L D (EFE) La vicepresidenta primera del Gobierno, interpelada en el pleno del Congreso por el senador de Entesa Catalana de Progrés Jordi Guillot, expuso los compromisos del Ejecutivo en materia de medios de comunicación y destacó la importancia de contar con un consejo audiovisual con competencias propias para asegurar que todos los operadores -públicos y privados- cumplen las reglas del juego.
El Ejecutivo propondrá la creación de este Consejo con miembros elegidos por el Parlamento entre profesionales de reconocido prestigio por mayoría reforzada -superior a la mayoría absoluta- y por periodos superiores a los de la legislatura, respetando también las competencias de los órganos creados en algunas Comunidades Autónomas. El proyecto de ley de publicidad institucional que presentará el Ministerio de la Presidencia, añadió, buscará "poner término a la confusión entre información institucional y progubernamental" para acabar con "la propaganda partidista encubierta".
Por otra parte, Fernández de la Vega hizo hincapié en la importancia de la ley audiovisual que se quiere aprobar esta legislatura para crear un marco legal "homogéneo" que dé seguridad a todos los agentes del sector, "desde los usuarios hasta los radiodifusores, pasando por los operadores de red, los fabricantes de equipos de electrónica de consumo, los productores audiovisuales o los anunciantes". El objetivo es, apuntó, fijar mediante "criterios de transparencia e igualdad" las condiciones que habrá que cumplir para operar en el sector, el régimen de concesiones y las demás actuaciones sobre las que el Estado tiene competencias.
El Ejecutivo propondrá la creación de este Consejo con miembros elegidos por el Parlamento entre profesionales de reconocido prestigio por mayoría reforzada -superior a la mayoría absoluta- y por periodos superiores a los de la legislatura, respetando también las competencias de los órganos creados en algunas Comunidades Autónomas. El proyecto de ley de publicidad institucional que presentará el Ministerio de la Presidencia, añadió, buscará "poner término a la confusión entre información institucional y progubernamental" para acabar con "la propaganda partidista encubierta".
Por otra parte, Fernández de la Vega hizo hincapié en la importancia de la ley audiovisual que se quiere aprobar esta legislatura para crear un marco legal "homogéneo" que dé seguridad a todos los agentes del sector, "desde los usuarios hasta los radiodifusores, pasando por los operadores de red, los fabricantes de equipos de electrónica de consumo, los productores audiovisuales o los anunciantes". El objetivo es, apuntó, fijar mediante "criterios de transparencia e igualdad" las condiciones que habrá que cumplir para operar en el sector, el régimen de concesiones y las demás actuaciones sobre las que el Estado tiene competencias.
Garantizar el pluralismo
Se buscará así, escuchando a todos los agentes, "regular de forma integral la industria audiovisual y garantizar el pluralismo en el sector", que ha vivido hasta ahora "prácticamente en la alegalidad" en "un escenario de intensa inseguridad jurídica" por la "enorme dispersión normativa", añadió. Sin embargo, según la vicepresidenta, no se puede desplazar a la iniciativa privada la responsabilidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información de calidad.
Para garantizar los valores constitucionales de la libertad de expresión y del derecho a recibir y comunicar información veraz, subrayó, hay que reformar los medios de titularidad pública "procurándoles la independencia y la solución organizativa y financiera que les permita cumplir su tarea de servicio público". El comité de expertos creado para emitir un informe que sirva de base para esa reforma tendrá "la primera palabra", pero "la última" la tendrán los grupos parlamentarios durante la tramitación de la ley.
El dictamen, recordó, deberá proponer la forma de elegir a los órganos directivos de los medios de titularidad estatal, los contenidos de la programación y el modelo de financiación. El reto es, apuntó, lograr unos medios públicos libres, plurales, independientes de cualquier Gobierno y de calidad.
Se buscará así, escuchando a todos los agentes, "regular de forma integral la industria audiovisual y garantizar el pluralismo en el sector", que ha vivido hasta ahora "prácticamente en la alegalidad" en "un escenario de intensa inseguridad jurídica" por la "enorme dispersión normativa", añadió. Sin embargo, según la vicepresidenta, no se puede desplazar a la iniciativa privada la responsabilidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información de calidad.
Para garantizar los valores constitucionales de la libertad de expresión y del derecho a recibir y comunicar información veraz, subrayó, hay que reformar los medios de titularidad pública "procurándoles la independencia y la solución organizativa y financiera que les permita cumplir su tarea de servicio público". El comité de expertos creado para emitir un informe que sirva de base para esa reforma tendrá "la primera palabra", pero "la última" la tendrán los grupos parlamentarios durante la tramitación de la ley.
El dictamen, recordó, deberá proponer la forma de elegir a los órganos directivos de los medios de titularidad estatal, los contenidos de la programación y el modelo de financiación. El reto es, apuntó, lograr unos medios públicos libres, plurales, independientes de cualquier Gobierno y de calidad.