José María Cataluña era, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cabecilla de la trama Azud de presunta financiación ilegal del PSOE valenciano. Él fue el encargado de colocar a la exmujer de Ximo Puig. Y él fue el encargado de organizar una red de empresas para que asumieran gastos de campaña del Partido Socialista. Pero José María Cataluña, conocido en el entorno socialista como Pepe Cataluña, aprovechó esa posición de fuerza para lograr contratos también para empresas de su familia. En concreto, su yerno se llevó contratos a dedo por valor de 300.000 euros de las arcas municipales socialistas.
El PP cuenta con documentación del Ayuntamiento de Valencia que prueba que empresas vinculadas a la familia de Pepe Cataluña, extesorero del Partido Socialista valenciano y miembro del tándem que gobernaba la trama Azud investigada por financiación de las campañas socialistas de 2007 y 2008, accedieron a contratos municipales en el periodo de mandato de los socialistas y Compromís. La popular María José Catalá ha presentado ya en las Cortes Valencianas las conclusiones de esta información, donde se puede comprobar que en más de 30 ocasiones se han realizado adjudicaciones por un valor conjunto superior a los 300.000 euros a empresas de la familia de Cataluña. El periodo de adjudicación de los contratos comienza en 2015, con Compromís y el PSPV al frente del Ayuntamiento de Valencia.
La tesis del PP apunta a que el PSOE habría decidido mantener una vía de ingresos hacia la familia del extesorero socialista con el fin de evitar que aporte más información sobre el caso Azud. En concreto se trata de 31 contratos a empresas del yerno de Cataluña, de los cuales sólo dos han seguido el procedimiento reglado. Los otros 29 contratos se han adjudicado a dedo, según la documentación aportada por el PP.
El asunto es muy delicado para los socialistas. Porque el PSOE asegura que ha apartado a Cataluña por completo de su estructura, pero lo cierto es que la investigación de la UCO en el caso Azud ha señalado ya que José María Cataluña -cabecilla de la trama B junto con José Luis Vera- gestionó operaciones, al menos, hasta 2008. La pregunta obvia es por qué el PSOE lo apartó en teoría en 2004 pero no lo hizo en la realidad. Cataluña abandonó todo cargo orgánico, en teoría, aquel año 2004. Pero lo cierto es que siguió actuando como tesorero en la sombra durante, al menos, cuatro años más. Es más, los investigadores no descartan que siguiera actuando en determinados papeles hasta, incluso, 2019, con Ximo Puig ya en el sillón de la Generalidad valenciana.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reservado un apartado para "Otras vinculaciones entre Cronosport, S.L. y José María Cataluña". Allí se detalla que "además del papel ejercido por José María Cataluña en las relaciones entre el PSOE y la mercantil Cronosport que se viene analizando, donde este parece ejercer un papel nuclear, se han detectado otros elementos que refuerzan este papel y que seguidamente se pasarán a exponer".
La UCO añade ahí que "como se ha venido exponiendo, existen numerosas referencias a José María Cataluña en las relaciones mantenidas entre la mercantil Cronosport y el PSOE. Así, por ejemplo destaca el contenido del archivo Excel "P.S.O.E. 2007.xls", concretamente el de su hoja de cálculo denominada "PEPE", en la que se reflejan una serie de materiales de merchandising bajo el título "PEPE Cataluña" y que finalmente y en base al análisis efectuado, habrían sido abonados por la mercantil Construcciones Luján".
La Guardia Civil señala que "también se han localizado varios correos electrónicos" que prueban una relación con los pagos de campañas hasta al menos 2008. Y hay que recordar que la trama de presunta financiación ilegal socialista, Azud, estuvo presente en la campaña de Ximo Puig en las primarias del partido justo en 2008. El actual presidente de la Generalidad Valenciana y líder del Partido Socialista en esa comunidad perdió en aquel momento frente a Jorge Alarte, pero en la pugna contó con una serie de gastos electorales que pasaron por las mismas empresas del caso Azud, tal y como avala la Guardia Civil.