L D (EFE) En un comunicado, la Asamblea critica la "contradicción" de los partidos que ahora están en el gobierno al rechazar el encierro del pasado sábado, "mientras que hace cuatro años, en la oposición, se solidarizaban con los encierros de la iglesia del Pi de Barcelona". "El PSOE en la última legislatura pactó la última reforma de la Ley de Extranjería, endureciéndola aún más", prosigue el comunicado.
La Asamblea ha reclamado "una vía de negociación directa e inmediata con el gobierno central" y su voluntad de dialogar con para solucionar el problema del más de millón de inmigrantes "sin papeles" que estima que están trabajando en España.
El colectivo que promovió el encierro del pasado sábado en la catedral, que asegura contar ya con el apoyo y la solidaridad de 72 organizaciones civiles, ha expresado también su "más contundente rechazo a los intentos reiterativos de presentarnos ante la opinión pública como un grupúsculo radical de manipuladores".
Las acusaciones de manipulación suponen, en opinión de la Asamblea, criminalizar a los "sin papeles" y a los 72 colectivos que apoyaron el encierro, así como "infravalorar de manera implícita la capacidad de los colectivos de inmigrantes de tomar decisiones, elaborar sus estrategias y luchar por sus derechos". En el manifiesto, la Asamblea acusa a los sindicatos y asociaciones que firmaron un documento contrario al encierro de actuar "como legitimadores de la aplicación de una ley que vulnera los derechos más fundamentales del ser humano".
La Asamblea ha reclamado "una vía de negociación directa e inmediata con el gobierno central" y su voluntad de dialogar con para solucionar el problema del más de millón de inmigrantes "sin papeles" que estima que están trabajando en España.
El colectivo que promovió el encierro del pasado sábado en la catedral, que asegura contar ya con el apoyo y la solidaridad de 72 organizaciones civiles, ha expresado también su "más contundente rechazo a los intentos reiterativos de presentarnos ante la opinión pública como un grupúsculo radical de manipuladores".
Las acusaciones de manipulación suponen, en opinión de la Asamblea, criminalizar a los "sin papeles" y a los 72 colectivos que apoyaron el encierro, así como "infravalorar de manera implícita la capacidad de los colectivos de inmigrantes de tomar decisiones, elaborar sus estrategias y luchar por sus derechos". En el manifiesto, la Asamblea acusa a los sindicatos y asociaciones que firmaron un documento contrario al encierro de actuar "como legitimadores de la aplicación de una ley que vulnera los derechos más fundamentales del ser humano".