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El Gobierno ya no ve fundamental la fecha límite para la reforma laboral

El Gobierno ya empieza a recular sobre la fecha límite dada a los sindicatos y a la patronal para que alcancen un acuerdo en la reforma laboral. En principio, era el 31 de mayo. Si no lo conseguían sería el Ejecutivo el que lo llevaría a cabo de manera unilateral. Ya no está tan claro…

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Primero ha sido la vicepresidenta primera la que tras el Consejo de Ministros ha insinuado un posible cambio de planes, que parecían inflexibles, sobre todo tras la última advertencia del FMI. María Teresa Fernández de la Vega ha dicho que  "si se constatara" que no hay posibilidades de acuerdo de reforma laboral, el Gobierno propondrá la reforma necesaria "tras consultar con los grupos".

"Nos daremos unos días más para explorar todas las posibilidades" señaló Fernández de la Vega, e insistió en que el Gobierno buscará el acuerdo hasta "el último instante" y que sólo si no se alcanza será cuando el Ejecutivo decida hacer la reforma "acordada con los grupos parlamentarios".

Pero más tarde, el ministro de trabajo ha sido claro y ha abierto definitivamente la puerta a dar más margen, en concreto una semana más.

Celestino Corbacho ha dicho que el Gobierno "seguirá trabajando durante los próximos días y las próximas semanas si es necesario" con la voluntad de llegar a un acuerdo, y se ha negado a concretar un día concreto, aunque ha recalcado: "no podemos estar muchos días o mucho tiempo".

Por otra parte, el titular de Trabajo ha insistido en que "los agentes sociales no han dado por roto el diálogo social sino que han expresado su voluntad de que se apure al máximo la posibilidad de un acuerdo".

Además, Corbacho ha negado que se vaya a recurrir a un decretazo en el caso de que fracase la mesa de negociaciones, y ha dicho que "si por alguna circunstancia no fuese posible alcanzar un acuerdo entre los actores sociales, el Gobierno debería ver qué instrumento legislativo tiene que poner en marcha".

Por último, el ministro ha dicho que los principales escollos de las negociaciones "tienen que ver fundamentalmente con los temas de contratación", y ha defendido la necesidad de corregir la "excesiva dualización del mercado, con una temporalidad que es una de las más altas de Europa".

Por ello, el titular del Ministerio de Trabajo ha recalcado que el Gobierno debería actuar sobre los dos instrumentos que "posibilitan un cambio en este sentido": el contrato temporal "cuya utilización a menudo va más allá de su necesidad", y el contrato de fomento, que se ha convertido en uno de los escollos principales de las negociaciones.

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