También están detenidos el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco (PSC); el responsable de servicios jurídicos de esta alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y dos empresarios del sector inmobiliario: el presidente de Proinosa, Josep Singla, y el del grupo inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana.
Según fuentes cercanas al caso, los detenidos están desde primera hora de la tarde en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), y no se descarta que, con sus declaraciones, se puedan realizar nuevas detenciones.
La operación empezó sobre las 10 horas, cuando 15 agentes entraron en el Ayuntamiento de Santa Coloma para registrar su sede y recabar pruebas. El alcalde no se encontraba allí. De hecho, Bartomeu Muñoz tampoco fue ayer al consistorio y dijo que estaba enfermo.
Mientras se hacían estos registros, trascendió que el operativo también se estaba realizando en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, aunque finalmente en Badalona no hubo registros. El segundo teniente de alcalde de Badalona y concejal de Hacienda, Francesc Serrano (PSC), aseguró que todos estaban "tranquilos", pero a la vez "sorprendidos y preocupados" por la noticia.
En Sant Andreu, dos agentes de la policía judicial entregaron al alcalde, Bernat Graupera (CiU), una notificación del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que les entregue un convenio urbanístico de 2006, aunque el alcalde aseguró hoy que fue firmado por el anterior gobierno municipal, del PP.
La operación parte de una causa que Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Según las fuentes consultadas, Garzón archivó parcialmente la causa abierta en torno a la sociedad BBVA- Privanza y relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros de la sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos buffetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus. El juez imputa a los detenidos hoy en la operación abierta en Cataluña delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.