El juez de instrucción número 42 de Madrid ha archivado este miércoles la causa seguida por la supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo el pasado 22 de enero.
El archivo de este caso –abierto en su día con el exclusivo objetivo de desacreditar a las víctimas del terrorismo y al PP– no puede, sin embargo, quedar ahí. Hay un jubilado y una ama de casa, también de avanzada edad, que fueron injustamente detenidos bajo la surrealista acusación de haber agredido, a casi dos metros de distancia, a ese corpulento ministro que, en esos momentos, iba rodeado de varios no menos fornidos guardaespaldas. Su “delito”, ser militantes del principal partido de la oposición.
Y es que la voluntad de implicar a dos militantes del PP en una supuesta agresión llegó a tal extremo que, tal y como se refleja en el auto del juez Carlos Valle, cuando el inspector jefe de la Brigada Provincial se negó, por falta de pruebas, a detenerlos, se le amenazó con tener “problemas” por no hacerlo, para ser, inmediatamente, relevado tanto de las diligencias como de sus funciones. El comisario responsable de la Brigada dio entonces instrucciones a un subalterno para que hiciera desaparecer las diligencias ya efectuadas, rehiciera el atestado y arrestara, finalmente, a los militantes del PP en una escandalosa operación sin a penas precedentes en una democracia occidental.
Claro que, en cualquier democracia occidental, un fiscal general del Estado tiene como objetivo velar por que nadie –incluidas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado– esté por encima del imperio de la Ley. Aquí, sin embargo, Conde Pumpido justificó hace dos días su clamorosa pasividad en este escándalo alegando que su deber, como Fiscal General, es “defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en el ejercicio de sus funciones” y que toman decisiones “en ocasiones complejas”. Todo, con tal de evitar las responsabilidades políticas del Gobierno en este bochornoso caso.
No contento con ello, Conde Pumpido había ido aún más lejos insistiendo, hasta hace dos días, en presentar como sospechosos a los dos militantes del PP alegando que ambos aparecían en las fotografías “en una actitud que en principio es vociferante”.
Lo grave de esta instrumentalización política de la “justicia” contra el principal partido de la oposición es que va a más. Así, el socio de gobierno ZP y de Maragall, Carod Rovira, se ha permitido implicar al PP y a sus dirigentes con unas personas que, efectivamente, sí protagonizaron un acto execrable, y probablemente delictivo, como fue portar dos pancartas que rezaban “Rovira al paredón" o "Carod, esta es tu caja”, en la reciente manifestación en defensa de la unidad del Archivo de Salamanca.
Acusar, sin embargo, de lo que hicieron esos energúmenos a personas que lo primero que han hecho es condenar esos hechos -como el alcalde de la ciudad de Salamanca, la presidenta de la Comunidad de Madrid o los ex ministros Pilar del Castillo o Jaime Mayor Oreja, entre otros dirigentes del PP- ya es buena muestra de la intención de difamar por razones políticas. Una infame intención, de la que Carod Rovira debería dar tantas explicaciones como quienes se han empeñado en implicar –también sin pruebas– a los dos veteranos militantes del PP en el “caso Bono”.
