'Crónica negra' con Alfonso Egea: el jurado declara culpable al acusado del asesinato del canónigo de Valencia

El juicio por el asesinato de Alfonso López Benito, sacerdote de 80 años y canónigo emérito de la Catedral de Valencia, ha concluido con un veredicto de culpabilidad que no ha despejado todas las incógnitas del caso. El jurado popular ha considerado culpable de asesinato al único acusado, un cocinero peruano de 42 años, por siete votos a favor y dos en contra, asumiendo la tesis de la Fiscalía de que fue cooperador necesario en el crimen, aunque no el autor material.

Don Alfonso fue hallado muerto en su domicilio del centro histórico de Valencia la mañana del 23 de enero de 2024. Yacía desnudo en su cama, cubierto por una sábana. Los forenses determinaron que llevaba al menos 48 horas muerto y que había fallecido por asfixia, sin posibilidad de defensa. La puerta de la vivienda, propiedad del Arzobispado, no estaba forzada.

Las primeras sospechas surgieron cuando varios amigos del sacerdote recibieron mensajes extraños enviados desde su teléfono móvil tras su muerte. Fue el conserje del edificio quien accedió a la vivienda y alertó de lo ocurrido.

Una vida oculta conocida por los vecinos

La investigación policial destapó la doble vida que llevaba el sacerdote jubilado. Vecinos y el propio portero de la finca relataron durante el juicio que era habitual el trasiego de hombres jóvenes, extranjeros y en situación de exclusión social. Aparcacoches, indigentes y toxicómanos a los que el religioso ofrecía dinero o comida a cambio de acudir a su piso, donde, según los testimonios, mantenía relaciones sexuales con ellos.

Las quejas vecinales se habían sucedido durante años. La Policía había acudido en varias ocasiones al domicilio y el Arzobispado había amonestado al sacerdote, advirtiéndole de que esa no era una forma aceptable de ayudar a personas necesitadas dentro de la Iglesia.

El acusado y el uso del móvil y las tarjetas

En menos de 24 horas, la Policía detuvo al acusado, Miguel Tomás, quien había estado previamente en la vivienda del canónigo. En un primer momento negó conocerlo, aunque después reconoció haber acudido a su casa. Tras el crimen, utilizó el teléfono móvil de la víctima para enviar mensajes haciéndose pasar por él y empleó sus tarjetas bancarias para realizar retiradas de efectivo y pagos en distintos establecimientos, por un total de unos 2.300 euros.

Para intentar obtener el PIN, llegó a llamar hasta en nueve ocasiones al banco haciéndose pasar por el sacerdote. No lo consiguió por esa vía, pero finalmente accedió al código porque la víctima lo tenía anotado en un papel guardado en la funda del teléfono.

En su defensa, el acusado sostuvo que no fue él quien mató al sacerdote y señaló a un supuesto temporero colombiano llamado Manuel, no identificado ni detenido, como autor material del crimen. Afirmó que esta persona le entregó el móvil y las tarjetas tras el asesinato.

Sin ADN del acusado en la escena del crimen

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que en la vivienda no se halló ni una sola huella, resto genético o rastro dactilar del acusado. Sí se localizaron restos de ADN masculino pertenecientes a personas no identificadas. Pese a ello, la Fiscalía defendió que el acusado participó en la planificación del crimen y fue cooperador necesario.

El jurado asumió esta tesis, apoyándose especialmente en el posicionamiento del teléfono móvil del acusado, que lo sitúa en el edificio en el momento de los hechos.

"No está del todo cerrado"

El periodista de investigación Alfonso Egea, que ha seguido el caso desde el inicio, ha expresado serias dudas sobre el veredicto. "Tengo la sensación de que ha habido un veredicto de culpabilidad habiendo dudas de que el autor de la muerte sea el hombre que se ha sentado en el banquillo", ha explicado en el programa En casa de Herrero.

Egea ha subrayado que el jurado necesitó alcanzar el mínimo de siete votos exigido para declarar la culpabilidad y criticó el argumento central de la Fiscalía: "Les dijeron que tal vez el acusado no puso las manos en el cuello de don Alfonso, pero que sin duda fue pieza fundamental para su asesinato. Ese axioma me ha preocupado especialmente".

El periodista también ha cuestionado el valor probatorio del posicionamiento del móvil: "El teléfono está en el edificio, cerca de la escena del crimen, pero hoy no tenemos tecnología que pueda demostrar con precisión que el acusado estaba sobre la víctima en la cama en el momento del asesinato".

Para Egea, la ausencia total de ADN del acusado resulta especialmente llamativa: "Parece raro que no haya absolutamente nada. Ni una huella, ni un cabello, nada. Y, sin embargo, hay un ADN huérfano íntimamente relacionado con el asesinato. Por eso me genera tantas dudas esta historia".

Un comportamiento que pesa en su contra

Pese a esas dudas, Egea ha dejado claro que el acusado tuvo una implicación evidente en lo ocurrido después del crimen. "Mientras el portero encontraba el cadáver, él estaba enviando mensajes desde el móvil del muerto. Si a ti te dan el teléfono de alguien al que acaban de matar, lo tiras a la basura. Él no lo hizo".

El periodista considera que el acusado "calla más de lo que cuenta" y que su relato sobre un autor material no identificado ofrece muy poco margen de investigación a la Policía.

Por el momento, el caso ha quedado visto para sentencia. El juez deberá ahora fijar la pena dentro del abanico que permite el Código Penal, valorando el veredicto del jurado, los agravantes y atenuantes. La Fiscalía solicita 28 años de prisión, aunque la defensa ya ha anunciado que recurrirá la sentencia al considerar que el caso se ha "cerrado en falso".