El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de dictaminar que la condena al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, por el secuestro del ciudadano hispanofrancés Segundo Marey, retenido durante 10 días por los GAL en 1983, fue justa, al tiempo que admite, no obstante, que el magistrado Baltasar Garzón estaba contaminado por falta de imparcialidad para instruir el caso en el que debió abstenerse.
Aunque ambas consideraciones pudieran parecer, a primera vista, contradictorias, no tienen por qué serlo y, de hecho, consideramos que no los son en absoluto. En primer lugar, fue notoria la enemistad y hostilidad que Garzón y Vera llegaron a profesarse desde que el magistrado decidió en 1993 dar rienda suelta a su ambición política y presentarse por Madrid como número dos de González en las elecciones generales de ese año. Bien fuera porque constatase la poca predisposición de la cúpula socialista a tomar medidas enérgicas contra la corrupción, bien fuera porque hubiera aspirado a ser ministro de Justicia, el caso es que Garzón decidió abandonar su carrera política poco después de que Belloch se hiciera con las riendas de la fusión de los Ministerios de Justicia e Interior. Es de esos tiempos en los que Garzón, como secretario de Estado para el Plan Nacional sobre Drogas, coincidió con Vera en el Ministerio del Interior de donde arrancan las malas relaciones alegadas por este último para argumentar la falta de imparcialidad del magistrado.
Ahora bien, por mucho que Garzón debería haberse abstenido cuando le llegó la causa contra su enemistado compañero de Gobierno, ello no borra el hecho, como bien han recordado ahora los magistrados de Estrasburgo, que el Tribunal Supremo no se limitó a reproducir la instrucción de Garzón sino que ordenó una segunda instrucción del sumario a cargo del juez Eduardo Móner en la que pudieron corregirse los posibles defectos de la anterior.
Por mucho que en el actual dictamen de Estrasburgo haya votos discrepantes que consideran que la falta de imparcialidad de Garzón contaminó toda la instrucción sin posibilidad de reparación, lo cierto es que no hay nada que demuestre la falta de imparcialidad y probidad de Móner, de quien hay tan pocos motivos de duda como las hay sobre las pruebas que evidenciaron que Vera era, ciertamente, culpable de un secuestro ilegal y de malversación de caudales públicos.
Con todo, este respaldo de Estrasburgo a la justa condena de Vera nos debe recordar que el afán de notoriedad que empujó a Garzón a la arena política es el mismo que le empujó a aceptar como juez una causa de la que debería haberse inhibido. Bueno es que lo recuerde también Garzón, ahora que sigue como instructor del caso del chivatazo policial a ETA, a pesar de la notoria amistad que le une con el representante del Gobierno socialista que señaló ese delito de colaboración con banda armada como prueba de buena voluntad del Ejecutivo de Zapatero ante la banda terrorista.