L D (EFE)
En rueda de prensa conjunta con los portavoces del grupo vasco, popular, socialista, catalán, de IU y de Coalición Canaria, el ministro de Justicia explicó que el nuevo instrumento legal permitirá la protección integral e inmediata de las víctimas de malos tratos a través de una "ventanilla única". Entre las novedades del texto, explicó la diputada Margarita Uría (PNV), figura la posibilidad de pedir la Orden de Protección una vez iniciado un procedimiento judicial, dado que en muchas ocasiones el riesgo de sufrir agresiones se produce durante la tramitación de una separación.
La Orden podrá solicitarla la propia víctima, cualquier persona cercana a ella, el Ministerio Fiscal o los representantes legales, informaron el ministro y los parlamentarios, que se felicitaron de alcanzar un consenso pese al proceso electoral en marcha. El texto legal supondrá la modificación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la introducción de once disposiciones -que se incorporan como un nuevo artículo 544 en la ley-, así como una disposición adicional y otra transitoria, señaló el ministro.
El socialista Diego López Garrido dijo que la Orden se tramitará como proposición de ley por vía de urgencia y previsiblemente entrará en vigor en junio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La Orden, que podrá ser dictada en un plazo de 24 horas en lugares donde haya juzgados de guardia de 24 horas o bien en un periodo máximo de 72 horas, supondrá activar todos los ámbitos de asistencia a las víctimas: social, económico, policial, jurídica y sanitario, entre otros.
Ayudas económicas
La diputada de CiU, Mercé Pigem, destacó asimismo que la adopción del nuevo instrumento legal permitirá que "un solo juez y en un solo acto dicte medidas civiles y penales, algo que ha sido difícil de articular desde el punto de vista técnico". Sobre la ayuda económica automática de 300 euros mensuales que durante diez meses percibirá la víctima, López Garrido señaló que para su puesta en marcha es necesario que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lo regule a través de un nuevo Real Decreto.
Entre las medidas cautelares que el juez de guardia puede adoptar contra el agresor figura la prisión provisional, la prohibición de acercarse a la víctima, la inhabilitación para la patria potestad y la suspensión del permiso de armas, explicó Michavila. En el ámbito civil tendrá la facultad de anular el régimen de visitas, atribuir a la mujer el uso y disfrute de la vivienda o asegurar la prestación alimenticia. En cuanto al alejamiento, Michavila señaló que el agresor podrá ser localizado permanentemente a través de una pulsera electrónica, conectada al sistema GPS, con el fin de que la comisaría conozca su paradero.
Por otro lado, manifestó el titular de Justicia, se crea un registro nacional para centralizar toda la información referida al agresor, cuya situación procesal y penitenciaria será conocida en todo momento por la víctima. La Orden de Protección se pedirá a través de un único formulario, disponible en comisarías, juzgados de guardia, servicios sociales municipales, autonómicos o estatales, el ministerio fiscal o las oficinas de atención a las víctimas.
La Orden podrá solicitarla la propia víctima, cualquier persona cercana a ella, el Ministerio Fiscal o los representantes legales, informaron el ministro y los parlamentarios, que se felicitaron de alcanzar un consenso pese al proceso electoral en marcha. El texto legal supondrá la modificación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la introducción de once disposiciones -que se incorporan como un nuevo artículo 544 en la ley-, así como una disposición adicional y otra transitoria, señaló el ministro.
El socialista Diego López Garrido dijo que la Orden se tramitará como proposición de ley por vía de urgencia y previsiblemente entrará en vigor en junio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La Orden, que podrá ser dictada en un plazo de 24 horas en lugares donde haya juzgados de guardia de 24 horas o bien en un periodo máximo de 72 horas, supondrá activar todos los ámbitos de asistencia a las víctimas: social, económico, policial, jurídica y sanitario, entre otros.
Ayudas económicas
La diputada de CiU, Mercé Pigem, destacó asimismo que la adopción del nuevo instrumento legal permitirá que "un solo juez y en un solo acto dicte medidas civiles y penales, algo que ha sido difícil de articular desde el punto de vista técnico". Sobre la ayuda económica automática de 300 euros mensuales que durante diez meses percibirá la víctima, López Garrido señaló que para su puesta en marcha es necesario que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lo regule a través de un nuevo Real Decreto.
Entre las medidas cautelares que el juez de guardia puede adoptar contra el agresor figura la prisión provisional, la prohibición de acercarse a la víctima, la inhabilitación para la patria potestad y la suspensión del permiso de armas, explicó Michavila. En el ámbito civil tendrá la facultad de anular el régimen de visitas, atribuir a la mujer el uso y disfrute de la vivienda o asegurar la prestación alimenticia. En cuanto al alejamiento, Michavila señaló que el agresor podrá ser localizado permanentemente a través de una pulsera electrónica, conectada al sistema GPS, con el fin de que la comisaría conozca su paradero.
Por otro lado, manifestó el titular de Justicia, se crea un registro nacional para centralizar toda la información referida al agresor, cuya situación procesal y penitenciaria será conocida en todo momento por la víctima. La Orden de Protección se pedirá a través de un único formulario, disponible en comisarías, juzgados de guardia, servicios sociales municipales, autonómicos o estatales, el ministerio fiscal o las oficinas de atención a las víctimas.