La proposición de ley de libertad educativa presentada por la Generalidad Valenciana, busca cambiar la política de imposición por una de promoción lingüística, devolviendo a las familias la libertad de elegir la lengua base –castellano o valenciano– de los centros educativos que el Botánic les arrebató en 2018.
Con la llegada del nuevo ejecutivo, formado por el Partido Popular y Vox, el presidente, Carlos Mazón, anunció que el próximo curso (2024-2025) contaría con un gran cambio en la ley del Plurilingüismo para que el valenciano no sea la lengua vehicular y los colegios dejen de estar obligados a impartir mínimo un 25% de las clases en la lengua cooficial. Con el nuevo texto se pretende poner en marcha un "sistema equilibrado en el que la diferencia entre un idioma y otro no supere un 20 %", según ha defendido José Antonio Rovira, consejero de Educación, Universidades y Empleo.
Roviera señala que la nueva ley "tiene en cuenta a todo el mundo. A las familias se les da la libertad de participar en la elección de la lengua base (valenciano o castellano) de los centros educativos y además se les garantiza el derecho a dirigirse a los centros y a ser informadas en su lengua de elección".
Por su parte, el alumnado verá certificado de forma automática el nivel de valenciano, "se le garantiza el conocimiento de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, además del inglés, y podrá elegir la lengua en la que desee realizar los exámenes". También se garantiza se pueda cursar la asignatura de valenciano en las zonas castellanoparlantes, "aunque puedan solicitar la exención de la evaluación".
Huelga y oposición
Con motivo de la presentación de la nueva ley de Libertad Educativa, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, formada por sindicatos nacionalistas de izquierdas, ha confirmado una huelga educativa para este jueves 23 de mayo, que, entre otros puntos, tiene como objetivo la defensa del valenciano y el señalamiento del distrito único como elemento segregador.
Desde los partidos de la oposición, Compromís y PSPV, apoyan las protestas de la comunidad educativa, y rechazan las medidas propuestas la Generalidad. Para ellos, la libre elección representa una "medida elitista" y un ataque directo al sistema educativo porque va "totalmente en contra de la educación en valenciano" y su finalidad es "acabar con nuestra lengua propia". En estos términos se ha pronunciado la portavoz de de Compromís en Congreso, Àgueda Micó.
En la misma línea van los argumentos de los socialistas, que creen que la mencionada ley "pretende acabar con el valenciano" y "arrinconar en las aulas". Según el diputado de la formación en Las Cortes, José Muñoz, la huelga "es necesaria" porque ve la educación publica amenazada.