L D (EFE)
Cineastas como Fernando León, Emilio Martínez Lázaro, Montxo Armendáriz, Enrique Urbizu o Mariano Barroso comparecieron ante los medios de comunicación para denunciar el "monopolio" de SGAE en la gestión de los derechos de autor de sus obras audiovisuales. Los socios de DAMA explicaron que están a la espera de que el Tribunal de la Competencia admita a trámite una denuncia interpuesta el pasado mes de junio contra SGAE, a la que acusan de "apropiarse" del 50 por ciento de los derechos de autor que provienen de la exhibición de filmes en salas y otro tanto derivado del alquiler de películas en vídeo.
"Esperamos que en estos días el Tribunal dicte la resolución pero además deberíamos ampliar la denuncia a las televisiones, porque estamos seguros de que existe connivencia entre las cadenas y la SGAE", señaló el director técnico de DAMA, José Luis Domínguez. "¿Cómo es posible que sigamos así después de tres años y medio? Somos ya más de 300 socios y no podemos ejercer nuestros derechos", se preguntó el cineasta Emilio Martínez Lázaro, a lo que Montxo Armendáriz añadió: "SGAE se ampara en contratos firmados por un plazo de diez años con las televisiones y las salas de cine por los que cobra el total de los derechos de autor sin tener en cuenta si estos derechos son generados por socios de SGAE o no".
Los de DAMA acusan a SGAE de añadir en esos contratos una cláusula por la que esta entidad de gestión asume cualquier tipo de reclamación que pudiera formularse contra ellos."De esta forma, cuando vamos a cobrar dicen que ya han pagado a SGAE", dijo Armendáriz. "Y así al no cobrar, la entidad no existe como tal. Esperan que muramos de inanición", señaló Armendáriz, presidente de DAMA, mientras Martínez Lázaro añadió: "SGAE no tiene la más mínima intención de apearse, la solución tendrá que venir por la fuerza de los tribunales y del Gobierno".
Si bien en los tribunales se han interpuesto numerosas denuncias, el hecho de que cada caso de derechos de autor deba entenderse independientemente, ralentiza los resultados y sería una solución "a larguísimo" plazo. Sin embargo, el Gobierno, según DAMA, parece dispuesto a apoyarles a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que recogería medidas para solucionar el problema. Esta reforma contemplaría, según DAMA, "la potestad ejecutiva del Gobierno sobre las entidades de gestión, el establecimiento de un régimen sancionador, la creación de una comisión que estudie todos los conflictos entre los usuarios y las entidades de gestión con capacidad de ejecución inmediata, la regulación de las relaciones entre las entidades de gestión y la edición de un listado público de los autores".
"Esperamos que en estos días el Tribunal dicte la resolución pero además deberíamos ampliar la denuncia a las televisiones, porque estamos seguros de que existe connivencia entre las cadenas y la SGAE", señaló el director técnico de DAMA, José Luis Domínguez. "¿Cómo es posible que sigamos así después de tres años y medio? Somos ya más de 300 socios y no podemos ejercer nuestros derechos", se preguntó el cineasta Emilio Martínez Lázaro, a lo que Montxo Armendáriz añadió: "SGAE se ampara en contratos firmados por un plazo de diez años con las televisiones y las salas de cine por los que cobra el total de los derechos de autor sin tener en cuenta si estos derechos son generados por socios de SGAE o no".
Los de DAMA acusan a SGAE de añadir en esos contratos una cláusula por la que esta entidad de gestión asume cualquier tipo de reclamación que pudiera formularse contra ellos."De esta forma, cuando vamos a cobrar dicen que ya han pagado a SGAE", dijo Armendáriz. "Y así al no cobrar, la entidad no existe como tal. Esperan que muramos de inanición", señaló Armendáriz, presidente de DAMA, mientras Martínez Lázaro añadió: "SGAE no tiene la más mínima intención de apearse, la solución tendrá que venir por la fuerza de los tribunales y del Gobierno".
Si bien en los tribunales se han interpuesto numerosas denuncias, el hecho de que cada caso de derechos de autor deba entenderse independientemente, ralentiza los resultados y sería una solución "a larguísimo" plazo. Sin embargo, el Gobierno, según DAMA, parece dispuesto a apoyarles a través de una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que recogería medidas para solucionar el problema. Esta reforma contemplaría, según DAMA, "la potestad ejecutiva del Gobierno sobre las entidades de gestión, el establecimiento de un régimen sancionador, la creación de una comisión que estudie todos los conflictos entre los usuarios y las entidades de gestión con capacidad de ejecución inmediata, la regulación de las relaciones entre las entidades de gestión y la edición de un listado público de los autores".