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Para Chávez, la economía es un fastidio

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Caracas. Fue un error tomarle la palabra al presidente Chávez, cuando dijo que tras las megaelecciones del 30 de julio le dedicaría toda su atención a la economía. A decir verdad, lo intentó. El 7 de agosto designó cinco comisiones presidenciales para tratar los temas de política económica, seguridad social, empleo, seguridad personal y alimentación para los más necesitados. Pero esas comisiones no se han mostrado particularmente activas, lo que refuerza la hipótesis de que fueron creadas para aparentar más que otra cosa, así como para legitimar programas que ya han sido diseñados por el Ejecutivo.

Para Chávez, la economía es un fastidio. Las ruedas de prensa, Aló Presidente, las cadenas nacionales por radio y televisión y los viajes internacionales son mucho más entretenidos. Pero por un amplio margen, lo mejor de todo es una buena campaña electoral.

El presidente ha delegado la mayoría de los asuntos económicos en su ministro de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, el titular de Finanzas, José Rojas, y el presidente de la petrolera PDVSA, Héctor Ciavaldini. Ahora en la mirilla del presidente están la otrora poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y los no tan poderosos voceros de la incipiente sociedad civil.

El presidente tomó la palabra en la convención de la recién creada Fuerza Bolivariana de Trabajadores para convocar a un referendo sobre su propuesta que todas las organizaciones sindicales se combinen en una sola, dominada por el mismo y su partido. Luego sugirió que el referendo se celebre el mismo día que las elecciones de concejales y juntas parroquiales, programadas tentativamente para el 3 de diciembre. La idea es que el efecto portaaviones le confiera una mayoría contundente. Con justa razón, la CTV protestó diciendo que el procedimiento es inconstitucional y violatorio de compromisos suscritos por el país en el marco de tratados internacionales, por ejemplo, las normas de la OIT.

Lo irónico es que el presidente podría lograr básicamente el mismo resultado utilizando los mecanismos regulares, ordenando la realización de elecciones en los sindicatos, tal como lo prevé la Constitución y haciendo que sus candidatos se postulen para cargos sindicales a todos los niveles. En vista de la reputación de la CTV como trinchera de "cúpulas corruptas" y de las facultades proselitistas de Chávez, probablemente sus candidatos ganarían.

Pero a Chávez no le gusta apegarse a las reglas y prefiere el enfoque bélico que presupone la destrucción absoluta de la CTV y su reemplazo por una nueva organización, que presumiblemente será exactamente igual que aquélla en todo menos en el nombre. Pensar en una campaña paulatina para desalojar al liderazgo actual a través de los mecanismos establecidos, igual que la economía, al parecer resulta demasiado fastidioso.

El presidente también ha venido fustigando a sus críticos de la sociedad civil, especialmente a Elías Santana, de Queremos Elegir, quien fue objeto comentarios presidenciales particularmente desagradables en el programa Aló Presidente del 27 de agosto. Santana exigió su derecho a réplica (tal como lo contempla la Constitución), pero el presidente se lo negó.

El 30 de junio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que las organizaciones religiosas y cualquier otra organización que perciba subsidios de fuentes extranjeras no pueden considerarse como integrantes de la "sociedad civil", para los fines que la Constitución le asigna a la sociedad civil. Eso básicamente elimina a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales más respetadas de Venezuela, dejando el terreno libre para lo que un analista describió como la Asociación de Comerciantes Informales de Caracas y los Productores de Plátano del Estado Zulia en representación de todos aquellos venezolanos que no forman parte de los partidos políticos ni de los militares.

A la mayoría de los empresarios le importa un bledo quién o cómo se elijan los dirigentes sindicales, o cómo se defina a la sociedad civil. Lo que sí importa a los empresarios son los procedimientos y el estado de derecho. Si el presidente puede salirse con la suya pisoteando la Constitución, las leyes y los procedimientos vigentes para obtener el resultado que desea con los sindicatos y la sociedad civil, entonces ¿qué queda para un inversionista? Cabría pensar que "muy poco". Claro que las inquietudes de los inversionistas se concentran en el ámbito de las políticas económicas, pero eso le fastidia al presidente.

© AIPE
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Robert Bottome es director de la revista VenEconomía.

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