DOCUMENTACIÓN: El "antenicidio" sigue pendiente

Cuando en 1992 Antena 3 fue absorbida y disuelta por la Cadena SER, la primera emitía a través de unas 150 emisoras por toda España, mientras que la SER tenía 265 postes, casi el doble. Sin embargo, Antena 3 ganaba en audiencia a su principal competidora. La SER, para volver a convertirse en la primera emisora de España, compró Antena 3 y la cerró, quedándose con sus postes de emisión.

(Libertad Digital) Antena 3 de Radio nació con el Plan Técnico de Radiodifusión de 1979. Fue la empresa que recibió más frecuencias de nueva concesión. En total se hizo con 75 postes emisores. Durante una década aumentó su cobertura, llegando a sumar 79 emisoras en propiedad y firmando acuerdos con otras empresas de radiodifusión, que se asociaron a Antena 3 hasta formar una red de unas 150 emisoras por toda España. De ellas, Antena 3 de Radio dedicaba algo menos de 120 antenas a su programación “convencional”, mientras que “Radio 80 Serie Oro” (musical) se emitía por unas 20 frecuencias y “Radiolé”, su tercera programación, también musical, apenas lo hacía por media docena.

En 1992, Antena 3 de Radio logró convertirse en la emisora más escuchada en España, superando a la Cadena SER, su principal competidora. En aquellas fechas, la SER tenía 265 emisoras, de las que 110 lo eran en propiedad, mientras que 155 estaban unidas a esta cadena por diferentes contratos de asociación. La emisora del Grupo PRISA emitía varias programaciones: SER Convencional, Los 40 principales, Cadena Dial y Radio Minuto. En conjunto, tenía casi el doble de audiencia que Antena 3, pero en la programación convencional era esta última la que se había colocado en primera posición gracias a comunicadores como Antonio Herrero y José María García.

Jesús Polanco, presidente del Grupo PRISA y propietario de la Cadena SER, hizo una oferta al principal accionista de Antena 3 (el Conde de Godó, editor de "La Vanguardia"), para hacerse con el control de su principal competidora. La operación, ilegal de principio a fin, se inició en el verano de 1992. Los periodistas más destacados de Antena 3 se opusieron al acuerdo y algunos se marcharon a otras emisoras (Antonio Herrero y José María García se fueron a la Cadena COPE, y con ellos a varios de sus colaboradores y sus correspondientes equipos).

Con una Antena 3 de Radio huérfana de sus principales comunicadores, la SER volvía a convertirse en la emisora más escuchada en 1993. En virtud del acuerdo firmado por PRISA y el Grupo Godó, las emisoras Radio 80 (de Antena 3) y Radio Minuto (de la SER) se fusionaron, creándose M-80 Radio. De los 37 postes por los que emite M-80 en la actualidad, 14 son de la antigua Radio 80. Los que estaban repetidos pasaron a emitir la programación convencional de la Cadena SER. Era el primer paso para la desaparición total de Antena 3 de Radio, ya agonizante.

En noviembre de 1993 se creó Unión Radio, empresa que asumió la gestión de Antena 3 de Radio y la Cadena SER. Su capital social fue suscrito por PRISA (80%) y la editora de La Vanguardia (20%), propiedad del Grupo Godó. El expediente de concentración obtuvo el visto bueno del entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga. De inmediato el Grupo PRISA ordenó la disolución total de Antena 3, cuyos postes pasaron a emitir las distintas programaciones de la SER, aunque el nombre de la empresa se respetó de forma testimonial dedicando algunas de sus emisoras a dar una programación de música clásica que acabó por desaparecer recientemente.

De las algo más de 150 emisoras vinculadas a Antena 3, unas cuarenta de sus asociadas se desvincularon de la cadena para buscar otros acuerdos (19 se asociaron a COPE y 2 a Onda Cero), otras pasaron a emitir en solitario y algunas se agruparon en pequeñas cadenas regionales. Los 108 postes restantes pasaron a emitir la programación de la SER. De estas, 79 eran propiedad de Antena 3, por lo que pasaron a ser de Unión Radio. El resto, firmaron acuerdos de asociación con la SER, que las distribuyó entre sus diferentes programaciones para llegar a zonas donde antes no tenían cobertura.

