L D (Europa Press) Rodríguez tuvo su teléfono móvil pinchado durante varios días por orden del juez que instruye el "caso Andratx", que tomó la decisión a instancias del fiscal Anticorrupción en Baleares, Joan Carrau, entendiendo que podría existir delito de encubrimiento o revelación de secretos.
Antes que el consejero y secretario general del PP en Baleares, había tenía intervenidas sus comunicaciones telefónicas el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. La Fiscalía Anticorrupción instó al juez a intervenir también el teléfono del consejero y número dos de los populares de Baleares. Esa intervención podría haberse prolongado por dos meses, pero fue el fiscal quien pidió que se pusiera fin a la misma una semana después, sin que se apreciara indicio de delito en relación con el "caso Andratx", según el auto del juez responsable.
Una vez que se ha dado a conocer ese auto, la dirección del PP entiende que podrían haberse vulnerado los derechos fundamentales del consejero Rodríguez a partir de una petición de intervención de comunicaciones de la Fiscalía que, supuestamente, buscaba prevenir un delito.
Por ello, sus servicios jurídicos están estudiando ya las posibilidades de acudir a los tribunales por este asunto, al tiempo que el Grupo Popular en el Congreso ya ha solicitado la comparecencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que responda por la utilización "perversa" que, a su juicio, se ha hecho de los medios del Estado al ordenar que se pinchase el móvil del consejero de Interior del Gobierno balear.
Por su lado, el Gobierno balear ha instado este martes por la mañana al Fiscal Jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, para que actúe de oficio contra aquellos medios de comunicación que hayan dado por hecho que el Ejecutivo de las islas avisó al alcalde de Andratx de que se abriría un caso en el que, finalmente, ha sido imputado.