L D (EFE) Los implicados en el asunto que han ingresado en prisión son el matrimonio formado por Rodrigo León D.C. y Rosario C.Z. y sus hijos Recaredo D.C.C. y Rosario C.C., responsables del canal televisivo Telesierra, con sede en Tres Cantos (Madrid).
Los televidentes presuntamente estafados llamaban a Telesierra, a números de tarifa adicional (806), para participar en un concurso en el que tenían que responder a preguntas muy elementales para conseguir un premio, pero tras permanecer en espera hasta el máximo legal de media hora, quedaba interrumpida la comunicación sin que hubieran podido entrar en directo. Los cuatro directivos de la productora fueron detenidos el pasado martes por una presunta estafa, uno de ellos ingresó en prisión pero los otros tres (el matrimonio y la hija) quedaron en libertad por motivos de salud, pero todos ellos volvieron el viernes a declarar ante el juez , después de que se descubrieran nuevos activos patrimoniales y financieros.
Ante este hallazgo, los investigadores bloquearon las cuentas de los arrestados y comunicaron al juez de Colmenar encargado del caso de los nuevos activos, además de sus sospechas de que éstos pudieran eludir la acción de la Justicia. Así, y tras citarlos de nuevo, el juez decidió este viernes ratificar el ingreso en prisión de Recaredo D.C.C., y ordenar el ingreso en prisión de Rosario C.C., Rosario C.Z. y Rodrigo León D.C.
En libertad por “motivos humanitarios”
Tras la detención el pasado martes de los cuatro acusados, tres fueros puestos en libertad por la propia Guardia Civil "por motivos humanitarios" ya que los padres "son ancianos" y la hija "sufre claustrofobia", mientras que Recaredo D.C.C. fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión. No obstante y ante la constancia de que una de estas personas había utilizado su libertad para llevar a cabo ciertas acciones que podrían entorpecer la investigación, el Juzgado dio orden de detenerlas y ponerlas a disposición judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Guardia Civil detuvo el pasado martes a los responsables de la productora y de tres emisoras locales de televisión como presuntos autores de un delito continuado de estafa en la llamada "Operación Cadena". Las investigaciones de la Guardia Civil han puesto de manifiesto que la productora podría haberse beneficiado diariamente de unos 60.000 euros de 70.000 minutos de tarifa telefónica.
La operación se inició tras las denuncia interpuesta por la OCU el pasado 18 de octubre, después de recibir más de cien reclamaciones de concursantes defraudados. La denuncia de la OCU en las dependencias de la Guardia Civil se presentó contra la productora del concurso, que cuenta con tres televisiones locales en las que se emitía el concurso, que también era comercializado a otras cadenas extendidas por el territorio nacional y que no eran conscientes de la ilegalidad de los hechos.
Tras la detención el pasado martes de los cuatro acusados, tres fueros puestos en libertad por la propia Guardia Civil "por motivos humanitarios" ya que los padres "son ancianos" y la hija "sufre claustrofobia", mientras que Recaredo D.C.C. fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión. No obstante y ante la constancia de que una de estas personas había utilizado su libertad para llevar a cabo ciertas acciones que podrían entorpecer la investigación, el Juzgado dio orden de detenerlas y ponerlas a disposición judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Guardia Civil detuvo el pasado martes a los responsables de la productora y de tres emisoras locales de televisión como presuntos autores de un delito continuado de estafa en la llamada "Operación Cadena". Las investigaciones de la Guardia Civil han puesto de manifiesto que la productora podría haberse beneficiado diariamente de unos 60.000 euros de 70.000 minutos de tarifa telefónica.
La operación se inició tras las denuncia interpuesta por la OCU el pasado 18 de octubre, después de recibir más de cien reclamaciones de concursantes defraudados. La denuncia de la OCU en las dependencias de la Guardia Civil se presentó contra la productora del concurso, que cuenta con tres televisiones locales en las que se emitía el concurso, que también era comercializado a otras cadenas extendidas por el territorio nacional y que no eran conscientes de la ilegalidad de los hechos.