Marcos Benavent, exdirector de la empresa pública Imelsa, y según él mismo el "yonki del dinero", no ratificó sus declaraciones en la instrucción porque la "gran mayoría de veces" iba "fumado", tal y como ha admitido él en sus declaraciones. Benavent declaró por el supuesto amaño en la contratación del área de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2008 en el marco del Caso Imelsa.
Declaración de Benavent en 2015
Este caso implica a varias instituciones gobernadas por el PP y a tres empresarios acusados, Carlos Turró, Carlos Vicent y Enrique Aleixandre. Marcos Benavent alegó que no se ratificaba en su exposición ante la Guardia Civil y ante el juzgado porque no se encontraba en sus "mejores condiciones" debido a la intoxicación producida por la marihuana. En el año 2015, Benavent pedía perdón públicamente y que "lo sentía mucho". "Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea y la cárcel". "E intentaré reponer todo lo que me he llevado" continuó afirmando Benavent hace más de diez años.
La relación con Esteban González Pons
Dentro del marco judicial del caso Imelsa, aparece la figura de Esteban González Pons. El actual vicepresidente del parlamento europeo fue la persona que en su momento contrató a Marcos Benavent para trabajar en la Fundación Jaume II El Just. Además, según lo declarado por Benavent, González Pons le dijo que le contrataba para ser su "persona de confianza" en dicha fundación. Esteban González Pons actuaba en ese momento como conseller de Cultura.
En su declaración, el exgerente de Imelsa aseveró que trabajaba en el gabinete de González Pons y que muchas veces estuvo con él y defendía que su trabajo "era intenso".
Situación judicial para Marcos Benavent
El empresario tiene por delante una pena de seis años y medio de prisión por los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. También se le puede imputar una sanción económica de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público. Desde Fiscalía, a los otros tres empresarios se les pide tres años de prisión y 29.000 euros de multa a cada uno aunque ellos han negado las irregularidades investigadas y su relación con Benavent y las comisiones percibidas.