Con las noticias sobre el caso Faisán y Sortu regresamos a la disyuntiva de si negociar o no con ETA, lo cual nos lleva a un problema básico del buen gobierno: a saber, si negociar con los terroristas es algo negativo desde el punto de vista político, además de serlo desde el punto de vista moral. Pues cuando se dice que todos los Gobiernos de la democracia, de una manera u otra, han intentado llegar a acuerdos con ETA, se olvida un hecho capital: el gobernante, el político, debe tener una voluntad, una razón de ser de su política, y además debe concretarla en hechos que sean conseguibles. Así, un político debe tener la voluntad de dirigir la sociedad hacia lo que considera correcto, y a partir de ahí, en un ejercicio de responsabilidad –lo que Weber denominó la ética de la responsabilidad– intentar obtener lo que realmente se pueda conseguir. Y es justo este punto, la ética de la responsabilidad del gobernante, lo que diferencia al Gobierno ZP de lo que debiera ser un buen gobierno.
No hay que olvidar que cuando el Gobierno de ZP llegó al poder, ETA estaba más debilitada que nunca, con lo que la opción de la negociación no tenía ninguna utilidad incluso si su finalidad sólo era la de derrotar al terrorismo. Mas su finalidad no parece que fuera únicamente esa: su intención era un final pactado del que saliera como triunfador Zapatero de forma exclusiva, algo que lo único que ha conseguido ha sido dar oxígeno a ETA.
Lo que nos vuelve a llevar al punto esencial de toda posible negociación. A sabiendas de que puede ser un mal menor para acabar con el terrorismo –la negociación debe partir de esa idea del mar menor–, su utilización deja de tener sentido si los beneficios de poder acabar con el terrorismo por medio de una negociación no son mayores que los de acabar por medios únicamente policiales y penitenciarios, algo que sí parecía posible en 2004, cuando Zapatero llegó al poder. Se han dilapidado unos años preciosos que ahora no se pueden volver a perder.