L D (EFE)
Si el Senado adopta un "procedimiento de carácter de urgencia", como ha hecho el Congreso, y no se presenta ninguna enmienda, la orden podría entrar en vigor a finales de junio", explicó tras la votación la diputada del PP María Jesús Sáenz. También anunció la intención de que la proposición de ley sea debatida en el pleno de la Cámara Alta en la próxima semana o en la siguiente.
La diputada señaló que la orden será "un buen instrumento jurídico que ayudará a proteger a las víctimas y ampararlas con medidas cautelares" así como otras de carácter social y económico. Apuntó que uno de los elementos "fundamentales" se podrá desarrollar a través de un nuevo Real Decreto que promulgará el Ministerio de Trabajo para que la Renta de Inserción Activa de 300 euros se haga extensiva a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, que podrán disponer de esta ayuda económica durante diez meses.
La orden, cuyo proyecto de ley se debatió el pasado martes en el Congreso y se aprobó sin que los grupos hicieran uso de su turno de palabra, contempla la atención integral e inmediata a las víctimas de malos tratos a través de una "ventanilla única". Podrá solicitarla la propia víctima, cualquier persona cercana a ella, el Ministerio Fiscal o los representantes legales, incluso una vez iniciado un procedimiento judicial, a través de un único formulario disponible en comisarías, juzgados de guardia, servicios sociales municipales, autonómicos o estatales, el ministerio fiscal o las oficinas de atención a las víctimas.
Asimismo, esta medida deberá ser dictada en un plazo máximo de 24 horas en lugares donde haya juzgados de guardia o hasta un periodo máximo de 72 horas. El juez de guardia puede adoptar medidas cautelares contra el agresor como prisión provisional, prohibición de acercarse a la víctima, inhabilitación para la patria potestad y suspensión del permiso de armas. En el ámbito civil, podrá anular el régimen de visitas, atribuir a la mujer el uso y disfrute de la vivienda o asegurar la prestación alimenticia.
En el debate parlamentario del pasado martes, tanto la diputada del PSOE Micaela Navarro como la de IU Marisa Castro alertaron sobre la necesidad de dotar de recursos necesarios la orden de protección. Navarro reclamó la necesidad de aumentar "los recursos económicos y materiales tanto en el ámbito de la justicia y de la policía" y pidió "partidas específicas" del presupuesto para 2004 con el fin de que la orden "no se quede en una declaración de intenciones". Por su parte, Castro dijo que "si no se pone dinero, si las víctimas no van a ser objeto de protección económica, esto puede ser la gran frustración".
La diputada señaló que la orden será "un buen instrumento jurídico que ayudará a proteger a las víctimas y ampararlas con medidas cautelares" así como otras de carácter social y económico. Apuntó que uno de los elementos "fundamentales" se podrá desarrollar a través de un nuevo Real Decreto que promulgará el Ministerio de Trabajo para que la Renta de Inserción Activa de 300 euros se haga extensiva a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, que podrán disponer de esta ayuda económica durante diez meses.
La orden, cuyo proyecto de ley se debatió el pasado martes en el Congreso y se aprobó sin que los grupos hicieran uso de su turno de palabra, contempla la atención integral e inmediata a las víctimas de malos tratos a través de una "ventanilla única". Podrá solicitarla la propia víctima, cualquier persona cercana a ella, el Ministerio Fiscal o los representantes legales, incluso una vez iniciado un procedimiento judicial, a través de un único formulario disponible en comisarías, juzgados de guardia, servicios sociales municipales, autonómicos o estatales, el ministerio fiscal o las oficinas de atención a las víctimas.
Asimismo, esta medida deberá ser dictada en un plazo máximo de 24 horas en lugares donde haya juzgados de guardia o hasta un periodo máximo de 72 horas. El juez de guardia puede adoptar medidas cautelares contra el agresor como prisión provisional, prohibición de acercarse a la víctima, inhabilitación para la patria potestad y suspensión del permiso de armas. En el ámbito civil, podrá anular el régimen de visitas, atribuir a la mujer el uso y disfrute de la vivienda o asegurar la prestación alimenticia.
En el debate parlamentario del pasado martes, tanto la diputada del PSOE Micaela Navarro como la de IU Marisa Castro alertaron sobre la necesidad de dotar de recursos necesarios la orden de protección. Navarro reclamó la necesidad de aumentar "los recursos económicos y materiales tanto en el ámbito de la justicia y de la policía" y pidió "partidas específicas" del presupuesto para 2004 con el fin de que la orden "no se quede en una declaración de intenciones". Por su parte, Castro dijo que "si no se pone dinero, si las víctimas no van a ser objeto de protección económica, esto puede ser la gran frustración".