Un MENA tutelado por la Generalidad incendia un centro en Teruel y Cataluña se niega a recogerlo

Un menor extranjero no acompañado (MENA), bajo tutela de la Generalidad de Cataluña, es el presunto autor del incendio intencionado que el pasado 11 de julio afectó a un recurso de acogida de Teruel. La investigación policial ha determinado que existen indicios sólidos contra el joven, que habría provocado el fuego desde el interior del edificio. Dos educadores sociales fueron hospitalizados por inhalación de humo.

El Gobierno de Illa se negó a asumir su responsabilidad

El menor había llegado desde Lérida por voluntad propia en mayo y fue acogido en el centro de la calle Comadre, pese a que su tutela seguía en manos del sistema catalán de protección. En cuanto se constató su origen, el Gobierno de Aragón requirió formalmente a la Generalidad que lo recogiera y lo devolviera a su comunidad, pero el departamento de menores de Lérida se negó, dejando a Aragón con la responsabilidad completa del joven.

Tras el suceso, el Ejecutivo aragonés ha advertido que, una vez haya sentencia firme, reclamará a Cataluña no solo el retorno del menor, sino también el coste de los daños ocasionados en el centro turolense, y cualquier responsabilidad civil derivada del caso.

La Fiscalía ha decretado medidas cautelares de internamiento en régimen cerrado para el menor, que permanecerá bajo custodia judicial hasta la resolución del procedimiento.

Aragón: "el sistema está reventado" por la dejación del Estado

Desde el Gobierno de Aragón se apunta directamente al colapso del sistema de protección de menores por la falta de coordinación y las decisiones unilaterales de algunas comunidades autónomas. En palabras de fuentes oficiales, "los educadores sociales trabajan por y para la protección de los menores en situación de vulnerabilidad, pero esta tipología de menores escapa de sus capacidades y responsabilidades".

El Ejecutivo aragonés acusa al Gobierno central de convertir un sistema de protección en un sistema de reforma encubierto, sin dotarlo de medios, personal ni respaldo jurídico. La situación, denuncian, deja a las comunidades receptoras sin herramientas para actuar cuando otras administraciones rehúsan cumplir con sus obligaciones.

En este contexto, exigen que se escuche su voz y que se impulse una reforma real que distinga entre los menores que quieren integrarse y quienes abusan del sistema. "No es aceptable que una comunidad se desentienda de su responsabilidad y descargue los costes en otra", advierten fuentes del Ejecutivo.