Todos los imputados por el incendio de Guadalajara eran cargos de la Junta

L D (EFE) El juzgado de Sigüenza que investiga el incendio de Guadalajara de julio de 2005 da por concluida la fase de instrucción y ve indicios de delito en veinte personas, entre ellas, la ex consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, y el que fuera director general del Medio Natural, José Ignacio Nicólás y que ahora ha dimitido de su actual puesto.

En un auto dado a conocer este jueves a través del Tribunal Superior de Justicia, la jueza María del Mar Lorenzo archiva la causa para nueve de 29 imputados, entre ellos, Emilio Moreno, el guarda de la Cueva de los Casares, lugar donde se originó el incendio, y la mayoría de los excursionistas que prendieron la barbacoa causante del fuego, en el que murieron once personas de un retén.

La jueza ve indicios de delito de incendio forestal por imprudencia grave en las veinte personas imputadas, pero en el caso de los siete técnicos de la Junta responsables de la gestión del incendio (seis de ellos de Medio Ambiente y uno del 112), cree que han podido cometer, además de ese delito, otros contra los derechos de los trabajadores y de homicidio por imprudencia profesional.

Entre los imputados por delito de incendio forestal por imprudencia grave está la ex consejera Arévalo y José Ignacio Nicolás, que era director general de Medio Natural y ahora lo es de Política Forestal, aunque acaba de dimitir.

También están en la misma situación Rafael Ruiz, que era director del parque natural del Alto Tajo; Sergio David González, que era delegado de Medio Ambiente en Guadalajara cuando ocurrieron los hechos, el 16 de julio de 2005 y José Luis Samper, que era alcalde de La Riba de Saelices (Guadalajara), localidad origen del suceso.

Han sido imputados por el mismo delito el que era alcalde de La Riba cuando se diseñó la barbacoa, Hipólito Sebastián; el secretario del Ayuntamiento, José Luís Huarte, así como responsables de Tragsa (empresa pública que coordinaba la extinción de los incendios en la comunidad) y de la empresa propietaria de los helicópteros. Tres de los excursionistas siguen imputados, pero la jueza ha archivado la causa para sus compañeros, igual que lo ha hecho para el guarda de la Cueva y el vigilante de la torreta forestal más próxima al lugar.

Después de casi cuatro años de instrucción, la jueza explica en su auto de catorce folios que el delito de incendio forestal no debe circunscribirse sólo a prender fuego, sino, que en él se engloban otros comportamientos activos y pasivos.

La jueza reprocha a la ex consejera y al resto de cargos políticos de la Administración regional la ausencia de medidas para controlar y vigilar las barbacoas, la defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias de Incendios Forestales, así como defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio.

En el caso de los siete técnicos que dirigieron la extinción, la jueza ve una ejecución defectuosa el Plan de Emergencias, una "movilización tardía" de medios humanos y materiales, defectos en la dirección y coordinación de los medios existentes y deficiencias en la solicitud de refuerzos, como se desprende -dice la jueza- de sus propias declaraciones en el juzgado.

A los cargos municipales les imputa por el estado de la barbacoa y por la falta de medidas de seguridad en la zona recreativa, a los responsables de las empresas participantes en la extinción por el estado de los medios técnicos y a Luis Miguel Carrascal, de Tragsa, también por el estado del monte y la falta de limpieza y eliminación de residuos.

Ahora, la jueza da traslado al fiscal y a las partes personadas que dispondrán de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.