L D (EFE) Durante su comparecencia en la comisión, Comas destacó que la actual norma sólo agrava las penas para las lesiones y no para los demás delitos y propuso añadir una nueva agravante en el artículo 22.4 del Código Penal, que ya fija mayor castigo cuando, por ejemplo, existen motivos racistas o de discriminación étnica o ideológica.
Aunque propuso numerosos cambios, Comas ha querido dejar claro que la ley, en su opinión, es “necesaria, oportuna y tiene encaje constitucional”, a pesar de que en la misma comisión el portavoz del CGPJ, Enrique López, expuso los argumentos en los que se basa este órgano para advertir en su informe de la posible inconstitucionalidad de varios artículos, dejando patente de esta manera la división que hay entre la mayoría conservadora del Consejo, a la que pertenece López, y la minoría progresista, en la que se incluye Comas.
El portavoz del CGPJ, preguntado por la propuesta de Comas para establecer una circunstancia agravante general por motivos machistas, apostó por incluir una nueva agravante “por abuso de autoridad por la diferencia de sexo”, que protegería a todos y especialmente a las mujeres, y apuntó también la posibilidad de fijar otra agravante cuando el delito se cometa en el ámbito familiar.
López volvió a advertir de los defectos de la ley que se quiere aprobar al decir que “la mujer no obtiene una mayor protección por el hecho de que la ley sólo la proteja a ella”, y que la creación de juzgados especializados en violencia sobre las mujeres supone “una discriminación inaceptable”.
Uno de los puntos inconstitucionales según el informe del CGPJ es que las coacciones y amenazas leves pasen de ser faltas a ser delitos cuando el autor sea un hombre y la víctima una mujer, un artículo que Comas consideró constitucional a pesar de apuntar que sería necesario que fueran siempre delitos, independientemente del sexo del sujeto activo. Para Comas, no se entiende que sustraer un objeto de más de 400 euros sin violencia e intimidación sea delito y que una amenaza de muerte se salde con un juicio de faltas y una multa, una situación que demuestra que el bien jurídico de la libertad está “desprotegido en este país”.
La presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica aseguró que “el machismo es el auténtico problema social” que crea la desigualdad entre hombres y mujeres y que origina la mayor parte de la violencia en el ámbito familiar, y consideró que el informe del CPGJ “se equivoca” precisamente en el diagnóstico del problema.
Sin embargo, Enrique López insistió en que para el Consejo “la ley no es mala por lo que incluye, sino por lo que excluye”. El portavoz, tras destacar que el 14,3 por ciento de los crímenes de sangre registrados el año pasado tuvieron lugar en el ámbito familiar, consideró además que el proyecto presenta “errores técnicos de bulto” que podrían “poner en riesgo” el éxito de la aplicación de la ley.
Aunque propuso numerosos cambios, Comas ha querido dejar claro que la ley, en su opinión, es “necesaria, oportuna y tiene encaje constitucional”, a pesar de que en la misma comisión el portavoz del CGPJ, Enrique López, expuso los argumentos en los que se basa este órgano para advertir en su informe de la posible inconstitucionalidad de varios artículos, dejando patente de esta manera la división que hay entre la mayoría conservadora del Consejo, a la que pertenece López, y la minoría progresista, en la que se incluye Comas.
El portavoz del CGPJ, preguntado por la propuesta de Comas para establecer una circunstancia agravante general por motivos machistas, apostó por incluir una nueva agravante “por abuso de autoridad por la diferencia de sexo”, que protegería a todos y especialmente a las mujeres, y apuntó también la posibilidad de fijar otra agravante cuando el delito se cometa en el ámbito familiar.
López volvió a advertir de los defectos de la ley que se quiere aprobar al decir que “la mujer no obtiene una mayor protección por el hecho de que la ley sólo la proteja a ella”, y que la creación de juzgados especializados en violencia sobre las mujeres supone “una discriminación inaceptable”.
Uno de los puntos inconstitucionales según el informe del CGPJ es que las coacciones y amenazas leves pasen de ser faltas a ser delitos cuando el autor sea un hombre y la víctima una mujer, un artículo que Comas consideró constitucional a pesar de apuntar que sería necesario que fueran siempre delitos, independientemente del sexo del sujeto activo. Para Comas, no se entiende que sustraer un objeto de más de 400 euros sin violencia e intimidación sea delito y que una amenaza de muerte se salde con un juicio de faltas y una multa, una situación que demuestra que el bien jurídico de la libertad está “desprotegido en este país”.
La presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica aseguró que “el machismo es el auténtico problema social” que crea la desigualdad entre hombres y mujeres y que origina la mayor parte de la violencia en el ámbito familiar, y consideró que el informe del CPGJ “se equivoca” precisamente en el diagnóstico del problema.
Sin embargo, Enrique López insistió en que para el Consejo “la ley no es mala por lo que incluye, sino por lo que excluye”. El portavoz, tras destacar que el 14,3 por ciento de los crímenes de sangre registrados el año pasado tuvieron lugar en el ámbito familiar, consideró además que el proyecto presenta “errores técnicos de bulto” que podrían “poner en riesgo” el éxito de la aplicación de la ley.