reconocer un resultado desfavorable, y con numerosos disturbios y falsificaciones en las urnas, según indicó el propio Azaña. Las votaciones reales nunca fueron publicadas, lo que convierte estas elecciones en no democráticas e ilegales. Como fuere, la coalición de izquierdas, todavía no llamada Frente Popular y compuesta de los partidos y políticos que habían asaltado la república en el 34, ocupó el poder, y de inmediato se desató un proceso revolucionario desde la calle y una demolición de la legalidad desde el gobierno. El propio Azaña expresa bien lo que ocurría, al mes de las elecciones: Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias,6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la Propiedad. A media tarde incendios en Albacete y Almansa. Ayer motín y asesinatos en Jumilla. El sábado Logroño, el viernes Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles Vallecas. Han apaleado a un comandante, vestido de uniforme y que no hacía nada. En Ferrol a dos oficiales de artillería. En Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias". En cinco meses hubo unos 300 muertos y más de de mil heridos, la inmensa mayoría de ellos causados por las izquierdas, aparte de cientos de iglesias y otros edificios incendiados, ocupaciones ilegales de fincas, etc. Las peticiones de la derecha para que el gobierno cumpliera e hiciera cumplir la ley eran recibidas en las Cortes con burlas, insultos y amenazas de muerte.
Tanto por su origen como por su negativa a cumplir las leyes todavía vigentes, aquel gobierno, presidido primero por Azaña y luego por Casares Quiroga, era claramente ilegítimo. Pero además, la izquierda expulsó ilegalmente de sus escaños a numerosos diputados derechistas, eliminó la independencia judicial poniendo a los jueces bajo el control de los sindicatos, destituyó ilegalmente al presidente Alcalá-Zamora, que había facilitado la victoria de las izquierdas, depuró diversos aparatos del estado, ensalzó y devolvió a sus puestos a los funcionarios y políticos condenados por la sublevación de octubre del 34, etc. Hechos todos ellos bien documentados. Cuando diversos historiadores y políticos afirman hoy que se trataba de un gobierno legítimo y democrático, debemos entender que para ellos un gobierno legítimo y democrático es el que lleva a cabo una política de este estilo. Así, la coalición de izquierdas fue tomando la forma de un verdadero Frente Popular en el que marcaban la pauta el sector bolchevique del PSOE y el Partido Comunista, que crecía con gran rapidez y en estrecha alianza con Largo Caballero.
La derecha estaba durante aquellos meses muy acobardada, aunque algunos militares encabezados por Mola se pusieron pronto a conspirar para dar un golpe republicano que enderezase la situación. El golpe era muy azaroso, porque el ejército, como la sociedad, estaba dividido, y porque a muchos les echaba atrás el recuerdo de la sanjurjada. El propio Franco, metido en la conspiración, procuraba aplazar el golpe todo lo posible. El asesinato de Calvo Sotelo, el líder más notorio de la oposición por entonces, perpetrado por socialistas y policías, fue en sí mismo una declaración de guerra y la gota que colmó el vaso y decidió a actuar a muchos que vacilaban, entre ellos el propio Franco. Antes de este se habían alzado contra la república los anarquistas, Sanjurjo, el PSOE, los republicanos de izquierda, los nacionalistas catalanes y, en parte, el PNV. En rigor, Franco y los suyos no se levantaron contra la república, pues esta había quedado destrozada después de las elecciones de 1936, sino contra un proceso revolucionario.
Así la guerra civil se reinició o entró en una nueva fase. El golpe de Mola fracasó y el Frente Popular pudo haber aplastado a los rebeldes, aunque las decisiones de Franco y las disputas internas entre izquierdas y nacionalistas cambiaron poco a poco las tornas, hasta determinar la victoria de los nacionales. Durante la guerra el Partido Comunista, gracias a la protección de la URSS y a tener una mayor disciplina y estrategia, de la cual carecían sus aliados, se convirtió en el eje de la lucha contra Franco, haciendo que la guerra durase cerca de tres años, cuando pudo haber terminado en cinco meses. A su vez, la rebelión derechista, en un principio republicana, evolucionó hacia la negación de la república y de la democracia por considerarlas causantes de las convulsiones de aquellos años, y hacia la instauración de un régimen autoritario, aunque no totalitario. No debe olvidarse que poco antes de llegar la república, Franco se había declarado partidario de una democracia ordenada.
El Frente Popular no incluía de derecho, pero sí de hecho, a los nacionalistas catalanes y vascos, y a los anarquistas. Por tanto podemos ver que aquellos supuestos defensores de la democracia se componían, en primer lugar, de los marxistas revolucionarios y golpistas del PSOE, a menudo más exaltados que los comunistas; del PCE, un partido agente de Stalin y orgulloso de serlo; de los anarquistas, enemigos por principio de la república y de la democracia; de la Esquerra catalana, cuyo golpismo de 1934 no dejaba de mostrar ciertos rasgos fascistas; de los republicanos de izquierda, golpistas a su vez cuando perdieron las elecciones de 1933 y destructores de la legalidad desde febrero de 1936; y del PNV, un partido extremadamente racista, no muy alejado en sus doctrinas del nazismo y que durante la guerra traicionaría a sus aliados entendiéndose con los fascistas italianos. Decir que este conglomerado de partidos defendía la república y la democracia resulta una osadía verdaderamente asombrosa, algo así como presentar a Hitler como defensor de los judíos. Y sin embargo una afirmación tan radicalmente imposible e ilógica ha circulado durante largos años y convencido a muchos, debido a que una mentira muy repetida parece convertirse en verdad, como decía Goebbels.
