La Guardia Civil ha detenido este martes a la mujer de Ginés Vicente, el empresario agrícola arrestado el lunes como responsable de la desaparición forzosa de Ibrahima Diouf. Un temporero senegalés que trabajaba para él y desapareció en extrañas circunstancias el 5 de enero de 2021, en la localidad jienense de Villacarrillo.
Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación a Libertad Digital, los investigadores descubrieron —durante uno de los registros que se realizaron en el día de ayer— que la mujer "tenía una pistola ilegal". "Fue detenida por tenencia ilícita de armas", señalan. No obstante, la ‘patrona’ quedó libre tras prestar declaración en la noche de ayer.
En el día de hoy, añaden las mismas fuentes, "no se han realizado nuevos registros". Pero sí se está analizando el arma que obraba en poder de la esposa de Ginés Vicente, para comprobar "si está relacionada o no con el caso abierto por la desaparición forzosa de Ibrahima Diouf, de la que se acusa a su marido.
El senegalés, que tenía 31 años cuando se le vio por última vez, había tenido unos días antes un importante desencuentro con el patrón, dijeron sus compañeros del campo. Ginés Vicente siempre estuvo en el punto de mira de los investigadores. Hace unos años ya fue acusado de la desaparición de otro temporero.
Desaparición similar, en 2013
Ginés Vicente fue investigado por la desaparición de Tidiany Coulibaly en 2013. El joven maliense —de 22 años— recogía aceituna para él y encabezó una protesta para reclamarle al patrón que pagara un salario digno a los temporeros. Según contaron sus compañeros a los investigadores, tuvieron una gran discusión a cuenta de las condiciones laborales.
Los agentes del caso siempre sospecharon del empresario agrícola. Llegaron a encontrar unas orejeras del jornalero con material genético del patrón en Las Moratillas, una finca en la que el desaparecido nunca había trabajado. Este hecho llevó precisamente a la detención de Ginés. En 2016, fue juzgado -entre otros delitos- por detención ilegal. Pero fue absuelto por falta de pruebas.
El empresario agrícola fue condenado a un año de cárcel y el pago de una multa de 4.200 euros por un delito contra los trabajadores. El tribunal consideró probado que "eran explotados". También le impuso una condena de un año y medio de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito contra la Administración de Justicia, y una sanción de 1.200 euros por defraudar fluido eléctrico.