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POR QUEDARSE DINERO DE LA FUNDACIÓN

El padre de una de las niñas asesinadas en Alcácer declara como imputado por apropiación indebida

Fernando García, padre de Miriam, una de las tres jóvenes de Alcácer asesinadas en 1992, declaró este lunes como imputado por un presunto delito de apropiación indebida en relación con el uso del dinero que recibió para la fundación de lucha contra los abusos a menores que intentó crear en 1997.

L D (EFE) García acudió a las 9.00 horas al juzgado de instrucción número 1 de Picassent, que investiga el caso a raíz de las diligencias abiertas en noviembre del pasado año por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para esclarecer en qué se empleó el dinero de la fundación Niñas de Alcácer.

Tras cerca de tres horas de comparecencia en el juzgado, al término de la declaración, el imputado declinó efectuar manifestaciones a los medios de comunicación y su abogado, Juan José Cano, se limitó a indicar que en su declaración judicial había dicho toda la verdad.

El letrado señaló que García declaró "toda la verdad de los hechos" y agregó que su cliente compareció como imputado en este "primer trámite procesal", al que mañana seguirá la declaración, también como imputado, del criminólogo Juan Ignacio Blanco, quien fue acompañante del padre de Miriam en numerosas apariciones en los medios de comunicación durante el juicio por este crimen.

Las diligencias por el uso de los fondos fueron abiertas de oficio por la Fiscalía en noviembre del pasado año, tras la emisión de un programa de la televisión autonómica Canal 9 elaborado con motivo del décimo aniversario del triple crimen de Alcácer.En una secuencia del mismo, grabada con cámara oculta, Fernando García sostenía que el dinero recaudado por esta fundación, que no llegó a funcionar por oposición de los familiares de otra de las víctimas, le pertenecía, y explicaba que "si me lo quiero gastar me lo gasto y no tengo que dar explicaciones".

Tras la apertura de las diligencias, García explicó que parte del dinero lo había gastado en pagar a los abogados que le representaron, aunque éstos lo negaron, y en sufragar algunos gastos derivados del juicio contra Miguel Ricart, el único condenado por el crimen.

La fundación, con un capital inicial de 471.000 euros y constituida como entidad sin ánimo de lucro, fue inscrita el 8 de agosto de 1997 en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana con la finalidad de evitar y erradicar los abusos a menores, apoyar a las familias de quienes los sufrieran y contribuir a concienciar a la sociedad sobre este problema.

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