L D (EFE) En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la Junta de Gobierno de la ciudad, en la que hizo balance del Plan Contra la Esclavitud Sexual iniciado el pasado lunes en el entorno de Montera (centro de la capital), el alcalde informó de que 168 prostitutas se han interesado por las alternativas que se les ofrecen. Indicó además que se ha identificado a 372 personas y se ha detenido y puesto a disposición judicial a nueve de ellas por irregularidades laborales, ley de extranjería y orden de busca y captura.
Ruiz-Gallardón negó que las prostitutas hayan sufrido estos días "ningún tipo de acoso" y dijo a los clientes de estas mujeres que "tienen que saber que se están convirtiendo en cooperadores necesarios de una actividad de explotación sexual". Declaró respecto a la denuncia por prevaricación contra el Ayuntamiento que anunció ayer la asociación de mujeres prostitutas Hetaira, a la que está dispuesto a recibir, que "la respuesta será jurídica y no política".
En el balance de los primeros tres días del plan, Ruiz-Gallardón informó de que se han descubierto "dos pisos clandestinos que presuntamente se utilizaban como prostíbulos" y se han levantado seis actas tras inspeccionar 15 locales y pensiones, cuatro de ellas por no presentar licencia de actividad. Aseguró el alcalde que "el Plan contra la Esclavitud Sexual tiene un marcado carácter social" y que "su prioridad es atender a las mujeres que ejercen la prostitución", a las que se recibe primero en la unidad móvil que la Asociación de Prevención y Reinserción de Mujeres Prostitutas (APRAMP) ha estacionado en la plaza del Carmen. Desde allí, las prostitutas deciden si aceptan acudir a los recursos existentes, tanto municipales como de otras entidades, entre ellas Cáritas, Médicos del Mundo y la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos.
Ruiz-Gallardón señaló que, hasta ahora, ninguna mujer se ha acogido al estatuto de testigo protegido por haber denunciado a proxenetas y aclaró que la posibilidad que se ofrece a las extranjeras en situación irregular de retornar a su país no implica ayudas específicas del Ayuntamiento sino que se haría a través de los mecanismos previstos en la Ley de Extranjería.