El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pretende que la electricidad que se genere con carbón nacional tenga preferencia hasta un 15% en el suministro, de forma similar a la que actualmente tienen las energías renovables, con el fin de responder a las promesas de Zapatero al sector minero.

El plan ideado por el Gobierno para salvar al sector del carbón nacional se trasladará, tarde o temprano, al recibo de la luz que pagan todos los consumidores. El coste del rescate público de este sector, según las últimas estimaciones conocidas, rondará los 4.700 millones de euros hasta 2012. Un sobre coste que, sin duda, será sufragado por los contribuyentes mediante nuevas subidas en la factura de la luz.

Pero, ¿qué ha provocado el desplome de la demanda de carbón? Uno de los factores clave ha sido la entrada en vigor del Protocolo de Kioto que tanto defiende el Gobierno.

En 2007, el carbón, en parte nacional y en parte importado, fue la principal fuente de electricidad en España. En concreto, las compañías eléctricas españolas produjeron 71.833 GWh (gigawatios/hora) a base de quemar carbón en las centrales térmicas (el 27,4% del total eléctrico producido). En ese año, las empresas tenían que pagar muy poco por emitir CO2 -apenas unos céntimos de euro por tonelada-.

Sin embargo, tal y como explica Antón Uriarte, experto en climatología, el 1 de enero de 2008 entró en vigor la segunda fase del Protocolo de Kioto (2008-2012), la fase seria de acuerdo internacional sobre cambio climático, que puso en marcha un mercado de CO2 al que las empresas tienen que acudir para poder emitir dióxido de carbono a la atmósfera.

Desde esa fecha, las compañías pasaron a pagar más de 20 euros por tonelada de CO2 emitido. Fue entonces cuando "las compañías eléctricas decidieron (ya lo habían decidido) prescindir del carbón y utilizar más gas, ya que emite la mitad de CO2 que el que emite el carbón por cada KWh producido. Se redujeron drásticamente las importaciones y también el uso del carbón nacional", explica.

Los datos oficiales de Red Eléctrica de España así lo demuestra. En 2008, la producción eléctrica a base de carbón disminuyó en 25.550 GWh (-35,6% interanual), mientras que la basada en el gas (ciclo combinado) aumentó en 23.147 GWh (34% interanual) La eólica, sin embargo, apenas aumentó en 4.172 GWh, "es decir, ni la sexta parte de lo que perdió el carbón", añade.

Como resultado, sobra el carbón que se produce en las minas de España. "Hay más de 10 millones de toneladas de carbón almacenado y sigue aumentando el stock", indica Uriarte. "Es una contradicción de la que apenas nadie quiere hablar".

Y es que, la sucesión de los hechos es, como mínimo, incoherente. Kioto encarece la producción eléctrica de carbón, por lo que las empresas acuden a fuentes menos contaminantes; como resultado, la demanda de carbón nacional se hunde; el sector minero reclama ayudas al Gobierno, y éste acude al rescate del sector obligando a las eléctricas a comprar este material; para ello, el Gobierno aportará cerca de 4.700 millones de euros de los contribuyentes; es decir, el Ejecutivo favorece a una fuente energética altamente contaminante, pese a defender Kioto; por último, los contribuyentes acaban pagando la factura por una doble vía (rescate del carbón nacional y Kioto).