Ya nadie tiene dudas acerca de la nula sostenibilidad del sistema de pensiones español. La evolución demográfica y la llegada de la recesión han terminado de dar la puntilla a un sistema que, por definición, tenía los días contados.

Los trabajadores actuales están pagando las pensiones de los jubilados y llegará un momento en el que las aportaciones no sean suficientes. ¿Cuándo? El Ministerio de Trabajo dice que en 2025, pero el ex vicepresidente económico y ex director gerente del FMI, Rodrígo Rato, adelanta este plazo a 2022. En todo caso en menos de quince años el sistema estará acabado.

Pero estos cálculos no tienen en cuenta una variable que puede acelerar la destrucción de la salud financiera de la Seguridad Social. En la actualidad hay 2,9 millones de parados que están cotizando al sistema a través de sus prestaciones por desempleo y, a no ser que encuentren empleo antes de que finalice el cobro de este subsidio (con una duración máxima de dos años), dejarán de cotizar.

De esta forma se perdería el 16,5% de los afiliados, según ha confirmado a LD el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos.

Esto supone que de los 17,8 millones de afiliados que tiene la Seguridad Social se pasaría a menos de 15 millones de cotizantes, lo que situaría la caja del sistema en números rojos antes de tiempo. Además, hay que recordar que aquellos parados que cobran el subsidio de 420 euros para desempleados sin prestación no aportan nada a la caja de las pensiones.

Fuente: Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo conoce este grave problema y, por ello, ha preparado una reforma que, tal como avanzó LD, no será consensuada con el PP hasta que llegue al Congreso, a pesar de que el presidente del Gobierno prometió diseñar la reforma con el principal partido de la oposición.

Rebaja de las pensiones

El Gobierno quiere ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. En la actualidad es de 15 años, es decir, se toman los últimos 15 ejercicios del jubilado para establecer la cuantía de la pensión. La intención es aumentar el plazo hasta los 20 años (cinco años más que ahora), lo que bajaría las pensiones futuras (no las que cobran ahora los jubilados) una media de 60 euros, el 5,5% menos respecto a las actuales. Pero no se trata de la única modificación del sistema.

El Gobierno está dispuesto a ofrecer más estímulos a los trabajadores para que retrasen la edad de jubilación y se queden más tiempo en el mercado laboral después de los 65 años. Por ello, propondrá el próximo día 29 al Congreso de los Diputados que quienes tomen esta decisión y tengan un plan privado de pensiones puedan cobrarlo como renta haciéndolo compatible con el trabajo, según adelantaron fuentes del Gobierno al diario Expansión.

Mientras tanto, y de acuerdo con la regulación actual, la pensión de la Seguridad Social se revaloriza un 2% cada año, si el trabajador ha cotizado 35 ejercicios, o un 3%, si lo hubiese aportado a la Seguridad Social durante cuarenta años.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho quiere que, de forma paulatina, la edad efectiva de jubilación -que ahora está en los 63 años y 6 meses- se acerque cada vez más a los 65 años, que es la que establece la ley para que una persona se pueda jubilar con todos los derechos y toda la cuantía de la prestación, siempre que haya cumplido otras condiciones como una cotización laboral de 35 años.

Aumentar la edad de jubilación

Sorprende que el sector público solicite para los trabajadores del sector privado aumentar esta edad de jubilación. Y es que, se observan enormes diferencias entre la edad de jubilación de los funcionarios y de los trabajadores del sector privado. Nada menos que el 58,7% de los empleados públicos dejan de trabajar antes de cumplir los 65 años, la edad legal de jubilación fijada para el resto de mortales. Pero lo que resulta aún más significativo es que el 32,4% de los funcionarios lo hace mucho antes.

Las cifras de la Seguridad Social indican que el 40,8% de los empleados del sector privado se jubila antes de los 65 años, lo que supone una enorme diferencia respecto al 58,7% de los funcionarios, casi catorce puntos.

Si en este cóctel se incluye a los trabajadores autónomos, las diferencias son aún mayores, ya que las personas que tienen sus propios negocios dependen sólo de sí mismas, y en muchas ocasiones jubilarse más tarde es más una obligación que una opción. Sólo el 11% de los trabajadores por cuenta propia se retira antes de los 65 años.

Pensión de viudedad

Otra de las principales novedades afecta a la prestación de viudedad, que supone una de cada cuatro pensiones contributivas en España. El borrador de la reforma, que ha sido filtrado a medios afines, defiende mantenerla porque la realidad española "se resentiría en términos de equidad de género" si desapareciera. Pero, al mismo tiempo, plantea si es conveniente mantener esta renta vitalicia "cuando las convivencias familiares son breves y no existen descendientes".

Sólo en esos casos, el documento contempla abonar una indemnización en pago único o una prestación de carácter temporal. Las novedades no afectarían a los perceptores actuales, sino a los nacidos "en las últimas décadas", según el documento publicado por el diario El País.

El presidente del Gobierno ha fijado el 29 de enero como fecha para que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto, que será después debatido en sede parlamentaria. De esta forma José Luis Rodríguez Zapatero se salta a la torera los compromisos del Pacto de Toledo (organismo encargado de diseñar la reforma de las pensiones desde 1995 y en el que se sientan representantes de todos los partidos políticos.