Apenas unos meses más tarde, el 20 de mayo de 1994, el Gobierno de Felipe González reunido en Consejo de Ministros daba también su bendición a la concentración de emisoras bajo una misma empresa. En realidad, el Ejecutivo le daba una palmada en la espalda a Polanco para que siguiera adelante con su proyecto de monopolizar el mercado de la radio en España. El Tribunal de Defensa de la Competencia se opuso a la concentración, pero el Gobierno simplemente ignoró sus consejos y actuó como se esperaba: dándole la razón a PRISA y quitándosela a cualquiera con un mínimo de sentido común.

En junio del mismo año, un grupo de periodistas entre los que estaban Manuel Martín Ferrand, Antonio Herrero, José María García, Federico Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez y Luis Herrero, interpusieron un recurso contra esta decisión. El Supremo dictó sentencia el 9 de junio de 2000. Habían pasado más de 6 años pero el Supremo daba la razón a los demandantes.

Por supuesto, el Grupo PRISA recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero desde ese momento la sentencia ya era firme, y por tanto tendría que haberse ejecutado. Sin embargo, no fue así. El Gobierno prefirió esperar a la decisión del TC y guardó un silencio “prudente”, como lo definió el ministro portavoz, Pío Cabanillas. El 26 de abril de 2001, el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del Supremo. Pero el Gobierno, no se sabe por qué motivo, no se enteró del fallo hasta seis meses después.

El caso es que el Gobierno de José María Aznar no actuó hasta el 2 de noviembre de 2001. El Consejo de Ministros tomó finalmente la decisión de exigir al Grupo PRISA el cumplimiento de la sentencia del Supremo, es decir, deshacerse de las 79 emisoras propiedad de Antena 3 de Radio que absorbió entre 1993 y 1994. El resto de postes emisores (29) son emisoras asociadas que han firmado contratos para dar la programación de la Cadena SER, por lo que esas seguirán seguramente junto al Grupo PRISA.

El Consejo de Ministros dio un plazo de dos meses a PRISA para que comunicara su proyecto de desinversión al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Tribunal de Defensa de la Competencia. Estas dos instituciones recibieron el informe de PRISA en tiempo y forma. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, en marzo ya lo tenían sobre la mesa, y en mayo remitieron sus respectivos dictámenes al Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, que tenía la última palabra en esta rocambolesca historia llena de irregularidades empresariales y gubernamentales.

Sin embargo, una vez que el Gobierno tuvo sobre la mesa la decisión, presentó un escrito ante el Tribunal Supremo para pedir instrucciones sobre la operación. El Ejecutivo, con una clara intención de retrasar la ejecución de la sentencia que la Justicia había dictado más de dos años atrás, pedía al alto tribunal que le explicara cómo tenía que hacerlo. La Sala de lo Contencioso Aministrativo del Supremo, presidida por el que fuera primer ministro de Justicia con Felipe González, Fernando Ledesma, respondió a finales de septiembre de 2002 poniéndole la cara colorada al Gobierno.

En primer lugar, le exige la ejecución inmediata de las sentencias anteriores. Además, le dice que deje de retrasar el proceso voluntariamente, acusando al Ejecutivo de complicidad con el Grupo PRISA. Pero no sólo eso. También le pide, y esta es una importante novedad, que restituya la “pluralidad informativa” amputada a la sociedad como consecuencia del antenicidio. Eso significa que el Gobierno, ahora, tendría que impulsar la creación de una nueva cadena de radio que devuelva a los ciudadanos la libertad de que gozaban en 1992, cuando se inició la operación ilegal de compra y cierre de Antena 3 de Radio.

No obstante, el Grupo PRISA presentó un nuevo recurso ante la última sentencia del Supremo y sus abogados también han presentado otro recurso de alzada, ante el Ministerio de Economía, contra la resolución de Defensa de la Competencia. Estos dos nuevos recursos volvieron de nuevo a retrasar el cumplimiento de las consecutivas sentencias en contra del Grupo PRISA y de la asociación ilegal que fue el "antenicidio".

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2003 el Consejo de Estado dictó una resolución contra el último recurso de PRISA, por lo que la decisión definitiva volvía a estar en Economía, que sólo tenía que revisar el recurso de alzada y tomar una decisión. 

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