El cuerpo sin vida del pequeño Lucca fue hallado el pasado miércoles alrededor de las once de la noche en un búnker de la Guerra Civil situado en una playa del municipio almeriense de Garrucha, cerca de Mojácar. Su desaparición había sido denunciada después de que la madre del niño, de 4 años, enviara un alarmante mensaje a un familiar. "Creo que he matado a mi hijo. Lo he abandonado en una caseta de la playa", le comunicó la mujer a su tía Yasuli.
La búsqueda fue in extremis y no tardó en dar resultados. Se encontró el cadáver, que presentaba evidentes signos de violencia, y se detuvo a la madre, de 21 años de edad y embarazada de cinco meses. A continuación los investigadores del caso arrestaron también a su actual pareja, que no era el padre del niño. Sobre él pesaba una orden de alejamiento que desde el 20 de octubre le prohibía acercarse a la mujer y su hijo.
La autopsia preliminar confirmó la muerte violenta del menor. Además reveló que el pequeño había sido objeto de agresión sexual y había recibido malos tratos de manera continuada. La familia del niño asegura que había informado a las autoridades de la situación en la que se encontraba y no se tomaron medidas para protegerle. El abuelo materno de Lucca considera que el sistema ha fracasado porque se han obviado las señales.
No era ningún secreto
Según ha explicado su abogado, el niño faltaba continuamente al colegio y —cuando acudía— lo hacía "con hematomas" y hasta con "un brazo en cabestrillo". La información publicada por medios locales después del crimen señala que la madre —Bárbara— es toxicómana y se negaba a abandonar su pareja —Juan David—, pese a que era conocedora de los malos tratos que propinaba a su hijo. Ella misma fue investigada por violencia doméstica hace unos meses.
A él se le relaciona con la santería. La pareja vivía en un piso compartido con otras familias en Vera. Era el varón quien habitualmente llevaba al niño al colegio. Circulan por internet videos del hombre zarandeando al menor en plena calle, realizados por los vecinos. Días antes del crimen del pequeño, su familia materna acudió al cuartel para pedir que se investigaran las lesiones que presentaba. El menor tenía un golpe en la cara difícilmente explicable.
Así lo ha asegurado su tía abuela, la mujer a la que su madre envió el mensaje anunciando la tragedia. Ella misma habría querido hacerse con la custodia del menor, ahora fallecido. El abuelo de Lucca —Martín, que se ha presentado este martes como acusación particular— intentará quedarse con la de su hermana, la bebé que su hija dará a la luz en unos meses. El hombre cree que ella actuó influenciada por su pareja, pero quiere que se haga justicia.
El sistema llegó tarde
Según ha asegurado entre lágrimas Martín, en declaraciones a los medios, Bárbara "quería a Lucca". "Ese hombre con el que vivía le obligó a hacer cosas que ella nunca haría", ha añadido. En cualquier caso, él quiere que los responsables de la muerte de su nieto paguen por lo que han hecho. El entorno del pequeño no entiende por qué no se le retiró la custodia a la madre y se le dio a sus abuelos, residentes en Garrucha.
Los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería indican que actuaron "en tiempo y forma a instancias de la Fiscalía que solicitó el pasado 18 de noviembre un informe de la situación del menor como parte de las diligencias que estaban practicando". El pasado 20 de noviembre, un equipo —compuesto por educador, psicólogo y trabajador social— se reunió con la madre y "esta entrevista inicial se iba a completar con una visita al domicilio".
Estaba prevista para el 4 de diciembre, el día después de que fuese asesinado. "Nunca se pudo realizar ya que se produjo el triste desenlace", han señalado. El pasado sábado, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera —en funciones de guardia— acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre del menor y su pareja sentimental —ambos naturales de Venezuela—, a los que se acusa de su muerte y se les investiga por malos tratos continuados.