LD (EFE) La directora general precisó que la denuncia del Ministerio no se refiere a un presunto pacto de precios entre las petroleras, sino a la posible existencia de comportamientos de "carácter abusivo" en su política comercial.
Becerril explicó que su departamento está preparando la documentación sobre la evolución de los precios de los carburantes durante este año para remitirla al Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), tal como adelantó la semana pasada el secretario de Estado de Energía,
José Folgado.
La
presunta concertación de precios entre las petroleras está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, y la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, que presentó las denuncias, ha anunciado que pedirá la declaración como testigo del secretario de Estado. En este punto, Becerril dio a entender que
Folgado acudirá a la Audiencia Nacional si así lo requiere el juez. "Normalmente, cuando un juez cita a alguien a testificar, no es un problema de decisión política. Es un problema de aceptar el sistema jurídico y el estado de derecho que tenemos", afirmó.
Becerril explicó que, desde las declaraciones de Folgado, "no ha habido ningún tipo de cambio" en las políticas de precios de las petroleras. No obstante, dijo, "esperamos que, en un comportamiento responsable por parte de las petroleras", las últimas bajadas del crudo "se traduzcan también en una bajada de precios".
Según la directora general, "lo que se está poniendo de manifiesto es que se están llevando a cabo políticas comerciales que parece que no repercuten de forma adecuada los movimientos de los precios a favor de los consumidores". La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (
AOP) ha sugerido que Economía puede haber utilizado datos no homogéneos al comparar los precios en España y en la Unión Europea (UE).