El balance del Frente Popular es igualmente bien conocido. Al exportar ilegalmente el grueso del oro a la URSS, se convirtió de modo inevitable en satélite de Stalin, quien tenía en sus manos la mayor parte del suministro de armas. Otras armas fueron compradas con la parte del oro depositada en Francia y de la plata vendida en Usa, dando lugar a una corrupción extrema y muy denunciada desde la propia izquierda. Los jefes del Frente Popular organizaron desde muy pronto el saqueo sistemático de bienes particulares y del patrimonio artístico e histórico español, de museos, etc., en el curso del cual fueron destruidas numerosas bibliotecas, monasterios, edificios de gran valor artístico, etc. Parte de esos tesoros fue llevada a Méjico por Negrín en el barco Vita, y en Méjico se la birló limpiamente el también socialista Prieto, de acuerdo con el presidente mejicano Cárdenas. Hubo además constantes reyertas dentro del Frente Popular, que dieron lugar a dos breves guerras civiles internas, en mayo de 1937 y en marzo de 1939, aparte de numerosos asesinatos, torturas y detenciones ilegales, de las que el caso más conocido es el del líder del POUM Andrés Nin, uno entre muchos. El Frente Popular, pese a verse claramente derrotado ya en 1938, mantuvo la guerra con la esperanza de enlazarla con la guerra europea. De haber entrado España en la guerra mundial, como deseaban las izquierdas, las víctimas y desastres de la guerra civil se habrían multiplicado.
Un balance, como vemos, muy poco satisfactorio, por decirlo suavemente. Pero esto es lo que ha significado histórica y políticamente el Frente Popular reivindicado por el gobierno, por numerosos partidos y por la ley totalitaria de la memoria histórica. Ante lo cual cabe preguntarse si toda esa gente ignora tales hechos. La respuesta es no, los conocen necesariamente, pues están bien claros no solo en investigaciones recientes, sino en las disputas y polémicas entre las mismas izquierdas. Por increíble que resulte, esos políticos, historiadores y partidos se identifican con semejantes políticas.
Podemos ver el asunto desde otro punto de vista: ¿cuáles han sido los mayores peligros y amenazas que ha soportado la democracia española desde la transición? Señalaré cuatro, todos ellos de tendencia rupturista: a) el terrorismo, casi todo él de origen izquierdista y separatista; b) las oleadas de corrupción, fundamentalmente socialistas; c) lo que el socialista Alfonso Guerra definió como "la muerte de Montesquieu", es decir, la liquidación de la independencia judicial; d) los separatismos, que entrañan el ataque a la unidad de España, a la Constitución y a los derechos ciudadanos de vascos, gallegos y catalanes. Todas estas amenazas han situado a la democracia en serio peligro, y todas ellas se relacionan en mayor o menor grado con la reivindicación de la supuesta legitimidad del Frente Popular.
Esta reivindicación niega implícita o explícitamente la legitimidad de la actual democracia y de la monarquía, y desde la vuelta del PSOE al poder, en 2004, ha entrado en una escalada cuyos puntos más demoledores, pero no únicos, desde luego, son, como he indicado, la ley de memoria histórica y la colaboración con la ETA. Nunca este grupo terrorista había encontrado una colaboración mayor y de más alcance, ni por parte del clero nacionalista vasco, ni de la prensa autodenominada progresista, ni del PNV, ni de los gobiernos franceses o argelinos. El gobierno ha legalizado al terrorismo en sus terminales políticas, ha intentado silenciar y desacreditar a sus víctimas directas, le ha entregado grandes sumas de dinero, le ha dado proyección internacional gratuitamente, ha utilizado a la policía para librarle de la acción judicial y, sobre todo, le ha ofrecido la demolición de la Constitución mediante hechos consumados, con el modelo del estatuto catalán (copiado por el PP), justificando y premiando así el asesinato como método de hacer política en España. Ya he dicho en otras ocasiones que esta colaboración, disfrazada de "diálogo" y de "proceso de paz", no se asienta en otra cosa que en una coincidencia ideológica básica entre el gobierno y la ETA: ambos se proclaman socialistas, antiimperialistas, visceralmente antifranquistas, feministas, la ETA es antiespañola y el gobierno indiferente a España, etc. De momento, los negocios entre ambos han salido mal, porque la ETA ha exigido aún más, pero cuatro años de colaboración han dejado tambaleante la legalidad democrática y el estado de derecho. La nueva legalidad que se intenta imponer mediante hechos consumados y basada en estas colaboraciones, en la muerte de Montesquieu, en la corrupción institucional, etc., reproduce precisamente la falsa legalidad del Frente Popular, con variantes impuestas por el cambio de los tiempos. Lo cual nos indica la importancia de la historia en el presente. Creo que los ciudadanos tendrán que elegir, si no quieren que otros elijan por ellos y le marquen un camino muy poco envidiable.