(Libertad Digital) La Gaceta de los Negocios publica este sábado las principales conclusiones extraídas de un informe elaborado por especialistas en delincuencia organizada del SUP. Según este estudio, "la legislación española, en su intento por ser humanitaria con el infractor, le protege hasta el punto de que los criminales han visto un auténtico paraíso para delinquir, y viajan en masa hasta la Península para actuar".
El documento también denuncia que "los jueces optan casi siempre por la libertad provisional, ya que en muchas ocasiones los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se encuentran abarrotados". Esto, según el texto, tiene dos consecuencias. Por un lado, los criminales observan que sus actos no reciben castigo y, por otro, se empapan de las técnicas que utilizan los policías y las asimilan para tratar de evitarlas en posteriores delitos.
El informe también acusa a "los jueces de hacer prevalecer los derechos del delincuente sobre los de la víctima, sobre todo cuando son ladrones extranjeros que roban en viviendas, algo por otra parte cada vez más frecuente en España". Además, la actuación de los jueces también tiene cierta base legislativa. El Código Penal, explica el texto, asegura que al delincuente extranjero al que se le condene a seis años o menos de cárcel, se le expulsará de España y no podrá volver en un periodo de entre tres y diez años.
Según el informe, este artículo del Código Penal en realidad trata de dar una salida a la saturación de las cárceles. Sin embargo, lo que realmente consigue es que todos los delincuentes que roben en viviendas se enfrenten como máximo a ser expulsados del país. Si el extranjero vuelve a ser descubierto de nuevo en España antes de que haya cumplido los años convenidos, la pena que se le aplica es de nuevo la expulsión del territorio. "Sin duda, compensa ser delincuente", según La Gaceta. Además, lo que ocurre en la práctica es que los criminales que son expulsados regresan a España con documentación nueva, roban, se hacen con grandes cantidades, y se vuelven a sus casas. Repiten la operación hasta que son detenidos, momento en que, gracias a la ley, también se van a sus casas.
El rotativo afirma que "esta ridícula pena provoca un efecto llamada entre los criminales extranjeros". El documento resalta que, no sólo llegan a España delincuentes experimentados, sino "también personas que aterrizan en el país con la intención de trabajar pero que, al conocer las consecuencias que supondría optar por el robo, terminan apostando por esta última carta, ya que el máximo riesgo que corren es ser expulsados, y además por un tiempo limitado"."Si les sale bien la jugada, sin embargo, consiguen un gran beneficio".
El texto del sindicato policial mayoritario propone como solución acudir al Convenio Europeo en Materia Penal. Se trata de un acuerdo al que se adhirieron todos los países de Europa y que permite que el criminal que delinque en otro país europeo que no es el suyo pueda ser remitido a su nación de origen para que allí sea juzgado y, en su caso, condenado. Se trata de un convenio que se basa en el principio de la mala imagen que dan los criminales al país de donde proceden. La aplicación de la norma europea, en opinión de los redactores del citado informe, conllevaría un duro golpe contra la delincuencia organizada procedente del Este y que opera en España. La razón, continúan, es que los criminales que "trabajan" en nuestro país vienen todos de países adscritos a este convenio.
El documento recuerda que hace unos años se trató de aplicar este criterio. Sin embargo, la presión de las organizaciones humanitarias pesó más, ya que éstas argumentaron que algunas cárceles extranjeras no eran consideradas dignas. Por todo esto, "tanto la legislación española como su aplicación llevan a que en la práctica los criminales que pertenecen a las bandas armadas orientales terminen siendo puestos en libertad de manera automática".