Tal vez parezca algo extravagante decir que este artículo paga el sueldo a la presentadora de Los Desayunos de TVE. Sin embargo, no está alejado de la realidad. Para ser precisos, quien paga el sueldo de Ana Pastor y los millonarios pagos de la televisión pública a diversas productoras es usted, estimado lector, con la factura de su conexión a internet. Cuando el Gobierno de ZP decidió eliminar la publicidad de Televisión Española impuso a las operadoras de telecomunicaciones la obligación de financiarlas. En concreto, obligó a estas compañías a entregar el 0,9 por ciento de sus ingresos para mantener un monstruo burocrático y sobredimensionado que, con la excusa del servicio público, se dedica a adoctrinar y a ofrecer programas como Corazón, Corazón.
Desde la Comisión Europea ya se ha advertido que dicho canon a las operadoras puede ser ilegal, y hasta el propio PSOE reconoce en su programa electoral que es probable que las instituciones europeas obliguen a eliminarlo. Sin embargo, Zapatero, Rubalcaba y los suyos están empeñados en mantenerlo. Y no sólo eso. La CMT, un regulador teóricamente independiente pero en la práctica al servicio del Gobierno, ha decidido apretar todavía más las tuercas a Telefónica y le obliga a tirar otros 38 millones de euros a ese pozo sin fondo que son los presupuestos de RTVE.
El mantenimiento de esa televisión pública de la que algunos se sienten tan orgullosos supone un pesado lastre para el avance de la red en España. Los pagos que las operadoras están obligadas a hacer para financiar la ruinosa RTVE perjudican de manera grave sus cuentas de resultados. Y, que nadie se lleve a engaño, terminan perjudicando a sus usuarios. El dinero utilizado para pagar el sueldo de Pepa Bueno o la serie Cuéntame no puede ser invertido, por ejemplo, para mejorar los servicios de los proveedores de internet o, por qué no, para que les compense ofrecer mejores ofertas a sus clientes.
Nadie ha explicado con argumentos convincentes en qué lógica se basa imponer a los proveedores de internet, y por tanto a sus clientes, la obligación de mantener económicamente a Televisión Española. Lo único que queda claro es que esto perjudica tanto a dichas empresas como a sus usuarios.